PULSO DEL GOBIERNO ITALIANO A BRUSELAS

La crisis italiana y su impacto en Europa

La Comisión Europea ha anunciado un amplio arsenal de amenazas y sanciones: Italia se expone a la apertura de “un procedimiento por déficit excesivo”.

Giuseppe Conte, primer ministro italiano, saluda a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo en la cumbre del 18 de octubre. (Foto: UE)
Giuseppe Conte, primer ministro italiano, saluda a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo en la cumbre del 18 de octubre. (Foto: UE)

Roma pretende debilitar a las instituciones comunitarias y saltarse las reglas presupuestarias en beneficio propio

Seguir los intrincados vericuetos por los que discurre en España la vida judicial y política, afectada por múltiples conflictos y tensiones y el hedor de las cloacas y la corrupción que cada vez más la significan, nos está haciendo perder de vista un acontecimiento exterior que va a tener un impacto político y económico muy importante en el discurrir de la unidad europea o, lo que es lo mismo, en la marcha de la economía y el bienestar de la ciudadanía en el conjunto de los Estados miembros.

Acabamos de asistir a una doble representación teatral en el escenario europeo sobre el borrador del presupuesto italiano para 2019 rechazado por Bruselas. De un lado, las autoridades italianas defienden un presupuesto expansivo, sobreactúan en la confrontación con las instituciones comunitarias y juegan a desafiar las reglas e instituciones comunitarias para obtener réditos electorales que le permitan obtener una victoria holgada en las próximas elecciones de mayo de 2019 al Parlamento Europeo. Del otro, la Comisión Europa rechaza ese borrador, conmina a que el Gobierno italiano presente otro, revisado y adaptado a las reglas en vigor, antes del próximo 13 de noviembre y juega a seguir siendo el guardián de un moribundo Pacto de Estabilidad. Bruselas quiere imponer a Italia más del mismo rigor presupuestario que hasta ahora no ha funcionado. Roma pretende debilitar a las instituciones comunitarias y saltarse las reglas presupuestarias en beneficio propio, sin ofrecer una alternativa a las políticas de austeridad ni, mucho menos, al objetivo de transformación neoliberal del Estado de bienestar que persiguen dichas políticas.

Ni las autoridades europeas ni las italianas pueden ceder o dar la apariencia de que ceden en sus pretensiones, pero tampoco desean escalar el conflicto o desencadenar una crisis abierta que tendría un enorme poder desestabilizador, como corresponde al tamaño y al peso relativo de la economía italiana, que ocasionaría pérdidas incalculables a todos los socios comunitarios. Así las cosas, lo normal sería que mantuvieran el conflicto dentro de unos límites razonables, a la espera de que las elecciones al Parlamento Europeo despejen las incógnitas sobre la nueva relación de fuerzas existente. Congelar los problemas en la inestable situación actual tiene numerosos riesgos, pero evitaría la repetición a mayor escala, con nuevos contrincantes, del enfrentamiento entre Varoufakis y Schäuble y las trágicas consecuencias que tuvo para la economía y la sociedad griegas. Puede que lo normal o lo esperado no acaben ocurriendo en este caso y sea lo inesperado lo que suceda en esta confrontación duradera en la que hay que prepararse para lo imprevisible, por si llega.

Las cifras y contenidos del conflicto

La alianza populista y euroescéptica que gobierna Italia, en la que cada día pesan más las ideas xenófobas y las posiciones neosoberanistas de la extrema derecha, presentó un borrador de presupuestos para 2019 que se quedaba a medio camino de las promesas electorales defendidas por los dos partidos, Liga Norte (LN) y Movimiento 5 Estrellas (M5S), que conformaron el pasado 1 de junio el nuevo Gobierno de Italia. La coalición gubernamental populista ha elegido una vía intermedia y medida de confrontación con las instituciones europeas. No cumple por completo con sus promesas electorales, pero tampoco las olvida. Desafía los dictados de austeridad, pero no demasiado ni en todos los frentes. Mantiene sus críticas a las instituciones y reglas comunitarias, pero deja claro que la salida de Italia de la eurozona no está entre sus objetivos actuales. Apunta hacia donde le gustaría avanzar y pone en el punto de mira del electorado italiano a los enemigos exteriores, la tecnocracia comunitaria y la inmigración, que impiden el desarrollo y la unidad y felicidad del buen pueblo italiano.

En concreto, el Ejecutivo italiano plantea un déficit público del 2,4% del PIB en 2019, en lugar del 1,6% al que se había comprometido en septiembre su ministro de Economía. Su desafío es incompleto, ya que renuncia a mantener ese nivel de déficit durante los próximos tres años y plantea una senda de reducción, hasta el 2,1% en 2020 y el 1,8% en 2021, que presenta como muestra de buena voluntad.

