La eurozona no puede subsistir por mucho tiempo si, lejos de permitir que todos sus componentes se beneficien de sus teóricas ventajas, condena a algunos de sus Estados miembros a aplicar políticas económicas de austeridad extrema que empobrecen a la mayoría social
La reciente e inacabada crisis griega ha vuelto a mostrar, en condiciones dramáticas para la ciudadanía griega y con suma crudeza para el resto de la ciudadanía europea, el mal funcionamiento y los fallos institucionales de la unión monetaria construida en torno al euro. La eurozona no puede subsistir por mucho tiempo si, lejos de permitir que todos sus componentes se beneficien de sus teóricas ventajas, condena a algunos de sus Estados miembros a aplicar políticas económicas de austeridad extrema que empobrecen a la mayoría social, impulsan la heterogeneidad preexistente en las estructuras y especializaciones productivas de los socios y distancian irremediablemente a los de menor nivel de desarrollo y bienestar de los más avanzados.
Razones económicas, políticas e institucionales, de las que hablaremos en próximas entregas, se alían para poner en cuestión la pertenencia a ese tipo de unión monetaria de los miembros más frágiles y con mayores desequilibrios macroeconómicos. Solo el abismo que se abre, en forma de enormes costes, riesgos e incertidumbres, ante una posible decisión de salida desordenada o no negociada del euro impide que gobernantes y ciudadanía consideren seriamente llevar a la práctica tal opción. La crisis económica global de 2008, las injustas, insolidarias e ineficaces medidas de austeridad impuestas a los países periféricos a partir de 2010 y la infausta negociación entre la antigua Troika y Grecia han puesto en evidencia un hecho de enorme trascendencia: los incentivos para permanecer en la eurozona han dejado de existir en el caso de los países periféricos.
Las fuerzas progresistas y de izquierdas que pugnan por acabar con la austeridad y transformar las instituciones europeas deben iniciar cuanto antes la reflexión sobre cómo impulsar un proceso de unidad europea que necesita reafirmarse y avanzar en aspectos relacionados con la unidad fiscal y presupuestaria y a través de nuevas fórmulas de mutualización de costes y riesgos. Se trata de recuperar un modelo progresista de construcción europea que garantice una distribución equitativa de costes y ventajas y vuelva a convertir a Europa en un proyecto ilusionante que garantice derechos, bienestar y cohesión al conjunto de los Estados miembros y la ciudadanía europea.
Causas económicas y políticas se dan la mano para incrementar la fragmentación de la eurozona y poner en cuestión su supervivencia. De paso, permiten comprender el carácter necesario y urgente de su reforma institucional para lograr que el euro despliegue todas sus ventajas teóricas y extienda sus beneficios al conjunto de los Estados miembros sin aumentar la heterogeneidad de sus estructuras y especializaciones productivas y sin que la fragmentación económica y financiera ocasione mayores niveles de desigualdad y conflicto social.
A la lenta digestión que hagan las elites europeas sobre el destrozo económico y social que han impuesto a Grecia y sus consecuencias sobre el conjunto del proyecto europeo hay que sumar un acontecimiento político de primer orden que va a contribuir a poner la reforma institucional de Europa en un lugar prioritario de la agenda de debates de las instituciones europeas: el compromiso de Cameron, el líder conservador británico reelegido como primer ministro en las elecciones generales del pasado mes de mayo, de celebrar un referéndum sobre la vinculación de Reino Unido a la UE obliga a debatir cómo encaja un país siempre reticente a ceder soberanía a órganos europeos de carácter supranacional en un proyecto de unidad europea.
Cameron tiene interés en aplacar la presión interna de los sectores conservadores y ultraliberales que abogan por cortar amarras con la UE y, al mismo tiempo, intenta aprovechar esa presión para obtener de sus socios continentales nuevas mejoras y privilegios excepcionales para la economía británica y, especialmente, para su poderoso sector financiero. La negociación que pretende Cameron se orienta a mantener los beneficios de formar parte del mercado único y asegurar la autonomía del Reino Unido sobre políticas económicas estratégicas: en primer lugar, claro está, la plena soberanía sobre la política monetaria y cambiaria; pero también guardar distancias respecto a la aplicación de reglas comunitarias que la ideología conservadora considera inconvenientes en terrenos tan variados como el mercado laboral, la libre movilidad de las personas, un equilibrio demasiado forzado o precipitado de sus cuentas públicas o la intermediación financiera, sector que resulta clave en la configuración de la economía británica por haber conquistado un alto porcentaje de los mercados de activos en euros. En definitiva, algo tan prosaico como asegurar las ventajas de estar, evitando costes e hipotéticas desventajas.
Esas pretensiones de los conservadores británicos amenazan con levantar nuevos obstáculos para el desarrollo de un proyecto progresista de unidad europea. Un proyecto que necesariamente debe basarse, si quiere sobrevivir con su actual configuración, en la solidaridad y en una unión cada vez más estrecha que exige el reforzamiento de unas instituciones y reglas comunes más democráticas y con mayor capacidad de actuación (no solo de sanción) en áreas de carácter fiscal, laboral, social o político que se mantienen a resguardo de intromisiones comunitarias.
