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martes. 28.06.2022

Semana decisiva para Garzón: le espera otro 'vía crucis' judicial

El juez de la Audiencia Nacional acude de nuevo al Supremo en calidad de imputado por la escuchas telefónicas a los abogados de Gürtel. Mientras, el rechazo de su recusación contra el magistrado instructor de la causa por la investigación de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, acerca cada vez más una eventual suspensión de Garzón.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 9.5.2010

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría abordar durante los próximos días la posible suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón si el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela -instructor causa dirigida contra él por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo- dicta el auto de apertura de juicio oral.

Claro que hay que tener en cuenta que Varela también tiene sobre la mesa la resolución de otros asuntos concernientes a este proceso, como son los recursos presentados por el propio Garzón y por Falange Española y de las JONS contra los autos en los que se ordenó enmendar los escritos iniciales de acusación presentados por las acusaciones populares. La resolución de los citados recursos no tiene carácter suspensivo, ya que Varela podría dar por finalizada su investigación y sentar a Garzón en el banquillo antes de contestarlos, si bien parece poco probable que el instructor dicte la apertura de juicio contra Garzón dejándolos pendientes.

En cualquier caso, se espera una actuación inminente de Varela una vez que el pasado viernes fuera rechazada la recusación planteada contra él por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Una vez exista auto de apertura de juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo remitirá todo el expediente al CGPJ, que previsiblemente convocará un Pleno extraordinario para abordar la eventual suspensión del juez.

De momento, este lunes, Garzón vuelve a declarar ante el Tribunal Supremo, donde ha sido citado por el juez Alberto Jorge Barreiro en calidad de imputado por la causa que investiga si cometió un delito de prevaricación cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados.

Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo imputa en tres causas penales consecutivas a un mismo juez. Garzón ya está siendo investigado en el Alto Tribunal por su investigación de los crímenes del franquismo y por las subvenciones que recibió del Banco Santander para impartir unos cursos en Nueva York.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, en el auto dictado el 25 de febrero por el que admitieron a trámite esta nueva querella, aseguraron que existen “dudas que se proyectan, cuando menos, sobre la legalidad” de las resoluciones adoptadas por Garzón y añadieron que “las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas“.

La querella contra Garzón fue interpuesta por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del “caso Gürtel”. El letrado acusa a Garzón en su querella de haber cometido un delito de prevaricación al haber ordenado intervenir las conversaciones entre los imputados que se encontraban en prisión y sus abogados. En concreto, el ex fiscal se refiere al auto dictado por Garzón el 19 de febrero de 2009 con el que ordenó a la policía la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantuvieron en prisión los tres principales imputados del “caso Gürtel”, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, incluyendo las efectuadas con sus abogados.

SÓLO PARA DELITOS DE TERRORISMO

El juez Garzón acordó esta medida al amparo del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor expresamente llamado en relación con asuntos penales se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

Los magistrados subrayaban en su auto que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional establecen que estos dos requisitos para intervenir las conversaciones que mantienen los presos con sus abogados “no son alternativas sino acumulativas”. Es decir, que las intervenciones sólo pueden ser acordadas en los casos de terrorismo, una circunstancia que no se cumplía en el caso de los imputado del “caso Gürtel ”, acusados de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita y tráfico de influencias.

En base a estos mismos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió el pasado 25 de marzo anular todas las escuchas de las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del “caso Gürtel” y sus abogados.

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