UPyD ha presentado una Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para castigar con penas de hasta cinco años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, careciendo de competencias para ello, convoque o autorice elecciones o consultas populares por vía de referéndum.
La iniciativa de UPyD llega en medio del debate en Cataluña sobre una futura consulta soberanista y apenas una semana después de que el pleno del Congreso rechazara una propuesta de ERC para transferir a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva para convocar este tipo de referendos.
Con esta propuesta, la formación que lidera Rosa Díez intenta recuperar la tipificación en el Código Penal del delito de convocatoria ilegal de referéndum, introducida por el Gobierno de José María Aznar en 2003, pero derogada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dos años después.
Además de las penas de cárcel de tres a cinco años para los responsables políticos que convoquen consultas ilegales, el texto propone la inhabilitación absoluta por otros tres a cinco superior a la duración de la pena de privación de libertad.
UPyD también pide castigar con prisión de uno a tres años e inhabilitación a la autoridad que, sin realizar la convocatoria, sí la facilite o promueva desde su cargo institucional.
Asimismo, se proponen penas de seis meses a un año, o multa de 12 a 24 meses, para los ciudadanos que participen como interventores en esas consultas ilegales.
En la exposición de motivos, UPyD considera que la abolición de este delito por parte del PSOE "no pudo ser más desacertada" ya que privó al Estado de derecho de un "instrumento esencial" para la represión de estas conductas que suponen un "auténtico desafío" para el orden constitucional y un "ataque directo" contra la democracia.
Recuerda el texto que actualmente las principales amenazas al orden constitucional no provienen de alzamientos armados, sino de iniciativas "menos violentas pero igualmente peligrosas" como las consultas populares, en las que con palabras "grandilocuentes" como el "derecho a decidir", se pretende vulnerar la Carta Magna.
En este sentido, UPyD defiende la eficacia del derecho penal para perseguir estas conductas frente a "remedios excepcionales más traumáticos" como la suspensión de la autonomía o la declaración del estado de sitio o el de excepción.
