La eurozona está en mejor situación que en 2008, pero no está en condiciones de superar una nueva crisis de cierta envergadura
Europa está dividida. A los dos graves contenciosos que están encima de la mesa del Consejo Europeo, el Brexit y la inmigración, y sus múltiples derivadas, se suma una confrontación entre el Este y el Oeste que incide en varios puntos sensibles vinculados a la calidad de sus sistemas democráticos y el respeto a las minorías y los derechos humanos en regímenes que, en varios casos, están en una deriva claramente autoritaria. La división existente no puede superarse desde la pasividad y el bloqueo que desde hace meses predominan en la Unión Europea (UE), exigiría una urgente acción política comunitaria. Y esa urgencia no debería hacernos olvidar los grandes problemas estructurales e institucionales que impiden el buen funcionamiento de la eurozona y alientan la perpetuación de las perjudiciales políticas de austeridad y devaluación salarial. El descontento social, aún no mayoritario pero significativo, y el rápido crecimiento del populismo xenófobo de la extrema derecha y la influencia de sus ideas, odios y propuestas políticas en parte de la población y en el resto de fuerzas políticas tienen mucho que ver con el mal funcionamiento de la eurozona, los miedos que provoca y la exclusión que genera.
Los problemas estructurales que afronta la eurozona son muchos y no podrán ser superados a corto plazo, incluso aunque ya existiera, que no existe, un consenso social y político suficiente para abordarlos. Algunos analistas opinan que habrá que esperar a la próxima crisis del euro para que la mayoría de las fuerzas políticas y los gobernantes de los Estados miembros que ahora bloquean posibles acuerdos, se vean obligados a tomar medidas urgentes. Para entonces puede que sea demasiado tarde. La eurozona está en mejor situación que en 2008, pero no está en condiciones de superar una nueva crisis de cierta envergadura.
Entre los muchos problemas institucionales que sufre la eurozona, señalaré a continuación los rasgos más importantes de los que tienen mayor impacto o alcance. Curiosamente, se trata de deficiencias que, pese a su gran importancia, tienen una mínima presencia en los programas electorales de las fuerzas políticas y un menor eco en el debate público sobre el euro y las reformas necesarias para que la eurozona funcione mejor.
En primer lugar, el euro genera divergencias productivas, ya que no cuenta con los recursos presupuestarios imprescindibles para compensar, como pasa en cualquiera de las uniones monetarias que existen, las divergencias que produce la explotación de las ventajas comparativas que poseen las economías de cada Estado miembro. Divergencias de estructuras y especializaciones productivas que acaban manifestándose, irremediablemente, en forma de diferencias permanentes de rentas. De este modo, la convergencia de rentas entre los países de la eurozona, como realidad y como promesa, se ha evaporado. Y desaparecerá definitivamente si no se crean mecanismos de compensación, sustentados en los principios de cohesión y solidaridad.
En segundo lugar, el sector industrial acelera su declive como consecuencia, entre otros factores, de la insuficiente inversión productiva que provocan las políticas de austeridad, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, y refuerza el peso relativo de los sectores tradicionales. El débil esfuerzo innovador impulsa la dependencia tecnológica respecto a EEUU y supone un obstáculo mayor para elevar el nivel de gama de la oferta productiva. La estrategia europea para incrementar la competitividad, sustentada exclusivamente en la liberalización y desregulación de los mercados, no ha sido efectiva. Sin una mayor implicación de las instituciones comunitarias y mayores inversiones comunes en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, difícilmente podrá recuperar Europa su retraso relativo, reducir su dependencia en sectores tan cruciales y disponer de empresas con un tamaño suficiente y con una oferta productiva que permitan competir con las gigantescas empresas de electrónica y servicios de Internet estadounidenses o chinas.
En tercer lugar, como no existen mecanismos de mutualización de las deudas públicas que permitan compartir riesgos, con objeto de minimizarlos, los ajustes presupuestarios son el único medio disponible para intentar reducir los déficits públicos y dificultar que las primas de riesgo y los costes financieros del sector público se disparen y contagien a las tasas de interés del sector privado. Ya ocurrió en 2010 y la escasa prudencia de las autoridades e instituciones comunitarias en la imposición de recortes a los países del Sur de la eurozona contribuyó a prolongar y profundizar la segunda recesión de la UE (2011-2013) y a incrementar significativamente el endeudamiento público. Ahora hay margen para flexibilizar las políticas de austeridad, de hecho, ya se han aligerado en los últimos años de recuperación de actividad económica, pero para dejar atrás definitivamente la austeridad y los ajustes presupuestarios que dificultan la inversión y modernización productivas y obstaculizan la creación de empleos y salarios dignos son necesarios cambios institucionales que minimicen el riesgo soberano (mediante bonos europeos), disminuyan el riesgo bancario y promuevan (inversión productiva comunitaria a largo plazo) la imprescindible modernización de estructuras y especializaciones productivas y el aumento de la productividad global de los factores productivos.
