En los países periféricos, el retroceso del nivel de vida de buena parte de la población, el aumento del desempleo y la explosión de desigualdad producidos tensan la convivencia, dispersan y debilitan intereses comunes
Las últimas negociaciones entre la antigua Troika y Grecia y el mal acuerdo impuesto al Gobierno de Tsipras muestran la necesidad de contar con un proyecto viable de reforma institucional orientado a enderezar la marcha de la eurozona, mejorar su funcionamiento y dotarla de mecanismos de gobierno estables, formales y transparentes que permitan reforzar los bienes comunes, atender las necesidades específicas de cada componente y gestionar diferentes prioridades y potenciales conflictos entre sus socios. Hace falta construir un nuevo marco institucional de la eurozona que facilite la ruptura con las políticas de austeridad y con las reformas institucionales conservadoras que multiplican reglas y sanciones uniformes y simplistas que, por tratar de igual manera a todos los socios y desconsiderar los problemas y necesidades particulares de cada Estado miembro, penalizan a los de menor nivel de desarrollo y multiplican la desigualdad entre los socios y en el seno de cada uno de ellos.
Actualmente, la mayoría de las potenciales ventajas económicas de pertenecer a la eurozona han desaparecido o se han transmutado en desventajas.
Solo los beneficios asociados a las bajas tasas de interés se han recuperado, excepto en el caso de Grecia. El resto de los países periféricos también sufrió, con desigual intensidad, fuertes alzas de sus primas de riesgo durante los momentos álgidos de las crisis de deuda privada (2008-2009) y deuda pública (2011-2012), pero la intervención masiva del BCE a partir de 2012 ha vuelto a dominar las tasas de interés a largo plazo de la deuda pública de los países periféricos. Aunque la credibilidad del BCE en su objetivo de mantener estable la inflación a largo plazo (por debajo pero cerca del 2%) y, como derivada, en la tarea de contrarrestar las anticipaciones de los mercados respecto a la posible exclusión del euro de algunos de sus miembros se debilitó entre 2008 y 2012, la política monetaria expansiva aplicada a partir de 2012 y la voluntad explícita de hacer todo lo necesario para evitar la implosión del euro lograron recuperar parte de esa credibilidad y marginar las expectativas reinantes en los mercados de deconstrucción de la eurozona.
La movilidad de capitales que posibilitaba (pero no aseguraba) una localización más rentable (no siempre más eficaz) del ahorro y de las capacidades de inversión existentes en el conjunto de la eurozona creció con fuerza tras la creación del euro y la consiguiente desaparición del riesgo de cambio, pero se paralizó en 2008, al estallar la crisis global, y sigue siete años después lejos del volumen alcanzado antes de la crisis y por debajo del nivel mínimo que permitiría a los países del sur de la eurozona recuperar parte del crecimiento potencial perdido.
La movilidad del trabajo, por su parte, apenas llegó a ser efectiva. Ha tenido que ser el desastre económico provocado por las políticas de austeridad en los países periféricos el factor que ha precipitado en los tres o cuatro últimos años un significativo movimiento migratorio del empleo hacia los países del norte (Alemania, especialmente) que supone una sangría del crecimiento potencial para los países de origen (tanto por la cantidad como por la calidad de la formación que acredita la mayoría de la población en edad de trabajar que emigra) y altos beneficios para los países de destino en los que supone un aporte (más que interesante y sin ningún coste de formación) de fuerza de trabajo cualificada.
La constitución de la eurozona eliminó las guerras de tasas de cambio entre las diferentes monedas para ganar competitividad a costa de los socios comerciales al igual que sus perjudiciales efectos económicos; pero han sido sustituidas por devaluaciones internas no cooperativas que tienen parecidos impactos destructivos en los países periféricos obligados a llevar a cabo esas devaluaciones internas y alcanzan a otros Estados miembros con parecidas especializaciones y similares niveles de gama en sus exportaciones.