¿Y qué se plantea hacer con ese incremento del gasto público? Cumplir con parte de los programas electorales de los dos partidos que forman la alianza gubernamental: la entrada en vigor de la renta de ciudadanía y el aumento de las pensiones mínimas, que fueron los puntos centrales del programa electoral del M5S; y, por parte de la Liga, la posibilidad de anticipar la jubilación de alrededor de 400.000 asalariados, la contratación de 10.000 nuevos policías y la rebaja fiscal para las rentas medias y altas, mediante el establecimiento de un tipo impositivo único (flat tax) del 15%, con un suplemento mínimo simbólico del 5% para las rentas más altas. Actualmente, el tipo impositivo para las rentas superiores a los 75.000 euros anuales es del 43%.

Las medidas propuestas supondrían para las arcas públicas un coste adicional de alrededor de 20.000 millones de euros, una vez restado el inevitable guiño xenófobo de recortar en 500 millones los fondos destinados a la gestión y asistencia de la inmigración.

Más allá de los enunciados y de su clara intención electoralista, conviene aclarar el contenido real de esas medidas y sus interrelaciones.

El borrador de presupuestos presentado por las autoridades italianas es, en realidad, un plan medido de confrontación con las instituciones europeas que no está exento de sutileza política

La renta de ciudadanía no es la renta universal que prometieron en la contienda electoral, sino una modalidad de renta mínima que ofrecería a la ciudadanía italiana en edad de trabajar (la intención explícita es excluir a los inmigrantes) un complemento de renta para alcanzar el umbral mínimo que se considera imprescindible (780 euros al mes) para cubrir las necesidades básicas. Además de la pretensión obvia de mejorar la situación de los hogares con las rentas más bajas, su objetivo oculto es promover y consolidar los empleos precarios de pocas horas y bajos salarios, con la intención de fragmentar y desregular el mercado laboral.

El flat tax supone una reducción de la recaudación tributaria que contradice el aumento del gasto público que se propugna. Se puede sospechar que la pretensión real que buscan los diseñadores de esa reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas es fragilizar el Estado de bienestar para intensificar, cuando lo hayan conseguido, las políticas de privatización y recortes de bienes públicos. Sospecha que se confirma al comprobar que el borrador de presupuestos iba acompañado de un decreto de amnistía fiscal para los que hayan defraudado a las arcas públicas hasta 100.000 euros, listón que la Liga Norte pretendía que fuera más elevado.   

La ampliación de las fuerzas policiales en 10.000 efectivos se vincula al rechazo de la inmigración, tanto para impedir su acceso al territorio nacional como para acosar a las personas migrantes que ya están dentro y facilitar, criminalizándolas, su expulsión.  

Y a todo ese intragable mejunje lo llaman “Presupuestos del Pueblo”. Las razones de la sinrazón del populismo de derechas y extrema derecha, su intento de amalgamar los contradictorios intereses que existen en la sociedad italiana frente a los enemigos externos y sus planes ocultos al servicio de las élites nacionales deberían suponer un toque de atención para los populistas de izquierdas que embellecen los rasgos, propuestas e intenciones del Gobierno italiano y jalean su enfrentamiento con las instituciones europeas y su estrategia de debilitar todo proyecto de unidad europea.  

Como se ve, el borrador de presupuestos presentado por las autoridades italianas es, en realidad, un plan medido de confrontación con las instituciones europeas que no está exento de sutileza política. Creen no sin razón que, si aguantan la presión de la Comisión Europea y de los mercados financieros, podrán ganar el pulso a las instituciones europeas, ganar con holgura las próximas elecciones al Parlamento Europeo y pasar a una fase más avanzada en su proyecto nacionalista y xenófobo. El neofascista Salvini, líder de la Liga Norte, conduce un proyecto de deconstrucción de la unidad europea que, para tener alguna posibilidad de éxito, necesita del asentimiento de un convidado de piedra como el M5S que, preso de sus vacíos políticos e ideológicos, no parece dispuesto ni es capaz de diferenciarse o moderar a sus socios de Gobierno.

consejo europeo

Reunión del Consejo Europeo del 18 de octubre de 2018. (Imagen: Consejo Europeo)

El contexto económico y sus consecuencias

La Comisión Europea ha anunciado un amplio arsenal de amenazas y sanciones: Italia se expone a la apertura de “un procedimiento por déficit excesivo” que supondría mayor control comunitario sobre sus presupuestos

La Comisión Europea ha puesto el acento al rechazar la propuesta presupuestaria italiana no tanto en la cuantía del aumento del déficit, que también, como en su fragilidad, dadas las previsiones demasiado optimistas de crecimiento del PIB italiano (1,5% en 2019, 1,6% en 2020 y 1,4% en 2021) en las que se sustentan los ingresos tributarios. Lo que teme la Comisión Europea es un deslizamiento hacia mayores niveles de gasto y menores ingresos que impulsarían el déficit público por encima del límite del 3% que marca como infranqueable. Las recientes estimaciones de crecimiento del PIB italiano en el tercer trimestre de 2018 son del 0,1%, lo que dejaría la tasa de crecimiento anual por debajo del 1%, lejos del 1,5% en el que se basa el borrador de presupuesto e, incluso, de la nueva previsión de crecimiento del 1,2% realizada por las autoridades italianas a principios de octubre.

