El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que estudia mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades.
Este cálculo se desprende del futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La iniciativa de limitar el efectivo en determinadas transacciones para evitar el uso de dinero negro tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia, ha explicado.
Otro de los elementos del plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria".
La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador, ha concretado la vicepresidenta.
De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.
Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en contar con la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como con información de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas.
De la misma manera, se quieren alcanzar nuevos convenios de doble imposición y en contra de paraísos fiscales.
Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.
CONSUMO ELÉCTRICO Y USO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.
En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.
La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.
SE AMPLIARÁ EL ENVÍO DE BORRADORES DEL IRPF
Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.
Concretamente, sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.
"Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría.
Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".