Las fuerzas conservadoras continentales intentarán, sin duda, aprovechar también esas negociaciones para restar protagonismo a la Comisión Europea y al BCE, frenar la reciente propuesta del Gobierno de Hollande de avanzar en la unión fiscal y social o bloquear todo intento de reforzar el componente político del proyecto de unión europea. Y en paralelo mantener centrado el proyecto europeo en el muy desigual aprovechamiento por parte de los socios de las ventajas económicas que generan el euro y un gran mercado único que, en su actual configuración institucional, requieren de un sistema de amenazas y sanciones creíble que obligue a los países periféricos a perpetuar el rigor fiscal y la presión sobre la demanda interna (especialmente, sobre las importaciones) para equilibrar a costa de lo que sea sus cuentas públicas y exteriores.
Así, Schäuble ha propuesto públicamente (en el Frankfurter Allgemeine Zeitung del pasado 30 de julio) una reforma de las instituciones europeas que propugna limitar las competencias de la Comisión Europea en materias como la vigilancia del mercado único y reglas de competencia y cederlas a un organismo o autoridad independiente que no detentaría ningún tipo de legitimidad democrática por situarse a resguardo del poder político de los Estados miembros y de las instituciones europeas vinculadas a la voluntad de la ciudadanía. La propuesta del ministro de finanzas alemán podría ser una provocación, un globo sonda, una concesión anticipada al conservador Cameron en su pretensión de restarle poder a la Comisión Europea o, más simplemente, un subproducto de la resaca del detestable papel jugado por el personaje en las recientes negociaciones con Grecia. Al margen de las pretensiones e intenciones de la propuesta de Schäuble y de su grado de autonomía respecto a la posición de la propia Merkel, su exposición pública denota la voluntad de reducir el debate económico a una verdad cuantitativa y contable, ajena a cualquier tipo de análisis, controversia o situación particular, que se haría respetar mediante sanciones decididas por supuestos expertos y una supuesta autoridad independiente de cualquier control soberano o democrático. El análisis económico de los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores que pueden ser aceptables y manejables en cada momento por cada Estado miembro sería sustituido de forma definitiva por un objetivo cuantitativo definido previamente y un procedimiento sancionador riguroso y creíble capaz de enderezar cualquier tipo de desviación.
La disyuntiva que se plantea a la ciudadanía europea es, en sus términos básicos, muy clara: más reglas, objetivos cuantitativos y sanciones para los incumplidores o más federalismo e incentivos para cumplir normas justas; más competitividad entre los Estados miembros o más cooperación y apoyo entre socios que comparten un mercado único y una unión monetaria. No sería bueno que el debate sobre la reforma institucional europea se mantuviera cerrado a la ciudadanía europea o fuera condicionado exclusivamente por las presiones de conservadores británicos y alemanes.
Más allá de algunos conatos de diferenciación protagonizados por Hollande o Renzi en los últimos tiempos, la socialdemocracia europea se ha dejado arrastrar por la poderosa corriente conservadora encabezada por Merkel. Y no parece razonable esperar que la socialdemocracia real se vaya a empeñar demasiado en la tarea de construir una estrategia propia, emancipada de influencias conservadoras, para reformar y completar las instituciones de la eurozona, cambiar las reglas de juego y encarar unida la inevitable tensión con los intereses de mercados, inversores y capital financiero. Aquí, en nuestro país, siguiendo la estela abierta por la propuesta de Hollande, el debate ya ha sido lanzado por la Fundación Alternativas a través de un artículo publicado en El Pais el pasado 4 de agosto (“Los tres vacíos de la Unión”) firmado por López Garrido y otros. Ya veremos su alcance, la incidencia que pueda tener en el PSOE y con qué consistencia defienden sus propuestas.
Por ahora solo cabe decir que una estrategia progresista de reforma institucional de la eurozona no puede descansar exclusivamente en el desarrollo de las corrientes de izquierda que aún sobreviven en la socialdemocracia europea. Sin el concurso de nuevas fuerzas sociales y políticas que tengan la voluntad de disputar la hegemonía a la elite conservadora que maneja la batuta en la UE y cambiar el rumbo del proyecto de unidad europea no parece posible construir una estrategia alternativa de unidad europea que aspire a lograr una mayoría electoral que la haga posible.
En próximas entregas se examinarán los principales interrogantes y los componentes de mayor relevancia de un debate de largo recorrido y enorme trascendencia que apenas acaba de empezar: ¿Puede sobrevivir la eurozona en las condiciones actuales? ¿Beneficia a los países periféricos formar parte de la eurozona? ¿Qué vías o propuestas principales existen para la reforma institucional? ¿Qué rasgos incorporaría un posible cambio institucional progresista?
