jueves. 28.03.2024

Probablemente si, ó no, depende. Asistimos a una ofensiva confusa, mestiza, embarullada contra la política, los políticos, los funcionarios, el gasto público, las organizaciones democráticas realmente existentes, que teniendo como base un difuso sentimiento, habiendo en ocasiones sin embargo razones poderosas para ello, lleva a un terreno ambiguo cuando no perjudicial, aportando facilidades que acaban favoreciendo la actuación de aquellos que precisamente quieren menos democracia.

Sectores de la derecha política y económica lo tienen claro, menos política y menos democracia sobre todo para los sectores populares que mayor necesidad tienen de la ampliación de estas.

Pero ¿y la izquierda? Acríticamente, con escaso análisis, no atreviéndose a confrontar propuestas con una opinión que aparenta mayoritaria, cae en defender también recortes, austeridad, control del déficit, sin valorar suficientemente a quién acaban beneficiando al final ese tipo de medidas.

La reciente asunción de la gestión por gobiernos de la derecha en numerosas CC.AA. después de las últimas elecciones aporta diversos ejemplos: en Castilla la Mancha se hacen desaparecer sin más organismos de participación y de control al gobierno como el CES, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, en Castilla y León se reduce de cinco a tres los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo Consultivo, lo que aumenta el control de la mayoría parlamentaria en este caso perteneciente al PP con mayoría absoluta, en Madrid se elimina el Servicio Regional de Empleo pasando su gestión a la mera tramitación, sin participación sindical, por parte del gobierno regional y así sucesivamente.

Sin embargo esto no contribuye a limpiar la política como pueden creer muchas personas bienintencionadas, su objetivo es justo el contrario, los poderes políticos que son los gobiernos, se refuerzan y ahora más exentos de controles y los ciudadanos quedan con menor capacidad de participación.

Todo ello satisface a los indignados de la derecha que cargan permanentemente contra el gasto y fundamentalmente contra cualquier actividad que se realice con dinero público, al tiempo que expresan sin rubor la necesidad de acercarse a los poderes económicos no democráticos, como en el caso de las agencias de calificación, con humildad e intención de cumplir sus designios.

Cuando se dice que la política tiene que gobernar a la economía ello significa que aquella ha de tener los medios suficientes, democráticos y éticos, pero también profesionales, económicos, de estructuras participativas, grupos y personas cualificados, capaces de oponerse a los poderes económicos no democráticos cuyos poderosos medios están puestos al servicio cotidiano y único de obtener los máximos beneficios independientemente del perjuicio que causen a las instituciones y al conjunto de la sociedad.

Es imposible ganar la batalla democrática simplemente con la ética electoral y con unos cargos elegidos democráticamente, pero aislados en las instituciones y sin medios personales y materiales suficientes que contraponer a la gran maquinaria de los poderes económicos.

Hay numerosos ejemplos en la sociedad. Sindicalmente se entiende muy bien .En los ataques generales al sindicalismo se apunta especialmente a los delegados y a los liberados sindicales con permisos para ausentarse de su tarea profesional. Nadie puede pensar que cuando las empresas tienen personas, gabinetes, economistas, sociólogos, abogados, responsables de recursos humanos, dedicados permanente y exclusivamente a la tarea de las relaciones laborales y al trato y negociación con los trabajadores y sus sindicatos, estos puedan contraponer y sacar adelante sus propuestas simplemente con la voluntariedad de algunos trabajadores en sus horas libres. Pero esto es lo que se pretende con la demagogia que suponen esas reiteradas descalificaciones.

La democracia ni es ni puede ser un sistema que niegue el conflicto, lo que hace es reconocerlo, establecer mecanismos participativos para que el conflicto se resuelva en la negociación entre partes sin impedir la movilización democrática que sea necesaria, pero seria falsa e inútil si fallara el equilibrio entre las capacidades reales de los actores protagonistas del conflicto, sean estos sindicatos y empresarios, poderes elegidos democráticamente o cualesquiera otros de los agentes que actúan en la sociedad.

La izquierda, todos los demócratas en realidad, tienen una tarea prioritaria en evitar los excesos, el nepotismo, el despilfarro de los recursos públicos, en exigir la mesura, la transparencia y el buen uso de esos recursos, características por cierto en las que no destaca la derecha cuando gobierna, pero seria un error caer en la trampa demagógica de la desaparición de personas y organismos que trabajan en el ámbito de lo público, que contribuyen a la participación democrática y al control de los gobernantes.

Esa actuación solo contribuiría a incrementar el poder de estructuras no democráticas con grandes medios a su servicio y a sustituir aspectos colectivos, participativos y democráticos de la vida ciudadana por institutos supuestamente independientes o entidades privadas, no cuestionadas, fuera de todo control y dominadas por quien tiene el capital y el poder para crearlas y mantenerla. Lo que se llama trabajar para el inglés.

Recortar altos cargos ¿es progresista?