jueves 29/7/21
EL TSJM DESESTIMA EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

Varapalo judicial a Gallardón por el soterramiento de la M-30

Por incumplimiento sobre impacto ambiental. Los ecologistas piden la dimisión del alcalde. El PSOE le acusa de burlar la ley “con absoluto descaro y doble moral".

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó este miércoles la sentencia de junio de 2009 que anula la resolución del Ayuntamiento de Madrid que aprobaba el soterramiento de varios tramos de M-30, los que transcurren por el río Manzanares.

La Justicia desestima así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra dicha sentencia, según consta en un fallo de 11 de febrero de este año. Los jueces argumentaron entonces y ahora confirman que se anula dicha resolución municipal por no cumplir a la directiva europea que fija la "ineludible necesidad de un previo estudio de impacto ambiental".

"Y ello se demuestra porque por un lado, con posterioridad el propio Ayuntamiento empezó a efectuar los trámites para contratar la elaboración de un estudio ambiental de esos proyectos en cuestión; y, por otro, la propia sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que establece sin lugar a dudas que en un caso como el presente era necesario este estudio de impacto medioambiental con carácter previo", señala la sentencia.

“TRAMPAS Y PRISAS ELECTORALES DE GALLARDÓN”

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha señalado que la sentencia viene a apoyar lo defendido durante años por los socialistas, que los criterios de la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento son las "trampas" y las "prisas electorales".

Lissavetzky ha confesado su "tristeza como madrileño" ya que tiene la sensación de vivir en una ciudad "con un Gobierno municipal que es un gobierno sin ley porque se han saltado todos los aspectos urbanísticos y medioambientales a la hora de llevar a cabo la obra de la M-30".

Para el socialista, la clave de que las obras no contaran con la necesaria evaluación ambiental previa se debe a que el equipo de Gallardón "tenía prisa para terminarla por razones electoralistas". Y es que, en su opinión, el Ejecutivo "ha querido evitar el cumplimiento de las obligaciones de normas ambientales y la adopción de medidas correctoras pertinentes no fuera que ese proyecto se retrasara y no estuviera listo para la cita electoral de 2007".

Por todo ello, el candidato ha afirmado que los criterios de gestión de Gallardón son "las prisas, el electoralismo, la ilegalidad, la picaresca y la insensatez" y todo ello con un fin, "burlar la ley, con absoluto descaro y doble moral".

LOS ECOLOGISTAS PIDEN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, los ecologistas consideran que a partir de esta sentencia, Gallardón “debiera extraer evidentes consecuencias políticas y personales: la obra más emblemática de su anterior legislatura ha sido declarada ilegal”. 

En este sentido, Ecologistas en Acción resalta el hecho de que, mientras en Alemania, “los ministros dimiten por plagiar una tesis doctoral, aquí, por promover una obra ilegal, que ha hipotecado por décadas a la ciudad sin solucionar los problemas de contaminación ni congestión viaria”, en Madrid “alcalde ni siquiera se dignará a dar explicaciones de este descomunal, e ilegal despropósito”. Además, resaltan el “desmesurado coste de esta obra (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento) que hipotecará los presupuestos municipales durante más de 30 años”.

La organización ecologista también denuncia la “lentitud judicial” que, a pesar de que los recursos fueron interpuestos antes del inicio de las obras, “no se pudo evitar ni la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años (en los que muchos llegaron a abandonar sus viviendas) por la forma en la que se realizaron los trabajos (ruidos nocturnos, zanjas, vallas, afecciones respiratorias, etc.)”.

También pone el acento en la “connivencia culposa de la Comunidad de Madrid” y recuerda que ya en la anterior sentencia del Juzgado de lo Contencioso, el juez sentenció que se había constatado la infracción de una norma imperativa del derecho interno español, contenida en una ley autonómica, refiriéndose a la vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que obliga taxativamente a la evaluación de impacto ambiental previa a todo proyecto que afecte a un Bien de Interés Cultural, como era el caso de las Terrazas del Manzanares afectadas por las obras. Sin embargo, el Gobierno regional autorizó las obras a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción.

Varapalo judicial a Gallardón por el soterramiento de la M-30
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