Se ha mostrado muy "emocionada, agradecida y orgullosa" por poder expresarse ante un juez, ha contado a la magistrada argentina y al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la represión que sufrieron su abuelo paterno, su padre y sus dos hermanos
Dos ancianas de más de noventa años que fueron represaliadas durante la dictadura franquista y que sufrieron el fusilamiento de varios familiares han declarado por primera en la Audiencia Nacional en el marco de la causa que instruye la juez argentina María Servini. "Es el día más feliz de mi vida porque por fin alguien me escucha", ha afirmado Teresa Álvarez Alonso, de 93 años, según fuentes presentes en su declaración.
La mujer, que se ha mostrado muy "emocionada, agradecida y orgullosa" por poder expresarse ante un juez, ha contado a la magistrada argentina y al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la represión que sufrieron su abuelo paterno, su padre y sus dos hermanos, que fueron recluidos en el penal de la isla de San Simón (Pontevedra) después de la Guerra Civil.
"Desapareció un hermano, otro fue capturado y después fue a un batallón de trabajadores. Mi padre estuvo en la cárcel, fue torturado y le metieron una varilla de paraguas por los oídos. Quedó sordo para toda la vida", ha contado a su salida de la Audiencia Nacional.
Tras lamentar que "los culpables no puedan ser juzgados ya que han muerto todos", la anciana se ha mostrado convencida de que estos procedimientos al menos conseguirán la "reparación" de las víctimas. "Estoy muy contenta con los argentinos porque con los españoles no lo pasé muy bien. No siento miedo, estoy orgullosa y muy contenta. Hoy es una fiesta para mí", ha afirmado. Preguntada si cree que el procedimiento servirá para algo, ha señalado: "Aunque yo no lo vea porque soy muy mayor, creo que sí, que llegará algún día".
"Estoy muy contenta con los argentinos porque con los españoles no lo pasé muy bien. No siento miedo, estoy orgullosa y muy contenta. Hoy es una fiesta para mí"
También ha declarado Faustina Romeral Cervantes, una mujer de 90 años que perdió a su padre y su madre tras la contienda, fue detenida con 15 años y permaneció en la cárcel entre los años 1947 y 1953. Tras la declaración se le ha preguntado si el procedimiento "servirá para algo". "Eso ya lo veremos", se ha limitado a decir.
Las declaraciones han tenido lugar en el marco de la causa que la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires abrió para investigar los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España.
"ALGO PROFUNDO ESTÁ CAMBIANDO"
Los abogados que impulsaron la querella, Carlos Slepoy, Ana Messuti y Máximo Castex, han mostrado su satisfacción por el hecho de que por primera vez un juez de la Audiencia Nacional, que rechazó la extradición de los presuntos torturadores Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y Jesús Muñecas, haya escuchado a represaliados por el franquismo.
"Hay que destacar la plena colaboración de los jueces españoles a la justicia argentina, es una demostración de que algo profundo está cambiando, de que nos acercamos cada vez más al momento del fin de la impunidad. Marca un hito al que van a seguir muchos otros", ha asegurado Slepoy antes de señalar que las víctimas quieren que se haga "lo imposible" por conocer el paradero de sus allegados y que "se restituya su buen nombre, pues fueron condenados a muerte en base a acusaciones falsas".
Servini, que se ha mostrado "satisfecha" por los interrogatorios, remitió una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional para interrogar a estas dos mujeres pero la petición llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que la semana pasada dieron traslado de ella a la Audiencia, donde le tocó por reparto al juez Andreu.
La juez argentina se ha desplazado hasta España para interrogar a varias víctimas del franquismo personadas en el proceso abierto en Argentina y que por su edad o condiciones no pueden viajar para prestar declaración o trasladarse a un consulado. Así, ha escuchado el testimonio de víctimas del País Vasco, Andalucía y Madrid.
Otra víctima del franquismo, Ascensión Mendieta, ha acudido a la Audiencia Nacional para entregar una prueba de ADN que sea cotejada con los restos de su padre, sindicalista de la UGT que fue fusilado y enterrado en una fosa común del cementerio de Guadalajara junto a otros 17 compañeros. Servini pidió la exhumación de estos restos en febrero pasado.
