Cuando el descontento justificado se produce en uno de los países cuyos gobiernos responde mansamente a intereses foráneos, o imponen la receta neoliberal beneficiando sólo a la minoría más pudiente de la sociedad, los medios propensos a la infodemia y a la desinformación no dudan en calificar de agitadores, extremistas de izquierda o terroristas a quienes reclaman por sus derechos. La estigmatización que los medios del establishment ensayan respecto de los movilizados tiene como finalidad colocar en el rol de víctima al victimario y deslegitimar a la verdadera víctima que, a los ojos del mundo, será visto como una amenaza para la democracia y las instituciones. Basta con observar las coberturas periodísticas que han tenido lugar en los diversos países latinoamericanos en los que se han producido multitudinarias manifestaciones en contra de medidas que atentan contra los derechos básicos. El Chile de Sebastián Piñera es un ejemplo palpable de la doble vara con la que los medios de comunicación del poder real miden una misma tragedia.
La violación sistemática de los Derechos Humanos que se produjo en cada una de las jornadas que tiñeron de sangre las calles de Santiago de Chile en 2019 fue, según el diario El Mercurio y el propio Piñera, “una guerra contra un enemigo antidemocrático”. La construcción del “enemigo interno” es condición sine qua non para que los gobiernos de derecha puedan aplicar medidas anti populares. Las protestas que desencadenan las imposiciones que aplican los gobiernos de corte liberal son sofocadas a fuerza de balas y gases lacrimógenos, asesinatos, torturas, desapariciones y vejaciones. Sin embargo esta batería de violencia institucional se escuda detrás de una supuesta “defensa de la democracia” para la cual el Estado responde “dentro de los márgenes de la ley”. Para acreditar lo que a todas luces es brutalidad y terrorismo de estado, los medios del poder sólo publicarán aquellas imágenes que se ajusten al relato ficticio del oficialismo. Se observarán los daños edilicios producidos por los “violentos de izquierda”, desvirtuando así el verdadero factor desencadenante del descontento social.
El disparador de las movilizaciones legítimas acontecidas en Chile, y que dejó un saldo de 42 muertos como consecuencia de la violenta represión, no fue necesariamente el incremento del precio del metro. “No son los 30 pesos, sino los últimos 30 años” se convirtió en el slogan de los movilizados. La respuesta de Piñera no demoró el llegar. Al igual que en la Chile pinochetista, la opción del presidente a la hora de responder por la reacción que sus políticas económicas provocaron, fue llamar a un Estado de Emergencia y ordenar la salida de los militares a la calle. La represión fue tan brutal que sólo es comparable con los años más oscuros de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Sin embargo la mirada de la prensa internacional no estuvo enfocada en la responsabilidad del accionar del Estado en las revueltas, sino en la justificación de una violencia sin precedentes en la historia de la democracia de ese país. El enemigo entonces era el pobre, el trabajador, la clase invisibilizada, postergada. “Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena. Y no tenemos las herramientas para combatirlos”; sostuvo la Primera Dama, Cecila Morel Montes.
La vara con la que se mide la legitimidad o deslegitimidad de la protesta social la deciden los medios del poder. No es lo mismo el descontento social en Venezuela que el que estalla en la Chile de Piñera, la Colombia de Iván Duque o la Argentina que con mano de hierro presidió Mauricio Macri desde 2015 a 2019.
La reforma tributaria que propuso hace un mes el presidente colombiano, Iván Duque, desencadenó en masivas movilizaciones que fueron ferozmente reprimidas. Human Right Watch recibió más de 60 denuncias por agresiones, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones. Desde que se iniciaron las protestas se han confirmado ya 28 personas asesinadas por las balas de las fuerzas policiales. Sin embargo en la narrativa falaz de los medios del poder económico concentrado, cada una de estas aberraciones a los derechos humanos, están justificadas. Nuevamente la construcción del enemigo interno es la tarea que urge en las redacciones de la prensa oficial. Y si la realidad no coincide con las palabras oficiales, “peor para la realidad”, parecen decir desde las entrañas mismas del poder esos medios que a diario dibujan realidades de cartón, moldeando a la mentira hasta transformarla en sentido común.
