nuevatribuna.es
7 de julio de 2010, 6:56
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 6.7.2010
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad sobre las 20.00 horas de este martes tras prestar declaración durante la tarde en la Comisaría Provincial, según ha confirmado el abogado defensor de Ripoll, Fernando Candela. La Policía había detenido a Ripoll, del Partido Popular, en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la Diputación y en varios municipios de la provincia de Alicante, entre ellos el de Orihuela. A pesar de que la propia Diputación emitió un comunicado asegurando que no pesaban cargos sobre el detenido, la Policía ha puntualizado que no es así, aunque será el juez quien decida si formula imputaciones contra él tras tomarle declaración este próximo jueves.
Efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante han registrado desde primera hora de la mañana del martes las dependencias de la corporación provincial. Además, los agentes se han desplazado hasta el domicilio de Ripoll, presidente de la institución provincial, que podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La operación policial parte de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante, concretamente el llamado 'caso Brugal' sobre supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. La adjudicación del llamado Plan de Residuos Zona XVII se aprobó en enero de 2008 por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz. El primer detenido ha sido el concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía.
La Policía Nacional también se ha personado en el domicilio del empresario afín al PP, Ángel Fenoll, que en su día llegó a ingresar en la prisión de Fontcalent por este asunto.
Vehículos y agentes policiales han cercado tanto el edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina. La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectuaba el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal. Testigos presenciales también han podido observar al secretario municipal, Virgilio Entremera, acompañando a los agentes de Policía Nacional en sus pesquisas.
Paralelamente se han intervenido las instalaciones de una de las empresas de Enrique Ortiz, que aparece en la documentación del caso Gürtel en la presunta financiación irregular del PP valenciano, también en Alicante. El constructor y máximo accionista del Hércules se encuentra en Pamplona con motivo de los sanfermines.
El caso Brugal se destapó en mayo de 2007, cuando la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, desmanteló una supuesta trama vinculada a sobornos en la adjudicación del servicio de recogida de basura de Orihuela y del plan comarcal de residuos. Fueron detenidas seis personas, entre ellas, el empresario oriolano de las basuras, Ángel Fenoll; su hermano, Ramón; un hijo de Ángel Fenoll; un detective y Javier Bru, edil de Turismo en Albatera (PP) y apoderado de las empresas del industrial. Fenoll, su hijo y Bru permanecieron en prisión un mes y salieron tras depositar fianzas que sumaban 260.000 euros acusados de cohecho, amenazas y extorsión, entre otros delitos. La intervención policial generó una gran expectación por las supuestas derivaciones políticas dado que se produjo días después de la victoria del PP en las municipales y porque que el empresario celebró en la sede del partido, según la oposición.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad sobre las 20.00 horas de este martes tras prestar declaración durante la tarde en la Comisaría Provincial, según ha confirmado el abogado defensor de Ripoll, Fernando Candela. La Policía había detenido a Ripoll, del Partido Popular, en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la Diputación y en varios municipios de la provincia de Alicante, entre ellos el de Orihuela. A pesar de que la propia Diputación emitió un comunicado asegurando que no pesaban cargos sobre el detenido, la Policía ha puntualizado que no es así, aunque será el juez quien decida si formula imputaciones contra él tras tomarle declaración este próximo jueves.
Efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante han registrado desde primera hora de la mañana del martes las dependencias de la corporación provincial. Además, los agentes se han desplazado hasta el domicilio de Ripoll, presidente de la institución provincial, que podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La operación policial parte de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante, concretamente el llamado 'caso Brugal' sobre supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. La adjudicación del llamado Plan de Residuos Zona XVII se aprobó en enero de 2008 por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz. El primer detenido ha sido el concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía.
La Policía Nacional también se ha personado en el domicilio del empresario afín al PP, Ángel Fenoll, que en su día llegó a ingresar en la prisión de Fontcalent por este asunto.
Vehículos y agentes policiales han cercado tanto el edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina. La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectuaba el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal. Testigos presenciales también han podido observar al secretario municipal, Virgilio Entremera, acompañando a los agentes de Policía Nacional en sus pesquisas.
Paralelamente se han intervenido las instalaciones de una de las empresas de Enrique Ortiz, que aparece en la documentación del caso Gürtel en la presunta financiación irregular del PP valenciano, también en Alicante. El constructor y máximo accionista del Hércules se encuentra en Pamplona con motivo de los sanfermines.
El caso Brugal se destapó en mayo de 2007, cuando la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, desmanteló una supuesta trama vinculada a sobornos en la adjudicación del servicio de recogida de basura de Orihuela y del plan comarcal de residuos. Fueron detenidas seis personas, entre ellas, el empresario oriolano de las basuras, Ángel Fenoll; su hermano, Ramón; un hijo de Ángel Fenoll; un detective y Javier Bru, edil de Turismo en Albatera (PP) y apoderado de las empresas del industrial. Fenoll, su hijo y Bru permanecieron en prisión un mes y salieron tras depositar fianzas que sumaban 260.000 euros acusados de cohecho, amenazas y extorsión, entre otros delitos. La intervención policial generó una gran expectación por las supuestas derivaciones políticas dado que se produjo días después de la victoria del PP en las municipales y porque que el empresario celebró en la sede del partido, según la oposición.
