Rajoy aprovecha la polémica de Vic para mostrar su verdadera cara

Los actos xenófobos de Vic y Torrejón de Ardoz han servido al líder de la oposición para reafirmar sus teorías. Este sábado Rajoy ha exigido a Zapatero que modifique la Ley de Extranjería y que se termine “con el papeles para todos”. Los derechos de los inmigrantes se la traen al pairo.
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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 16.01.2010

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha solicitado hoy al Gobierno que se "avenga a razones" y modifique la Ley de Extranjería. En la clausura de la XV Interparlamentaria Popular, celebrada en Palma de Mallorca, Rajoy ha arremetido contra la política de inmigración del Ejecutivo socialista y ha asegurado que la propuesta de no empadronar inmigrantes en situación irregular del localidad barcelonesa de Vic, gobernado por Convergencia i Unió (CiU) en coalición con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), demuestra la demagogia del Gobierno en esta materia.

Durante su intervención, el máximo dirigente popular ha recordado la en su opinión "política suicida" de las regulaciones masivas de "los papeles para todos" y ha asegurado que "cuando las cosas se hacen mal, acaban notándose". Después ha ironizado sobre las críticas que recibió el PP cuando arremetió contra la nueva ley.

Ahora, según Rajoy, "los compañeros de partido" de PSC y de sus socios en la aprobación de la nueva ley, han avalado en Vic una normativa que niega a los inmigrantes "sin papeles" el empadronamiento en el municipio, extremo prohibido por la ley.

También aprovecho el acto para expresar su solidaridad con las víctimas del terremoto que ha desvastado Haití y aseguró que el PP "ayudará hasta el límite de sus posibilidades" para resolver la situación en Haití con la mayor rapidez posible.

Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, ha declarado que "hay que dar tiempo" al Ayuntamiento de Vic para que pueda "considerar y corregir su decisión". El alcalde se comprometió ayer a retirar la propuesta si el Gobierno considera que la medida no es conforme a la ley. Esta consiste en que cuando los inmigrantes quisieran empadronarse en Vic, deberían presentar la documentación en regla. En caso de no disponer de ella, tendrían un plazo de tres meses para presentarla. Si en esos 90 días no aportasen los papeles, el Ayuntamiento los empadronaría pero avisaría a la Policía Nacional.