Hace ya varias décadas, pero de forma especial desde el estallido de esta crisis/estafa que es la Gran Recesión, se extiende entre la ciudadanía europea la percepción de un creciente deterioro de la calidad de la democracia. La idea, casi sagrada, de que somos los ciudadanos con nuestro voto los que decidimos el presente y el futuro de nuestros países empieza a parecer un pensamiento algo más que ingenuo.
Un TTIP con el contenido que se va filtrando supondría un enorme riesgo para la soberanía nacional, para el poder real de decisión de la gente y por lo tanto para la democracia
Y con la democracia también se ha deteriorado el bienestar, con un grave retroceso de las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social provocado por las políticas de austeridad y los recortes aplicados por los Gobiernos nacionales pero decididas en realidad por poderes no elegidos democráticamente, como el que representa la Troika.
En el trasfondo de esta regresión social y democrática está el permanente conflicto entre el poder económico y el poder político, entre el Estado y el mercado, que atraviesa la historia del capitalismo y que con la globalización se inclina peligrosamente hacia los intereses del capital. Ante la internacionalización desregulada de la actividad económica y, sobre todo, el poder de las grandes corporaciones, los límites de los Estados se han quedado pequeños y los Gobiernos son incapaces de resistirse a las imposiciones de las multinacionales.
En este escenario preocupante ya de por sí, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que se está negociando entre EE.UU. y la Unión Europea se convierte en una grave amenaza. Porque el TTIP no busca un acuerdo para aumentar los intercambios comerciales entre las dos áreas, sino que es un instrumento del poder económico para inclinar a su favor, todavía más, una relación que ya es muy desequilibrada.
El TTIP no busca un acuerdo para aumentar los intercambios comerciales entre las dos áreas, sino que es un instrumento del poder económico para inclinar a su favor, todavía más, una relación que ya es muy desequilibrada
El TTIP no tiene como finalidad reducir los aranceles que al gravar las importaciones dificultan el comercio entre países, entre otras cosas porque ya son muy bajos entre EE.UU y la UE. El objetivo real y explícito es la desregulación, esto es, acabar con las normativas legales que regulan y protegen los derechos laborales, los servicios públicos, el medio ambiente o la seguridad alimentaria por poner algunos ejemplos.
En las últimas tres décadas, desde la hegemonía política e ideológica del neoliberalismo al calor de los triunfos electorales de Reagan y Thatcher, el sueño del capitalismo es barrer con toda la arquitectura institucional creada por la movilización democrática de la gente para construir un contrapoder para ampliar y proteger sus derechos. Y eso es lo que ahora está en grave riesgo, porque el TTIP ni siquiera es la expresión de un nuevo imperialismo estadounidense sobre Europa. Es otra cosa mucho peor: es el intento de afianzar al extremo el dominio de los grandes intereses económicos y financieros sobre la ciudadanía, la de aquí y la del otro lado del Atlántico.
Lo que se quiere es establecer una especie de Gobierno de las corporaciones multinacionales desde el que se tomen las decisiones más relevantes, convirtiendo la democracia en un régimen formal que tendría como consecuencia una sociedad más desigual y más injusta.
Por eso, una de las cuestiones más preocupantes del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian los EEUU y la Unión Europea es la inclusión de tribunales de arbitraje de carácter privado para resolver los conflictos de interés entre las empresas y los Estados soberanos. Incluir este tipo de tribunales (ISDS por sus siglas en inglés) es una práctica habitual en los tratados bilaterales, en especial si uno de los firmantes es EEUU. Su finalidad es establecer un espacio de resolución de conflictos al margen de los tribunales ordinarios de cada país, para lo que los Estados tienen que renunciar de forma explícita a su jurisdicción.
En acuerdos similares, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) firmado por EEUU, Canadá y México, se crean tribunales de arbitraje con árbitros que no son los jueces oficiales de los sistemas de justicia, son abogados mercantilistas con demasiada disposición a fallar a favor de las empresas.
Si finalmente el TTIP se aprueba incluyendo estos tribunales privados, se abre de par en par la puerta para que las grandes multinacionales demanden a los Estados cuando, en el ejercicio de su soberanía, tomen decisiones que afectan de alguna forma a sus cuentas de resultados. Esto es, imponer la lógica del beneficio sobre la lógica de la democracia.
Un repaso breve a los casos más conocidos de demandas en los tribunales de arbitraje ya existentes en otros tratados nos da una idea de la magnitud de los riesgos. Un informe publicado por la fundación alemana Erbert señala, entre otras, la demanda de la compañía sueca Vattenffal contra el Estado alemán por su decisión de abandonar la energía nuclear después del accidente de Fukushima; la demanda de la tabaquera Philip Morris contra Uruguay y Australia por el etiquetado de las cajetillas de tabaco; la demanda de la petrolera Lone Pine contra Canadá por aprobar una moratoria de la fracturación hidráulica; la demanda de la multinacional farmacéutica Lilly contra Canadá porque este país declaró nulas las patentes de dos medicamentos cuya utilidad no estaba demostrada.
Y, para terminar, el caso tal vez más escandaloso de todos, el de la multinacional francesa Veolia que demandó a Egipto porque el Gobierno subió el salario mínimo del país y la ciudad de Alejandría se negó a modificar el contrato de recogida de basura que gestiona la compañía francesa.
Derechos laborales, protección del medio ambiente, patentes farmacéuticas, la salud de las personas son, precisamente, algunas de las cuestiones centrales que se están negociando en el TTIP. Es inaceptable, en realidad incompatible con la democracia, que los Estados renuncien a su soberanía, a sus tribunales de justicia, a su legislación, a su capacidad para tomar decisiones poniéndose en manos de tribunales privados. Si alguien alberga dudas sobre cómo funcionan este tipo de entidades, que recuerde el papel de las tres grandes empresas del monopolio de las agencias de calificación —Moodys, Standard & Poor y Fitch— en la crisis de la deuda soberana de 2013, que atacaron sin piedad a los Estados en beneficio de los fondos especulativos.
Un TTIP con el contenido que se va filtrando supondría un enorme riesgo para la soberanía nacional, para el poder real de decisión de la gente y por lo tanto para la democracia. Aún estamos a tiempo de evitarlo, antes de que ya sea demasiado tarde.