Esos grandes problemas estructurales e institucionales en busca de solución son otras tantas razones que exigen la reforma en profundidad de las instituciones de la eurozona si se quiere que la unidad europea siga siendo un proyecto vivo y útil para la ciudadanía europea
En cuarto lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y todo el entramado de reglas presupuestarias (techos de gasto, sendas y límites del déficit público, controles, sanciones y condicionalidad) puestos en pie en los últimos años han impulsado una austeridad excesiva que agravaron y prolongaron la recesión, no han sido efectivos en la reducción de la deuda pública, dificultan el crecimiento y la modernización del aparato productivo y han provocado el deterioro de la democracia y la soberanía nacional. La superación de la segunda recesión en 2014 y el crecimiento de la actividad económica logrados desde entonces han permitido avances en el objetivo de reducir los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores de los países del Sur de la eurozona, pero a costa de generar un aumento del malestar social y desconfianza en los mecanismos democráticos de representación y decisión política. Mientras los países deficitarios del Sur de la eurozona eran sometidos a insoportables y contraproducentes recortes, los países superavitarios del Norte apenas han tenido que realizar ligeros ajustes. Así, una economía potente como la de Alemania ha podido saltarse desde 2006 hasta hoy el límite del 4% de su PIB en su superávit corriente o mantener un superávit público que perjudica al conjunto de la UE, pero una economía debilitada e insolvente, como la de Grecia, ha tenido que cumplir a rajatabla la senda de consolidación presupuestaria que le fue impuesta sin tener en cuenta el desastre económico y social que, se sabía, iba a ocasionar.
Y en quinto lugar, falta un fondo común que permita prestar a los Estados miembros con problemas de liquidez, disuada la actuación de potenciales especuladores, sirva de sostén de la actividad económica en las fases recesivas que afecten en particular a algún socio (sea porque pierda competitividad, por un aumento superior al de sus socios de costes y precios, o porque sufra un choque competitivo exterior, por su particular especialización productiva) y reduzca los riesgos de conversión de ese choque competitivo específico en una crisis del conjunto de la eurozona. Se necesita crear una institución financiera sometida a controles democráticos que vincule los préstamos que ofrezca a parámetros objetivos, sin condicionalidades posteriores que provoquen presiones recesivas o merma democrática en la toma de decisiones de política económica. Al no existir ese fondo común o institución comunitaria, los choques específicos de competitividad que sufre cualquier Estado miembro producen déficits por cuenta corriente que, al no encontrar financiación por parte de sus socios o de instituciones comunitarias, deben ser superados mediante dolorosos ajustes de su demanda interna, aplicando la única herramienta disponible: las políticas de austeridad y devaluación salarial. El actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) no permite desarrollar esa función financiera que es imprescindibles. El MEDE es un organismo intergubernamental, no comunitario, que está sujeto a la disciplina que imponen los gobiernos de los países más rigurosos en el cumplimiento de las condiciones del rescate que deben cumplir los países que reciben sus créditos y termina agravando la situación de los países rescatados.
Esta muestra de problemas estructurales e institucionales, que no pretende ser exhaustiva, está en el origen del mal funcionamiento de la eurozona y de la indignación y el desapego que muestra una parte creciente de la ciudadanía con el proyecto de unidad europea. La falta de propuestas de solución a esos problemas por parte de los líderes europeos aumenta las oportunidades de hacerse oír de las fuerzas populistas de derechas y extrema derecha que ofrecen y dan la impresión de tener soluciones sencillas, por muy simplistas, erróneas, ilusorias y reaccionarias que sean y nos parezcan.
Esos grandes problemas estructurales e institucionales en busca de solución son otras tantas razones que exigen la reforma en profundidad de las instituciones de la eurozona si se quiere que la unidad europea siga siendo un proyecto vivo y útil para la ciudadanía europea y un foco de atención y esperanza para la ciudadanía progresista de todo el mundo.
No se trata sólo, por muy importante que sea, de sustituir la orientación dominante de las políticas y principios económicos neoliberales que son hegemónicos en la inspiración de la estrategia conservadora de salida de la crisis. Se trata también de poner en pie instituciones que hagan posible una gestión de los riesgos y desequilibrios macroeconómicos que no pase por la austeridad y que sean compatibles con el Estado de bienestar, la decisión democrática de la ciudadanía y la creación de empleos decentes y salarios dignos.
Las fuerzas progresistas y de izquierdas no pueden mantener ni justificar la parálisis en la que se ha instalado el bloque de poder que hoy dirige Europa. Ni deberían dejarse influir o, mucho menos, atropellar por las propuestas de la extrema derecha xenófoba de amurallar las fronteras nacionales frente a la inmigración y las importaciones o poner en riesgo, debido a la condescendencia con el nacionalismo exclusivista y xenófobo, el desarrollo de una propuesta autónoma de reforma de la UE que responda a las expectativas de seguridad y bienestar que reclama la ciudadanía.
En las dos próximas entregas explicaré, primero, por qué esa alternativa autónoma de carácter progresista no puede sustentarse en la salida del euro y la UE y, segundo, cuáles son las reformas que conforman los pilares básicos para que la eurozona supere los grandes problemas estructurales e institucionales mencionados antes, mejore su funcionamiento y sea útil a las necesidades y expectativas de la ciudadanía europea.
