Es tiempo de desarrollar los artículos de la Constitución de 1978 que encerraban mayor potencial en la defensa y consolidación efectiva de un Estado social y democrático de Derecho respetuoso con la pluralidad de todos y cada uno de sus integrantes
Hace ya 40 años. El 6 de diciembre de 1978 se realizó el referéndum que por una amplia mayoría ratificó la Constitución que ha favorecido un largo periodo de convivencia o, al menos, de conllevancia en paz y democracia, por muchos peros que se le puedan poner a la calidad de nuestro sistema democrático. Y a pesar de un evidente deterioro (al que también podría denominarse agotamiento) que es especialmente palpable en lo ocurrido en Cataluña y con los dirigentes políticos catalanes independentistas en el último año, pero que también se puede rastrear en los recientes resultados electorales en Andalucía, con el ascenso de la extrema derecha xenófoba, y en otros muchos ámbitos.
La inconclusa crisis financiera global que estalló en 2008, las políticas de austeridad impuestas a partir de 2010 y el fangal de la corrupción sistémica puesto al descubierto en estos años han abierto una monumental crisis política y social que aún no se ha cerrado. Crisis ampliada por los intentos de intoxicación informativa, el endurecimiento de la represión contra diversas manifestaciones de la indignación social, las maniobras para formar tribunales afines a los corruptos o la utilización de miembros del aparato policial en labores de ocultación, extorsión y matonismo contra las personas que se atrevieron a denunciar la corrupción y el saqueo del dinero público.
Quizás, por esa delicada situación política y por lo dañados que se encuentran los consensos políticos que dieron lugar a aquel pacto constitucional, los festejos y conmemoraciones de aquel acontecimiento no han tenido el brillo ni la atención esperados.
Conmemorar el referéndum constitucional que se realizó hace 40 años con la pretensión de reafirmar viejas posiciones, repetir los debates mantenidos entonces o maquillar el extremadamente complejo movimiento de movilización popular y de pactos políticos que lo hizo posible no tiene ninguna utilidad. Entre los muchos escenarios posibles para superar la dictadura franquista se impuso uno, el del apoyo mayoritario de la ciudadanía a una Constitución que logró asentar un sistema político democrático, pese a la incertidumbre de los primeros años y la desestabilización política y los intentos golpistas urdidos por altos mandos militares, parte del aparato estatal heredado (y no depurado) de la dictadura y sectores nostálgicos del franquismo para reconducir o acabar con la incipiente democracia y la propia Constitución.
Aquel pacto político constitucional permitió algunos años después, no sin grandes sobresaltos, muchas incertidumbres y varios golpes militares fallidos (o intentonas frustradas), asentar la democracia; pero resultan algo exageradas las pretensiones de los que definen aquel pacto constitucional como la única vía posible de cambio democrático. Y demasiado interesadas, porque olvidan el periodo previo de movilización democrática, entre 1974 y 1976, impulsada y sostenida por el conjunto de la izquierda y la oposición democrática, que defendía una ruptura democrática nítida con el régimen franquista y rechazaba cualquier forma de continuidad de la dictadura. Simplificar la historia, despojándola de toda complejidad y de las muchas potencialidades que encierra cada momento histórico, supone renunciar al análisis y menospreciar el trabajo delicado y riguroso que exige comprender los hechos del pasado. Ni todo lo que es racional es real, ni todo lo que sucede es lo único que podía suceder. Dejemos de sustituir el análisis histórico con impresiones periodísticas o, peor aún, con intentos de reafirmación de viejas posiciones partidistas que pasan por exaltar (y reinventar) de manera acrítica aquel consenso en el que, desgraciadamente, las fuerzas democráticas antifranquistas no llevaron la voz cantante. De aquel consenso también formaron parte demócratas sobrevenidos, reformistas postfranquistas y oportunistas de toda clase que dejaron su impronta o marcaron límites al texto constitucional de 1978.
En todo caso, no me parece que lo más importante políticamente sea hoy festejar los 40 años de Constitución, sino abonar las coincidencias de ciudadanía y fuerzas políticas progresistas y de izquierdas para unir esfuerzos y colaborar en la muy difícil tarea de reformar la Constitución y lograr que se abra a los nuevos afanes, valores e ideas de la mayoría social actual y que el aprecio por los principios democráticos arraigue en las nuevas generaciones, vinculándolos a sus expectativas vitales y laborales. Dicho de otra manera, no hay forma de conmemorar la Constitución que no pase por defender su reforma e impedir que la derecha pueda convertirla, de tanto enaltecerla, en patrimonio exclusivo, a fuerza de impedir su cuestionamiento o liquidar aquellos aspectos y artículos que no casan con su idea de una España excluyente que destila odio y bebe en una profunda incultura o, lo que es casi lo mismo, en las concepciones del pensamiento reaccionario español y las mitificaciones franquistas.
Es tiempo de desarrollar los artículos de la Constitución de 1978 que encerraban mayor potencial en la defensa y consolidación efectiva de un Estado social y democrático de Derecho respetuoso con la pluralidad de todos y cada uno de sus integrantes. Derechos y libertades que, en lugar de desarrollarse, se han visto lastrados por un sesgo interpretativo conservador que ha favorecido los intereses de las elites frente a los de la mayoría social. Y eso hay que revisarlo y cambiarlo. Más aún en una encrucijada política en la que las tres derechas que se siguen negando a enterrar de forma simbólica al franquismo están utilizando la Constitución como arma arrojadiza contra el independentismo catalán y, de paso, contra la España plural, abierta e inclusiva que hace del diálogo, la defensa de la democracia, la solidaridad y la cohesión, el aumento de la calidad de los cuidados y los bienes públicos o la extensión de la protección social al conjunto de la ciudadanía sus mejores armas argumentales. Conmemorar hoy la Constitución solo puede hacerse abogando por su reforma y desarrollo.
Algunos datos del referéndum constitucional
Apenas un tercio de la población española actual (46,7 millones de personas) tuvo la oportunidad de votar en el referéndum y exponer sus ideas en la campaña previa
Del total de votos válidos, un apabullante 88,5% fueron papeletas con el SÍ y tan sólo un 7,9%, con el NO. Sobre el total de electores inscritos (26.632.180), la visión es algo diferente: el SÍ alcanzó un poco entusiasta 59,0% frente a un raquítico 5,3% del NO, mientras los votos en blanco (2,3%) o nulos (0,5%) fueron opciones marginales y la abstención alcanzó un inesperadamente alto 32,9%.
El SÍ no fue la opción mayoritaria (respecto al número de potenciales electores) en Guipúzcoa (27,7%), Vizcaya (30,4%), Orense (35,3%), Lugo (37,0%), Álava (42,3%), Pontevedra (48,6%) y La Coruña (48,9%). Y lo fue por muy poco en Navarra (50,4%).
La abstención fue mayoritaria en las tres provincias vascas (donde alcanzó una media del 55,3%) y tuvo un peso muy importante, por causas muy diferentes, en Galicia (media del 44,6%). Esa alta abstención en todas las provincias que conforman dos nacionalidades históricas tan diferentes, en términos sociológicos, económicos y electorales, como Galicia y Euskadi, proporciona un primer indicio de la complejidad de las motivaciones de potenciales votantes y fuerzas políticas en presencia.
Apenas un tercio de la población española actual (46,7 millones de personas) tuvo la oportunidad de votar en el referéndum y exponer sus ideas en la campaña previa. No parece que sea demasiado razonable ni prudente que tengan que esperar demasiado tiempo para expresar su opinión sobre qué reforma constitucional quieren.
