La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia nació con el objetivo de vigilar la aplicación uniforme y equitativa de la Ley en el conjunto del territorio nacional.
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.
Todas estas personas “verían peligrar sus derechos, que deberían sufragar con recursos económicos propios o encomendarse a la caridad”, advierten. La Coordinadora exige a Rajoy “que documente sólidamente sus declaraciones o guarde silencio”, y le recuerda que el Partido Popular “participó activamente” en la redacción de la norma.
Una justificación que debe acreditar principalmente en relación con aquellas comunidades autónomas que, durante el período de bonanza económica, “boicotearon deliberadamente la aplicación o manifestaron abiertamente su voluntad de privatizarla”.
En opinión de la Coordinadora, “este nuevo anuncio se enmarca dentro de un contexto de propuestas de privatizaciones y desregulaciones formuladas aprovechando el contexto favorable de la crisis que buscan incrementar las desigualdades entre los españoles y discriminar a las clases más desfavorecidas de la sociedad”.
Por ello, exige una “rectificación inmediata”, debido en parte a la “inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio”.
