Según la profesora Ana Gemma López Martín en su artículo de 2011 Estados fallidos y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico internacional, el término “Estado fallido” se ha generalizado a nivel de geopolítica, en el marco de la ciencia política y las relaciones internacionales. Ha sido adoptado en discursos tanto de gobiernos, como de oposición, legisladores, embajadores, periodistas y académicos. Sin embargo, a pesar de esta generalización, lo cierto es que el término no está teorizado con rigor científico. Más aún, resulta que la figura del Estado “fallido”, si bien trata por trascender de la ciencia política al ámbito del derecho, lo cierto es que no existe como tal en el ordenamiento jurídico internacional y, en consecuencia, tampoco el concepto. Para el Derecho internacional un Estado existe y puede cesar su existencia -por su disolución o la unión con otro Estado-; pero no prevé esta categoría intermedia, de semi-Estado, o Estado fantasma a la que parece aludir la expresión Estado “fallido”. Es evidente que existen Estados que no funcionan, pero no por ello se convierten o pasan a ser, desde la óptica del Derecho internacional, una clase distinta de Estados.
Como “creadores” del término “Estados fallidos” se señala a dos politólogos norteamericanos, Steven R. Ratner y Gerald B. Helman, quienes publicaron en 1992 un trabajo bajo el título “Saving Failed States” (La salvación de los Estados fallidos), en el que exponían un mecanismo para ‘salvar’ a lo que ellos describieron entonces como Estados fallidos, esto es, entidades donde el gobierno había colapsado; Liberia, Camboya y, sobre todo, Somalia eran el objeto central de su estudio. Se trataba de Estados -decían- que habían caído en la «anarquía» y la «violencia» y en los que se producían abusos masivos de los derechos humanos, incluyendo el más básico de todos: el derecho a la vida. Necesitaban la ayuda internacional porque sus problemas tendían a desbordar sus fronteras y de esta forma acababan constituyendo una amenaza para sus vecinos al verse afectados éstos, entre otros fenómenos, por los flujos de refugiados que generaban, por la inestabilidad política que difundían y por el hecho de propiciar frecuentemente el estallido de lo que llamaban “guerras aleatorias”.
Habida cuenta la manifiesta imprecisión del término Estado “fallido”, cabría hacer una consideración, ¿a quién corresponde calificar a un Estado como “fallido”? E, incluso, una más muy importante, ¿con qué finalidad? Ciertamente, si desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional la figura de Estado “fallido” no es una categoría jurídica reconocida, tal como hemos comentado, es obvio que, desde esa misma perspectiva, nadie posee ese poder de calificación. Mas, es evidente que dicha calificación se produce; la pregunta es ¿por parte de quién? Podemos constatarla. Si echamos un vistazo al panorama político internacional, comprobamos que existen diversas iniciativas cuyo objetivo es definir el fracaso de los Estados por medio de listas de países que se perciben como “fallidos”, “débiles” o “en dificultades”. Tal es el caso del Fondo para la Paz (“Fund for Peace”), “Foreign Policy”, Banco Mundial (“World Bank”), Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, o de la OCDE. Además, actualmente, circulan varias listas entre las agencias de donantes, los Ministerios de AAEE, y las unidades de planificación estratégica de los Ministerios de Defensa. En este contexto, según a quien o dónde se consulte existirían más Estados considerados como “fallidos”, “débiles”, “frágiles” o “en crisis” (las denominaciones también varían entre ellos). Aunque, sin duda, la lista más difundida y de mayor impacto es la que desde el año 2005 publica la Revista Foreign Policy en colaboración con el centro de estudios Fund for Peace. Desde entonces, este think-tank americano publica anualmente su particular ranking de Estados “fallidos”, sobre el que hablaré más adelante.
El imperialismo que fabricaba pseudopaíses en África, Medio Oriente o Asia, podía ser sustituido por zonas infraestatales, que son, en realidad, zonas de saqueo no estatizadas
Para siguer profundizando en el tema me basaré en el artículo de José Luis Gordillo Pensar lo impensable: Estados fallidos y colapso social, que forma parte del libro, recién publicado en el 2021, El derecho no es lo que era. Las transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal, edición de José A. Estévez Araújo.
Boutros Boutros-Ghali, que fue Secretario General de Naciones Unidas entre 1991 y 1996, añadió algunas características más a los Estados fallidos, a las ya expresadas en 1992 por Steven R. Ratner y Gerald B. Helman, a partir de la experiencia adquirida por los cascos azules de la ONU en las acciones de mantenimiento de la paz: total ausencia de autoridad gubernamental; policía y sistema judicial colapsados; infraestructuras destruidas; asesinatos en masa; innumerables refugiados y desplazados; bandolerismo generalizado y profusión de crímenes contra la humanidad; desaparición de cualquier ejército regular; y ataques a la población civil como el principal objetivo de las acciones armadas y bélicas.
En septiembre de 2002, el gobierno de Bush II aprobó una directiva sobre la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. en la que se decía que ”América estaba más amenazada por los estados fallidos que por los estados conquistadores”. Un año antes, en el Informe de Revisión Cuatrienal de Defensa ya se avisaba de las amenazas procedentes de actores no estatales, involucrados en el tráfico de drogas y en el terrorismo, ubicados en Estados fallidos. La fracasada operación de cambio de régimen en Afganistán en 2001, iniciada por los EEUU, se quiso justificar con una argumentación extraída de la nueva doctrina, al afirmar las autoridades estadounidenses que los atentados del 11-S de 2001 se habían organizado en ese país.