Las ganancias competitivas de algunos de los países periféricos se hacen a costa de debilitar la posición de los socios que coinciden en los mismos mercados y parecidos bienes. Y se trata, en todo caso, de ganancias de competitividad-coste que exigen perpetuar la presión sobre los costes laborales (y, como consecuencia, sobre el consumo de los hogares y la demanda doméstica) y refuerzan especializaciones productivas en sectores poco sofisticados que resultan poco convenientes por basarse en actividades de baja productividad que requieren fuerza de trabajo de baja cualificación (por tanto, más precaria y peor remunerada). La aceptación de la estrategia de austeridad y devaluación salarial contribuye, además, a enmascarar una realidad compleja: son los factores de productividad no relacionados directamente con costes y precios los que representan un mayor peso en las diferencias de productividad entre los países de la eurozona. Factores relacionados con la tecnología incorporada a los procesos de producción, formación y cualificación de la fuerza de trabajo, capacidades de gestión de directivos y emprendedores, gama de productos exportados, peso del sector industrial y los servicios a las empresas, esfuerzo de innovación medido por el nivel de gastos públicos y privados en I+D, calidad de las instituciones públicas, etcétera.
Los problemas de competitividad de la eurozona y las grandes divergencias de competitividad entre los Estados miembros no se pueden simplificar ni centrar interesadamente en factores, como la rigidez del mercado laboral o los salarios, que pocas veces son determinantes. La obsesión por desregular el mercado laboral y reducir costes laborales responde a discutibles concepciones ideológicas que convienen o casan bien con los intereses económicos a corto plazo de las empresas, pero no permiten modernizar estructuras y especializaciones productivas ni pueden promover la convergencia en los niveles de productividad.
Finalmente, los destrozos económicos generados por las políticas de austeridad y devaluación salarial se convierten en problemas políticos que no son menos numerosos o importantes y contribuyen a tensar las relaciones entre los socios y cuestionar la pervivencia de la eurozona.
Hay pruebas evidentes de que la heterogeneidad en las estructuras y especializaciones productivas de los socios (que es anterior a la crisis y a la propia constitución de la eurozona, pero se ha visto reforzada por ambos acontecimientos) ha abierto un foso entre los intereses y necesidades de los países del norte y el sur de la eurozona.
En los países periféricos, el retroceso del nivel de vida de buena parte de la población, el aumento del desempleo y la explosión de desigualdad producidos tensan la convivencia, dispersan y debilitan intereses comunes, imposibilitan que una parte significativa de las personas jóvenes y las clases trabajadoras sueñe con alcanzar una vida digna y multiplican las fuentes de descontento y conflicto social. Se trata de una explosión de desigualdad que se alimenta principalmente del paro de larga duración y el muy desigual ritmo de evolución de los salarios según actividades económicas, cualificaciones laborales y capacidad de presión y negociación de las organizaciones sindicales. A esos dos factores se suman el incremento de la presión fiscal sobre las rentas más bajas (que toma la forma de nuevas tasas, subida de tipos impositivos del IVA, tributos especiales o impuestos sobre bienes inmuebles y reducción del carácter progresivo del IRPF), la desaparición o privatización de bienes públicos y la dispar evolución que experimentan unas rentas del trabajo que tienden a estancarse frente al avance que experimentan las rentas del capital.
En resumen, la ausencia de formulaciones o programas alternativos a las políticas económicas impuestas resquebrajó en mayor o menor medida la legitimidad de las grandes fuerzas políticas de los países del sur de la eurozona e impactó sobre el propio sistema democrático de representación política.
La presión extrema ejercida por las instituciones europeas sobre el Gobierno griego antes y, más aún, después de la celebración del pasado referéndum del 5 de julio, en el que algo más del 61% de los votantes rechazó las medidas de austeridad, ha puesto en cuestión la capacidad de decisión democrática de la ciudadanía de un Estado miembro sobre terrenos y temas en los que no se ha producido explícitamente cesión de soberanía hacia las instituciones europeas.
Por último, una parte de la población empobrecida y marginada del empleo decente y de unas condiciones de vida dignas se desentiende de las instituciones democráticas y deja de aspirar a restablecer la interlocución con los partidos políticos que en el pasado identificaba como defensores de sus intereses. En conclusión, la exclusión económica nacional (o estatal) y social conlleva la exclusión política y contamina a la vez que estrecha el campo de juego democrático.
