La historia del estado de emergencia en Francia se remonta a 1958 y a 1961, en plena guerra de Argelia. Fue también decretado en 2005 durante la revuelta de las banlieues
Desde la misma noche de los atentados del 13 de noviembre en París, el gobierno francés decidió aplicar el estado de emergencia. Aquella noche, nadie tenía en el país el vigor para analizar las consecuencias de una decisión que se concebía como provisional -y que parecía, a todas luces, lógica e incluso necesaria-.
Sin embargo, nueve meses después y un atentado más tarde -el de Niza del 14 de julio-, el estado de emergencia sigue vigente, con su consiguiente limitación en las libertades públicas y con su (todavía) ineficaz resultado en materia antiterrorista. Pese a ello, la pasada semana, el parlamento francés decidió prolongar esta situación excepcional hasta finales de enero de 2017. La decisión incontestable y firme de la Asamblea Nacional (con solamente 5 votos en contra) se enmarca perfectamente en la visión actual de la ciudadanía francesa sobre las nociones de libertad y de seguridad ; la pasada semana, un sondeo publicado por Le Figaro decía que el 81 por ciento de los franceses aceptarían una restricción de sus propias libertades a cambio de más seguridad.
Y en este contexto, las autoridades pueden actuar «más» libremente en aras de la protección de todos, sin necesidad de obtener la autorización previa del Procureur de la République (fiscal de cada departamento). Los registros de bolsos y maletas en el espacio público y los controles de identidad se han convertido en regla común en cada rincón del país con el riesgo de convertir estas comprobaciones en una estigmatización deliberada de determinadas características raciales o étnicas.
En el plano de las nuevas tecnologías, el estado de emergencia prevé durante los registros el examen del contenido de los teléfonos móviles y ordenadores, que podrán ser requisados. Desde noviembre, existe también una vigilancia -aleatoria- de las comunicaciones electrónicas internacionales.
Los registros en domicilios de sospechosos de terrorismo trajo consigo hace unos meses una breve polémica que fue apagada por la obsesión de la seguridad a todo precio. Decenas de militantes ecologistas recibieron la visita de la policía gala días antes de la Cumbre sobre el Clima que tuvo lugar el mes de diciembre y permanecieron en arresto domiciliario durante varias semanas. No parece necesario explicar la nula relación entre el terrorismo yihadista y el activismo ecologista. Sin embargo, el Estado aprovechó el estado de emergencia para reprimir -por anticipado- toda posible manifestación o desorden, sin ninguna conexión con el islamismo radical.
La historia del estado de emergencia en Francia se remonta a 1958 y a 1961, en plena guerra de Argelia. Fue también decretado en 2005 durante la revuelta de las banlieues. Sin embargo, el país no está hoy en guerra -como hace casi 60 años- ni vive una situación de inestabilidad social de gran envergadura como la de hace una década. Los ataques terroristas, perpetrados por individuos o comandos aislados, requiere la coordinación de los servicios de inteligencia europeos, la revisión de la política internacional en Oriente Próximo y, sobre todo, exige una reflexión profunda sobre las políticas de integración en el Hexágono. Los registros masivos -muchos de ellos durante la madrugada y de una extrema violencia- y los arrestos domiciliarios injustificados contribuyen a la división de una sociedad ya en plena fractura. Así, parece que el gobierno francés se ha convertido en el cartero de Jour de fête de Tati, que corre detrás de su bicicleta que circula veloz y solitaria frente a los vecinos del pueblo, cuya vida sigue transcurriendo normalmente. El Ejecutivo, en su intento por prolongar hasta el infinito el estado de emergencia, persigue cada día una liebre inalcanzable, radicalizada frente a la pantalla de su ordenador, como Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, el terrorista de Niza. Frente a la barbarie, los poderes públicos institucionalizan la ansiedad, creando un clima cada día más irrespirable a través de un estado de emergencia que se ha convertido en un analgésico con demasiados efectos secundarios.
