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17 de abril de 2010, 12:11
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 16.4.2010
Ignacio Peláez considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.
En un auto notificado hoy, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la Fiscalía, al que después se adhirió Garzón, contra la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero de admitir esta acción penal contra el magistrado, que se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU. durante un permiso de estudios.
Aunque la querella fue presentada por Peláez, después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. En el auto del pasado febrero, la Sala Segunda del Supremo afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.
Ignacio Peláez considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.
En un auto notificado hoy, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la Fiscalía, al que después se adhirió Garzón, contra la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero de admitir esta acción penal contra el magistrado, que se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU. durante un permiso de estudios.
Aunque la querella fue presentada por Peláez, después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. En el auto del pasado febrero, la Sala Segunda del Supremo afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.
