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jueves 26/5/22

Un auto de los jueces valencianos se convierte en "argumentario" del PP

Los socialistas valencianos se defienden amenazando con acudir al Tribunal Constitucional para denunciar la vulneración de su derecho a la tutela judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 22.7.2009

El motivo no es otro que el empecinamiento del alto tribunal valenciano en rechazar sucesivas peticiones del PSPV para ampliar la causa del caso Gürtel. Si se produce un nuevo rechazo al tercer recurso de apelación, el siguiente paso será el Constitucional.

El segundo recurso de los socialistas para que se incorporara a la causa la declaración de varios consellers, ex consellers y altos cargos de la Generalitat valenciana que contrataron con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas de la trama corrupta, fue rechazado este martes. El portavoz del PSPV en las Corts valencianas, Ángel Luna, considera que el TSJPV sólo pretende "bloquear la investigación de manera que quede circunscrita a unos trajes y no poder ir más allá", mientras que nuestra intención es demostrar que las empresas que han realizado estos regalos "han tenido relaciones contractuales con la Generalitat, la mayoría con situaciones irregulares y que tiene que ver con la tolerancia de la Generalitat con estas empresas".

En su opinión, "no es posible, desde ningún punto de vista, que solamente se puedan investigar unos regalos que se han recibido y no quien los ha pagado, cómo, en calidad de qué o qué contraprestación ha habido". Además, la posición de la Sala choca "abiertamente" con lo que ha hecho el Tribunal Supremo, al recoger la parte de la causa referida al tesorero del PP y senador Luis Bárcenas y al diputado del PP en el Congreso Jesús Merino que le fue remitida por el TSJM. El Supremo, en un auto de 26 de junio de 2009 donde admite ese procedimiento, dice que asume la competencia no sólo respecto a los aforados en relación al delito de cohecho sino también por conexión respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero y por estos hechos".

Se da la circunstancia de que el presidente de la Sala que dictó el auto en el que se rechaza el segundo recurso de los socialistas es Juan Luis de la Rúa, amigo personal del principal imputado en la causa, el presidente valenciano, Francisco Camps. Entre los argumentos para frenar el recurso que se recogen en dicho auto figura el siguiente: "Debe resaltarse que de los razonamientos del escrito de interposición se desprende claramente que lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería, o en términos menos cinegéticos y más jurídicos, de hacer una pesquisa general". Es decir, se apuntala la estrategia del PP de denunciar una conspiración en su contra para rebatir las acusaciones de corrupción.

Algunos de los cargos "populares" que se encuentran bajo sospecha ya han echado mano del auto para pasar al contraataque. Lo ha hecho, por ejemplo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha acusado a los socialistas de propiciar "una batida general" contra el PP y sus dirigentes. "Hasta los jueces les dicen reiteradamente que actúan de mala fe, que van de cacería", ha afirmado Barberá en referencia al auto que firma el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero, también conservador.

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, imputado en la causa, también se ha pronunciado en ese sentido asegurando que el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que rechaza un recurso de apelación interpuesto por el PSPV "demuestra su obsesión errónea en este proceso", al tiempo que ha pedido a esta formación que "deje de judicializar la vida política".

Costa se ha referido también a las declaraciones realizadas por la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en las que señaló que "el problema no son si se reciben o no se reciben regalos", sino "la cuantía de esos regalos y las cuantiosas contraprestaciones públicas que dan esos regalos". Ha dicho desconocer si Pajín "no se ha enterado de que aquí los jueces dicen que no hay relación ninguna entre presuntas actuaciones y contrataciones en la Administración" o "simplemente está haciendo una "batida de montería"", citando de forma literal un párrafo del auto.

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