El mensaje de la Cumbre es claro: frente a la solidaridad intrínseca del mundo financiero se requiere la oposición y la colaboración de una nueva vía que opte por una política diferente y que impida un nuevo episodio griego
Al mismo tiempo que el Foro Económico Mundial de Davos echaba el cierre en los Alpes suizos, otro foro nacía, éste con intereses opuestos, ajeno al dictamen de las grandes compañías transnacionales y de sus gobiernos cómplices. Aplazado por los atentados terroristas de noviembre, París acogió el pasado fin de semana la primera Cumbre Internacionalista por un Plan B en Europa, un encuentro de intelectuales, eurodiputados progresistas y movimientos sociales que tiene como objetivo reunir conocimientos y experiencias para romper con la Europa de la austeridad, para construir una alternativa al neoliberalismo como dogma a escala europea.
El mensaje es claro: frente a la solidaridad intrínseca del mundo financiero se requiere la oposición y la colaboración de una nueva vía que opte por una política diferente y que impida un nuevo episodio griego. Grecia fue, casi de manera evidente, el epicentro de la discusión. La llegada de Tsipras al poder hace exactamente un año abría una esperanza al progresismo europeo, una salida al régimen impuesto por el Eurogrupo a través de una austeridad forzada desde las instituciones europeas que ahogaba -más, si cabe- la economía griega. El discurso central de esta cumbre lo ofreció Zoe Konstantopoulou: la que fuera presidenta del parlamento heleno entre febrero y octubre de 2015 repasó la cronología de la crisis griega y aludió a la necesidad de restablecer la justicia social en una Europa paralizada para que los pueblos vuelvan a ser "dueños de su futuro". Konstantopoulou criticó abiertamente la política del gobierno Tsipras desde la aceptación del memorando tras el referéndum de julio y criticó sus nuevas leyes antisociales que "ponen en riesgo la esperanza de la sociedad griega". La ex-presidenta de la asamblea griega, y líder de Unidad Popular, escisión de Syriza, insistió en la necesidad de impulsar la democracia, actualmente asesinada por la deudocracia y la bancocracia que van más allá de las leyes. En este proceso, el Estado del bienestar y los servicios públicos han sido desmantelados en aras del pago de una deuda que evidencia "el poder de los acreedores".
El discurso de Konstantopoulou complementaba el que horas antes había propuesto Oskar Lafontaine, fundador y presidente del partido alemán Die Linke (« La Izquierda »). En la trinchera opuesta de esta guerra civil europea construida por los acreedores de la Europa del norte, el veterano político germano aludió a los efectos devastadores del neoliberalismo y recordó el contenido del artículo 2 del Tratado de Lisboa, en relación a la protección de los Derechos Humanos, a la solidaridad entre Estados, a la igualdad y al fomento de la cohesión social. Lafontaine llamó a los europeos a escapar del yugo de la dictadura financiera sin caer en la trampa de la división nacionalista y defendió la recuperación del control sobre el Banco Central Europeo por los diferentes países de la zona Euro.
Sobre la moneda única versó la primera discusión en esta cumbre del Plan B; el debate sobre la necesidad -o no- de abandonar el Euro, sobre la rigidez del Mecanismo Europeo de Estabilidad o sobre la actual arquitectura monetaria trajeron consigo una muestra de ideas más o menos compartidas : el control de la evasión fiscal y de los movimientos de capitales, la introducción de sanciones a los Estados que promueven la deflación para aumentar el excedente externo, la creación de una verdadera compensación multilateral de las deudas de cada Estado y la obligación de invertir los créditos en la economía real fueron principios comunes a buena parte de las intervenciones. El debate sobre el proyecto monetario europeo se complementó con una serie de mesas redondas sobre la gestión de las deudas públicas que recalcaron la necesidad de superar la resistencia de los acreedores ; en esta línea, se puso de manifiesto la desvinculación del sector financiero a todo proyecto colectivo y el imperativo involucramiento de los Estados en la gestión de su propia deuda, especialmente cuando las decisiones de las instituciones internacionales -léase la Troika- ponen en peligro incluso los derechos humanos de los ciudadanos europeos, en ámbitos como la educación, la salud o la vivienda.
De izquierda a derecha, la coordinadora del Parti de Gauche francés, Daniel Simonnet; la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez; la ex-presidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou; y la líder altermundialista y fundadora de Attac, Susan George.
La líder altermundialista Susan George, fundadora de Attac, estableció por su parte el vínculo necesario entre la justicia social y la justicia climática. Criticó el acuerdo contra el cambio climático de la reciente COP21 de París, insuficiente para luchar contra las consecuencias del calentamiento global sobre los más vulnerables y defendió la posibilidad de crear centenares de miles de empleos a través de una « transición climática » que desarrolle nuevos sectores económicos ecológicamente sostenibles. En su intervención resaltó además la incompatibilidad entre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y la protección del clima en nuestro continente.
La Cumbre por el Plan B también tuvo presencia española. El concejal de Economía de Ahora Madrid en el ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato, expuso la evolución de la deuda en España en los últimos 15 años destacando la aberración que supone adelantar el pago de las obligaciones en una situación de emergencia social, frecuente en los países del sur de Europa, y que supone una "subordinación de los derechos de los ciudadanos a los de los acreedores". Subrayó además la importancia de no contraer nuevos préstamos, de autofinanciarse a través de los impuestos y de no depender de la calificación de las agencias de notación con las que el ayuntamiento de Madrid ha anulado los contratos. Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, alertó sobre la separación creciente entre electores y representantes en el espacio europeo e indicó que esa desafección de los ciudadanos crea un espacio vacío ocupado por los poderes financieros, a través, en buena parte, de lobbys que ejecutan un "secuestro institucional". Sánchez propuso además la solución de los conflictos entre inversores y Estados en tribunales internacionales de justicia regidos por el derecho internacional y no en tribunales privados regulados por los tratados europeos y defendió la necesidad de unas instituciones europeas al servicio de la ciudadanía que permitan una democratización plena de la Unión Europea.
En el cierre de esta primera cumbre por el Plan B, el líder del Front de Gauche (Frente de Izquierda) francés, Jean Luc Mélenchon, arremetió contra los tratados presupuestarios que impiden toda política de progreso, calificó de « insectos burocráticos » a los representantes de Bruselas incapaces de luchar por el interés general y recordó que el dinero no es un fin en sí mismo sino un instrumento para satisfacer las necesidades humanas.
Lafontaine citó la célebre frase de Jaurès que afirma que "el capitalismo lleva en sus entrañas la guerra, como la nube lleva la tormenta". El plan B es el principio del combate frente a la tiranía burocrática de una Unión Europea insuficientemente democrática y regida por el ordoliberalismo teledirigido desde la esfera financiera. La próxima etapa de este debate internacionalista se celebrará entre el 19 y el 21 de febrero en Madrid, la capital de la esperanza para las fuerzas progresistas europeas tras el desengaño griego; más tarde la cumbre se trasladará a Berlín y Roma. A contracorriente del Davos de Merkel y Lagarde, la lenta construcción de la recuperación de la soberanía popular en Europa ha comenzado.