Todas las instituciones internacionales acaban de hacer públicas sus previsiones de desaceleración de la actividad económica mundial y europea en 2019, además de apreciar riesgos no despreciables de que la ralentización del crecimiento, que ya ha comenzado, pueda acabar a corto plazo en estancamiento o, incluso, nueva recesión.

Pero las razones del rechazo de la Comisión Europea son insuficientes e incompletas, más aún cuando lo único que ofrece es más de la misma austeridad y exagerada disciplina fiscal que no han funcionado hasta ahora. Junto al rechazo, la Comisión Europea ha anunciado un amplio arsenal de amenazas y sanciones: Italia se expone a la apertura de “un procedimiento por déficit excesivo” que supondría mayor control comunitario sobre sus presupuestos (es decir, menor soberanía) y podría acarrear una sanción del 0,2% del PIB (aproximadamente 3.500 millones de euros). Amenazas que, además de poco creíbles (sería la primera vez que se aplicaran dichas sanciones a un Estado miembro de la eurozona), solo servirían para proporcionar más apoyos populares al Gobierno italiano, aumentar el rechazo al proyecto de unidad europea entre la ciudadanía europea y distanciarla de los valores de solidaridad, cohesión, respeto a los derechos humanos y defensa de los principios democráticos que deberían ser rasgos constitutivos de cualquier actuación de las instituciones comunitarias.

La economía italiana vive momentos muy delicados, con una deuda pública del 130% del PIB y unas tasas de interés de su deuda pública a 10 años que se sitúan en torno al 3% y han experimentado nuevas alzas y mayor variabilidad desde la presentación del borrador de presupuestos, acercándose al umbral del 4% que se considera crítico para asegurar su solvencia presupuestaria.

La gravedad de la situación aumenta por el contagio experimentado por los bancos italianos, principales detentadores de la deuda pública de su país, que han sufrido en los últimos meses una caída del 30% en su cotización bursátil, pérdidas significativas en el valor de los títulos de deuda pública italiana que contienen sus balances y un aumento de sus costes de financiación que acabarán reduciendo sus márgenes por mucho que intenten trasladar buena parte de esos costes a sus clientes. A lo que hay que sumar la fragilidad previa del sistema bancario italiano, con créditos de dudoso cobro que suponen un 8% del total, que superan en 2 puntos porcentuales las tasas de morosidad de los bancos portugueses o españoles y cuadruplican las de los bancos franceses y alemanes.

Podría darse así la paradoja de que unos presupuestos que pretenden impulsar la demanda interna, a través del aumento del gasto y el déficit en sus cuentas públicas, acaben suponiendo un freno a la actividad económica.  

El aumento del déficit público italiano está destinado exclusivamente a impulsar la demanda interna, pero no puede hacer nada para superar los graves problemas estructurales y de oferta que arrastra la economía italiana desde hace dos décadas

La extensión de los problemas a los sistemas bancarios del resto de los socios, no se han hecho esperar y ya han sufrido importantes pérdidas bursátiles, en función de la intensidad de sus intereses en el mercado italiano y del peso de la deuda pública italiana en sus balances. De este modo se comprueba hasta qué punto la ausencia de movilidad de capitales entre los países de la eurozona en los últimos años (el exceso de ahorro de Alemania y Holanda se presta fuera de la eurozona) hace que la degradación de las cuentas públicas de un Estado miembro (especialmente cuando su peso económico es tan grande como el de Italia) provoca externalidades negativas que afectan a su sistema bancario y al resto de sistemas bancarios y economías de los Estados miembros.  

Siendo graves los problemas bancarios y económicos y las contradicciones del borrador de Presupuestos que se han mencionado y sus impactos económicos (también sobre el resto de los países de la eurozona), lo peor de todo es que el aumento del déficit público italiano está destinado exclusivamente a impulsar la demanda interna, pero no puede hacer nada para superar los graves problemas estructurales y de oferta que arrastra la economía italiana desde hace dos décadas, mucho antes del estallido de la crisis global en 2008: bajo crecimiento efectivo y potencial, insuficiente inversión de las empresas, estancamiento de la productividad del trabajo, débil tasa de empleo, retroceso industrial y de las cuotas en los mercados exteriores…   

Y a esos graves problemas habría que añadir que la importante deuda externa bruta (alrededor del 160% del PIB) que afecta, además de al Estado, a los bancos y las empresas italianas, supone otro notable lastre que podría empeorar con el aumento de las tasas de interés o con el aumento de la demanda inducido por las diferentes medidas anunciadas en los presupuestos que, cabe prever, tendría mayor incidencia en el aumento de las importaciones que en la promoción de la oferta productiva doméstica.  

Hay que seguir muy de cerca el desarrollo de esta confrontación. Nos jugamos en su resolución buena parte de las posibilidades de que la actual ralentización del crecimiento acabe en una nueva recesión de la eurozona, ascenso de la derecha xenófoba y antieuropeísta en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y más dificultades para superar la parálisis que desde hace un año incapacita a los líderes europeos para llevar a cabo la tarea de completar y reformar las instituciones de la eurozona. Así, el empeño en mantener las políticas de austeridad y las insuficiencias institucionales de la eurozona pueden acabar deshaciendo el proyecto de unidad europea.