nuevatribuna.es
30 de diciembre de 2009, 7:36
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 30.12.2009
Esperanza Aguirre ha esperado al penúltimo día del año para hacer oficial lo que lleva anunciando mucho tiempo: ni un euro más para la asistencia jurídica gratuita en Madrid ni para extranjeros ni para españoles.
Así lo adelantó la propia presidenta regional en una comparecencia ante los medios en la que ha informado que la Comunidad reclamará al Estado el coste de la justicia gratuita y aprobará en enero un Decreto que restringirá el acceso a este servicio a las personas que demuestren su escasez de recursos.
"La Comunidad de Madrid no va a seguir un año más alimentando lo que consideramos que es fraude y una desnaturalización de la justicia gratuita", ha anunciado la presidenta, que ha valorado el coste de este servicio para la hacienda autonómica en cerca de 50 millones euros al año.
Por una parte, la Comunidad de Madrid va a pedir al Ministerio de Justicia que se reúna la comisión mixta de transferencias "para que el vicepresidente del Gobierno, señor Chaves, arbitre una solución para el tema de las transferencias de Justicia", ha dicho Aguirre.
Como ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el próximo mes de enero se aprobará un decreto que "modificará la ligereza con la que actualmente se proporciona la asistencia jurídica gratuita".
Quienes quieran la asistencia de un abogado de oficio deberán entonces justificar su insuficiencia de ingresos "en todos los ámbitos, para los españoles y para los extranjeros", ha precisado Granados.
PENDIENTE EL PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A 2009
Pese a destacar el monto total que ha costado a las arcas regionales la asistencia jurídica gratuita en Madrid durante 2009, el Gobierno sigue adeudando cerca de 50 millones de euros a los abogados del turno de oficio tal y como han confirmado a este periódico fuentes del Colegio Oficial de Abogados.
“El Gobierno autonómico, que no ha liquidado ninguna cantidad de las devengadas durante el ejercicio 2009, no ha facilitado previsión alguna para la cancelación de la deuda, en contra del compromiso adquirido por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados en el primer trimestre del año, cuando se destinó todo el Presupuesto del año 2009 a liquidar los pagos atrasados correspondientes a 2008”, señalan.
El Colegio de Abogados resalta que el turno de oficio, “como garante de la calidad, libertad e independencia de la prestación profesional gratuita, exige que las Administraciones Públicas aporten las necesarias condiciones materiales de ejercicio de la asistencia y defensa por los abogados, entre las que es prioritaria la correspondiente remuneración, por cuyo retraso acumulado, la Comunidad de Madrid no ha dado razones”.
750 DESIGNACIONES AL DÍA
El Colegio de Abogados de Madrid realizó 147.659 designaciones para la defensa de oficio en asuntos judiciales en la Comunidad de Madrid durante 2008; lo que supone llevar a cabo más de 400 designaciones diarias. También se designaron 129.311 abogados en asistencia letrada al detenido y extranjeros, con una media de 350 diarias. En conjunto, el Colegio realizó, durante 2008, una media de 750 designaciones por día. A estas cifras hay que añadir las 162.355 prestaciones de asesoramiento realizadas en los distintos servicios de orientación jurídica.
Las fuentes consultadas señalan que “la demora que vienen sufriendo los pagos por prestaciones profesionales realizadas es inaceptable si se tiene en cuenta que el presupuesto para 2009 no ha crecido respecto a 2008 pese al aumento en la demanda de asistencia jurídica gratuita”. Asimismo, señalan que “esta inoperatividad del Gobierno de la Comunidad es desconsiderada con el sistema de justicia gratuita ante la evidencia de que el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2010 es una mera repetición del aprobado para este año”.
El pasado 16 de febrero, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en un encuentro con el decano Antonio Hernández-Gil, que tuvo lugar en la sede del ICAM y ante la tensa situación planteada por los retrasos acumulados de los pagos de 2008, garantizó a los abogados que se habilitaría la partida necesaria para ejecutar regularmente el pago de las certificaciones correspondientes a 2009 así como que se revisarían los baremos utilizados para el pago de las actuaciones en el turno de oficio, sin revisar desde 2003, “condiciones que no se han cumplido”, afirman.
”ACUSACIONES INTERESADAS”
“El silencio ante la demanda de actualización y regularización de las cantidades pendientes de pago coincide en el tiempo con las inadmisibles acusaciones de fraude a los abogados hechas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior” , denuncian.
En este sentido, recuerdan que la Junta de Gobierno “ha mantenido en diversas ocasiones que no es partidaria de utilizar, como medida de presión, la suspensión de las designaciones de abogados, pero no puede admitir que la falta de previsión presupuestaria en materia de asistencia jurídica gratuita siga encubriéndose con la inmerecida imputación de prácticas abusivas de los abogados” .
Por todo ello, el Colegio de Abogados considera “intolerable e injusta” la vía de eludir los pagos vencidos, los intereses devengados y la actualización de los baremos; al tiempo que advierte de que “no admitirá que la falta de sensibilidad hacia la Justicia sea una excusa para limitar el derecho a la tutela judicial y tratar de deslegitimar a los letrados del turno de oficio”.
