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30 de julio de 2009, 14:02
NUEVATRIBUNA.ES - 30.07.2009
Han negado haber espiado a cargos políticos (lo que hubieran hecho con dinero público) pero lo que no han podido negar es que estaban en los lugares detallados en el informe policial de los supuestos seguimientos al que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, el mismo que pidió a la jueza, Carmen Valcarce que fueron llamados a declarar como imputados los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, a su vez secretario general del PP madrileño.
Tras más de dos horas de declaración, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez salieron este jueves del juzgado de instrucción número 5 de Plaza Castilla negando los presuntos seguimientos o haber seguido órdenes de cargos políticos para llevarlos a cabo sin fianza u otras medidas cautelares. Ninguno quiso hacer ninguna declaración a los medios pero sí su abogado, Enrique Molina, quien sostuvo que tras el interrogatorio ha quedado demostrado que el informe policial sobre la localización de los teléfonos móviles y que venía a corroborar la existencia de los supuestos espionajes, está “plagado de lagunas”.
Según dicho informe queda demostrado que los tres ex guardias civiles fueron los autores de los seguimientos ya que coinciden las fechas y los lugares donde estuvo Prada: su despacho, su propio domicilio y en la localidad madrileña de Chinchón.
Caro, Oreja y Coronado admiten que estaban en el lugar de los hechos por orden del que fuera jefe de seguridad Sergio Gamón para realizar labores, no de espionaje, sino de contravigilancia, unas labores de las que, sin embargo, no estaban al tanto los escoltas de Prada. De ser cierta esta información, tal y como aseguró la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, sería también ilegal ya que “la Comunidad carece de estas competencias”, atribuidas con exclusividad al Ministerio de Interior.
Lejos de aclararse uno de los episodios más oscuros que se han vivido en la Comunidad de Madrid, la madeja se enreda aún más. La presidenta Esperanza Aguirre sigue negando que desde su gobierno se hayan dado órdenes de espiar a nadie y descarta el cese de Granados: “¿Por qué iba yo a suspender al señor Granados?”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La jefa del Ejecutivo regional tampoco quiso entrar a valorar las declaraciones del vicealcalde Manuel Cobo que ya sin tapujos apunta directamente al consejero como cerebro de la trama de espionaje político.
Pasados más de cuatro meses del cerrojazo de la comisión de investigación creada en la Asamblea, el PP no tiene ninguna intención de reabrirla. “Aguirre ha demostrado una vez más que no tiene ninguna voluntad para contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con el espionaje político en la Comunidad de Madrid”, aseguró Maru Menéndez, que sospecha que en “en los próximos días vamos a asistir a lo que muy bien hace Aguirre, que es descargar la responsabilidad sobre algún elemento intermedio”.
Y ese elemento intermedio no es otro que Gamón, quien previsiblemente será llamado a declarar y quien, en sede parlamentaria, se burló de los partes de seguimiento calificándolos de “panfletos”. La portavoz socialista cree que él pueda llegar a convertirse “en cabeza de turco en todo este caso”.
Lo cierto es que Caro, Oreja y Coronado dicen haber actuado a las órdenes del ex jefe de seguridad, también un ex guardia civil que durante años ha trabajado como asesor de Aguirre. La cadena de mandos va así ascendiendo. ¿Quién manda sobre Gamón?, Granados, y ¿quien manda al consejero?, la propia Aguirre.
Han negado haber espiado a cargos políticos (lo que hubieran hecho con dinero público) pero lo que no han podido negar es que estaban en los lugares detallados en el informe policial de los supuestos seguimientos al que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, el mismo que pidió a la jueza, Carmen Valcarce que fueron llamados a declarar como imputados los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, a su vez secretario general del PP madrileño.
Tras más de dos horas de declaración, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez salieron este jueves del juzgado de instrucción número 5 de Plaza Castilla negando los presuntos seguimientos o haber seguido órdenes de cargos políticos para llevarlos a cabo sin fianza u otras medidas cautelares. Ninguno quiso hacer ninguna declaración a los medios pero sí su abogado, Enrique Molina, quien sostuvo que tras el interrogatorio ha quedado demostrado que el informe policial sobre la localización de los teléfonos móviles y que venía a corroborar la existencia de los supuestos espionajes, está “plagado de lagunas”.
Según dicho informe queda demostrado que los tres ex guardias civiles fueron los autores de los seguimientos ya que coinciden las fechas y los lugares donde estuvo Prada: su despacho, su propio domicilio y en la localidad madrileña de Chinchón.
Caro, Oreja y Coronado admiten que estaban en el lugar de los hechos por orden del que fuera jefe de seguridad Sergio Gamón para realizar labores, no de espionaje, sino de contravigilancia, unas labores de las que, sin embargo, no estaban al tanto los escoltas de Prada. De ser cierta esta información, tal y como aseguró la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, sería también ilegal ya que “la Comunidad carece de estas competencias”, atribuidas con exclusividad al Ministerio de Interior.
Lejos de aclararse uno de los episodios más oscuros que se han vivido en la Comunidad de Madrid, la madeja se enreda aún más. La presidenta Esperanza Aguirre sigue negando que desde su gobierno se hayan dado órdenes de espiar a nadie y descarta el cese de Granados: “¿Por qué iba yo a suspender al señor Granados?”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La jefa del Ejecutivo regional tampoco quiso entrar a valorar las declaraciones del vicealcalde Manuel Cobo que ya sin tapujos apunta directamente al consejero como cerebro de la trama de espionaje político.
Pasados más de cuatro meses del cerrojazo de la comisión de investigación creada en la Asamblea, el PP no tiene ninguna intención de reabrirla. “Aguirre ha demostrado una vez más que no tiene ninguna voluntad para contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con el espionaje político en la Comunidad de Madrid”, aseguró Maru Menéndez, que sospecha que en “en los próximos días vamos a asistir a lo que muy bien hace Aguirre, que es descargar la responsabilidad sobre algún elemento intermedio”.
Y ese elemento intermedio no es otro que Gamón, quien previsiblemente será llamado a declarar y quien, en sede parlamentaria, se burló de los partes de seguimiento calificándolos de “panfletos”. La portavoz socialista cree que él pueda llegar a convertirse “en cabeza de turco en todo este caso”.
Lo cierto es que Caro, Oreja y Coronado dicen haber actuado a las órdenes del ex jefe de seguridad, también un ex guardia civil que durante años ha trabajado como asesor de Aguirre. La cadena de mandos va así ascendiendo. ¿Quién manda sobre Gamón?, Granados, y ¿quien manda al consejero?, la propia Aguirre.