En cualquier caso, la referencia a los Estados fallidos pasó a formar parte de la propaganda bélica de la «guerra contra el terrorismo», declarada por Bush II el 16 de septiembre de 2001, con lo cual este tema se acabó convirtiendo en un recurso propagandístico más de la política exterior del gobierno norteamericano. Este hecho se confirmó cuando a partir de 2005 la organización Fund for Peace, anteriormente citada, comenzó a publicar anualmente un «índice de los Estados fallidos» en la revista Foreign Policy, que se ha acabado convirtiendo en un índice de referencia para los medios globales de comunicación y los gobiernos occidentales. Esta fundación recibe financiación, entre otras entidades, del Adams National Bank, American Petroleum Institute, Amoco, Chevron, Texaco, Citigroup, Exxon Mobil, Shell, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Foundation, la Universidad de la Defensa Nacional, el Departamento de Estado del Gobierno de los EE.UU. y la OTAN. Según dicha fundación, para elaborar el citado índice se aplican doce criterios: crecientes presiones demográficas; movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; búsqueda de venganza por parte de comunidades que se sienten agraviadas y ofendidas; éxodo crónico y sistemático de la población, en especial de sus sectores más formados; desarrollo desigual entre grupos; declive económico severo; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; suspensión del estado de derecho y violación extendida de los derechos humanos; aparatos de seguridad que operan como un estado dentro del estado y proliferación de guerrillas y/o milicias privadas; fragmentación de las élites dirigentes y uso de la retórica nacionalista para propiciar, por ejemplo, limpiezas étnicas o «defensas de la fe»; intervención de Estados y actores externos. Convendría observar si tales criterios se pueden aplicar en el Afganistán actual.
En el índice de 2018 aparecían como Estados que eran o estaban cerca de llegar a ser estados fallidos: Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Siria, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Chad, Sudán del Norte, Afganistán, Zimbabue, Iraq, Haití, Guinea, Nigeria, Etiopía, Guinea-Bissau, Kenia, Burundi, Eritrea y Pakistán. Si se suma la totalidad de las poblaciones de todos esos Estados se obtiene una cifra superior a los 884 millones de personas, la cual se aproxima a la octava parte de la población mundial. Hasta aquí, la visión del artículo de José Luis Gordillo.
Este incremento de los Estados fallidos o fracasados no es algo fortuito, sino uno de los mecanismos mediante los cuales las multinacionales de los grandes Estados ejercen su colonialismo económico. Esta realidad la explicó Alain Badiou en un seminario del 23 de noviembre de 2015 tras las matanzas de París del mismo mes, que se publicó en el libro Nuestro mal viene de más lejos. Pensar las matanzas del 13 de noviembre y las nuevas formas del fascismo. El imperialismo del siglo XIX, era ejercido directamente por los Estados-nación. Se llevó a cabo un reparto del mundo entre los estados más poderosos, como se hizo en la Conferencia de Berlín de 1885, donde se troceó África arbitrariamente como una tarta sin contar con las poblaciones autóctonas. Luego llegaron las guerras mundiales, las guerras de liberación nacional apoyadas por el bloque socialista, que desembocaron en la "independencia" entre los años 40 y 60 del siglo XX. Mas, las grandes potencias para defender a sus empresas interesadas en materias primas o fuentes de energía siguieron interviniendo militarmente. En los últimos 40 años, hubo más de 50 intervenciones militares de Francia en África. En una intervención de 2013 en Malí, un periódico galo serio señaló que había sido un éxito, porque se había logrado "proteger los intereses de Occidente".
Por ello, si las modalidades cambian, las intervenciones imperiales siguen, conocidos los grandes intereses capitalistas en juego: uranio, petróleo, diamantes, maderas preciosas, carbón, aluminio, alimentos, gas... En el Congo hay minerales clave: el coitan, diamantes, cobre, cobalto y oro. Algunos de ellos son básicos en nuestros ordenadores y teléfonos móviles. Y en Afganistán ms allá de su importancia geopolítica, es un territorio cuyas fronteras lo conectan con países tan diversos e importantes como Irán, China, Pakistán y exrepúblicas soviéticas, que son muy recelosos de sus esferas de influencia regionales. Pese a que su principal sector productivo es la agricultura, “lo cierto es que en pleno siglo XXI su relevancia está relacionada con las importantes reservas de minerales, como cobalto, oro, hierro y, sobre todo, litio”. “Se calcula que Afganistán puede tener reservas de litio equivalentes a los de Bolivia, y si esos minerales pudieran ser explotados por otro país le garantizaría grandes riquezas, pero también una posición privilegiada en términos tecnológicos”. A eso se suma que es “uno de los mayores productores de opio en el mercado mundial del narcotráfico”.
Como conclusión final, hoy a las grandes potencias, en lugar de mantener Estados bajo su tutela, es preferible destruirlos, dentro del proceso de desestatización del capitalismo mundial. En ciertos territorios llenos de recursos se pueden crear zonas francas, anárquicas, sin Estado, donde las grandes firmas operan sin control. Habrá una semianarquía, bandas armadas, controladas o semicontroladas, donde abundan chicos-soldados drogados, pero los negocios pueden hacerse, incluso mejor que antes, al ser más fácil el negociar con estas bandas armadas que con estados constituidos, que pueden preferir otros clientes. A estas nuevas prácticas imperiales, a saber, destruir a los Estados en lugar de corromperlos o sustituirlos, Badiou propuso el término "zonificación". El imperialismo que fabricaba pseudopaíses en África, Medio Oriente o Asia, podía ser sustituido por zonas infraestatales, que son, en realidad, zonas de saqueo no estatizadas.