Esperanza Aguirre ha esperado al penúltimo día del año para hacer oficial lo que lleva anunciando mucho tiempo: ni un euro más para la asistencia jurídica gratuita en Madrid ni para extranjeros ni para españoles.
Así lo adelantó la propia presidenta regional en una comparecencia ante los medios en la que ha informado que la Comunidad reclamará al Estado el coste de la justicia gratuita y aprobará en enero un Decreto que restringirá el acceso a este servicio a las personas que demuestren su escasez de recursos.
"La Comunidad de Madrid no va a seguir un año más alimentando lo que consideramos que es fraude y una desnaturalización de la justicia gratuita", ha anunciado la presidenta, que ha valorado el coste de este servicio para la hacienda autonómica en cerca de 50 millones euros al año.
Por una parte, la Comunidad de Madrid va a pedir al Ministerio de Justicia que se reúna la comisión mixta de transferencias "para que el vicepresidente del Gobierno, señor Chaves, arbitre una solución para el tema de las transferencias de Justicia", ha dicho Aguirre.
Como ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el próximo mes de enero se aprobará un decreto que "modificará la ligereza con la que actualmente se proporciona la asistencia jurídica gratuita".
Quienes quieran la asistencia de un abogado de oficio deberán entonces justificar su insuficiencia de ingresos "en todos los ámbitos, para los españoles y para los extranjeros", ha precisado Granados.
PENDIENTE EL PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A 2009
Pese a destacar el monto total que ha costado a las arcas regionales la asistencia jurídica gratuita en Madrid durante 2009, el Gobierno sigue adeudando cerca de 50 millones de euros a los abogados del turno de oficio tal y como han confirmado a este periódico fuentes del Colegio Oficial de Abogados.
“El Gobierno autonómico, que no ha liquidado ninguna cantidad de las devengadas durante el ejercicio 2009, no ha facilitado previsión alguna para la cancelación de la deuda, en contra del compromiso adquirido por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados en el primer trimestre del año, cuando se destinó todo el Presupuesto del año 2009 a liquidar los pagos atrasados correspondientes a 2008”, señalan.
El Colegio de Abogados resalta que el turno de oficio, “como garante de la calidad, libertad e independencia de la prestación profesional gratuita, exige que las Administraciones Públicas aporten las necesarias condiciones materiales de ejercicio de la asistencia y defensa por los abogados, entre las que es prioritaria la correspondiente remuneración, por cuyo retraso acumulado, la Comunidad de Madrid no ha dado razones”.
750 DESIGNACIONES AL DÍA
El Colegio de Abogados de Madrid realizó 147.659 designaciones para la defensa de oficio en asuntos judiciales en la Comunidad de Madrid durante 2008; lo que supone llevar a cabo más de 400 designaciones diarias. También se designaron 129.311 abogados en asistencia letrada al detenido y extranjeros, con una media de 350 diarias. En conjunto, el Colegio realizó, durante 2008, una media de 750 designaciones por día. A estas cifras hay que añadir las 162.355 prestaciones de asesoramiento realizadas en los distintos servicios de orientación jurídica.
Las fuentes consultadas señalan que “la demora que vienen sufriendo los pagos por prestaciones profesionales realizadas es inaceptable si se tiene en cuenta que el presupuesto para 2009 no ha crecido respecto a 2008 pese al aumento en la demanda de asistencia jurídica gratuita”. Asimismo, señalan que “esta inoperatividad del Gobierno de la Comunidad es desconsiderada con el sistema de justicia gratuita ante la evidencia de que el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2010 es una mera repetición del aprobado para este año”.
El pasado 16 de febrero, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en un encuentro con el decano Antonio Hernández-Gil, que tuvo lugar en la sede del ICAM y ante la tensa situación planteada por los retrasos acumulados de los pagos de 2008, garantizó a los abogados que se habilitaría la partida necesaria para ejecutar regularmente el pago de las certificaciones correspondientes a 2009 así como que se revisarían los baremos utilizados para el pago de las actuaciones en el turno de oficio, sin revisar desde 2003, “condiciones que no se han cumplido”, afirman.
”ACUSACIONES INTERESADAS”
“El silencio ante la demanda de actualización y regularización de las cantidades pendientes de pago coincide en el tiempo con las inadmisibles acusaciones de fraude a los abogados hechas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior” , denuncian.
En este sentido, recuerdan que la Junta de Gobierno “ha mantenido en diversas ocasiones que no es partidaria de utilizar, como medida de presión, la suspensión de las designaciones de abogados, pero no puede admitir que la falta de previsión presupuestaria en materia de asistencia jurídica gratuita siga encubriéndose con la inmerecida imputación de prácticas abusivas de los abogados” .
Por todo ello, el Colegio de Abogados considera “intolerable e injusta” la vía de eludir los pagos vencidos, los intereses devengados y la actualización de los baremos; al tiempo que advierte de que “no admitirá que la falta de sensibilidad hacia la Justicia sea una excusa para limitar el derecho a la tutela judicial y tratar de deslegitimar a los letrados del turno de oficio”.
