El PP y el PSOE coincidieron este martes en abroncar a UPyD por plantear ahora una moción en el Congreso pidiendo la ilegalización de Bildu y de Amaiur como continuadoras de Batasuna y ETA. Cobardía, demagogia y oportunismo fueron algunos de los calificativos vertidos contra la formación magenta, cuya portavoz, Rosa Díez, les preguntó si también aceptarían ver en los escaños del hemiciclo a diputados de un partido que justificara la pederastia o la ablación del clítoris.
Díez defendió ante el Pleno del Congreso su moción instando al Gobierno a emprender el proceso de ilegalización tanto de Bildu, que gobierna San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa, como Amaiur, que cuenta con siete diputados y tres senadores, por incluir ambas coaliciones a la izquierda abertzale heredera de Batasuna.
A su juicio, hay indicios suficientes para la ilegalización pues esas dos formaciones "justifican" los crímenes de ETA y recordó que, como ocurrió con el nazismo, también deberá haber un juicio de Nüremberg para que la democracia erradique por completo el totalitarismo y el terror.
"Hasta que no se clarifiquen los crímenes y toda la historia del terror, no se podrá decir que hemos vencido al totalitarismo de ETA", sostiene la diputada, que preguntó a los distintos grupos parlamentarios si aceptarían que se sentara en el hemiciclo un partido que justificase la pederastia o la ablación de clítoris.
Para el ponente del Grupo Popular, Leopoldo Barreda, la moción de UPyD sólo busca "poner en entredicho" al Gobierno de España y quiso dejar claro que el PP no admite de UPyD "ni media lección". En su opinión, la propuesta de ilegalización sólo ha servido para que "se froten las manos" los de Amaiur y acusó a la formación magenta de sembrar su discurso de insidias, "que es la forma más acabada de cobardía en política".
A renglón seguido, el socialista Ramón Jáuregui incidió en las críticas tachando la moción de "demagógica y oportunista" y avisando de que actualmente no hay ninguna base jurídica que avale ninguna acción legal. La ilegalización hoy es "una pretensión inconsistente, anacrónica y absurda", sostiene, subrayando que, si se iniciase un procedimiento, se provocaría "la derrota del Estado". Tras la junta de portavoces, la portavoz socialista en el Congreso acusó a este aprtido de "estar en la más absoluta soledad política" y en la "derecha extrema".
Con un tono más suave, el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, indicó que UPyD sólo ha pretendido "colocarse en las portadas de la prensa", aunque al final "se ha quedado sola" y además ha elevado también a las portadas a Bildu y Amaiur. Según Jordi Jane, de CiU, la iniciativa defendida por Rosa Díez no busca la unidad de los demócratas, ni aprovechar el momento derivado del fin de la violencia, sino que sólo busca "la división". "Su propuesta es de adicción a ETA", resumió el diputado de IU, Ricardo Sixto.
NO SE VOTÓ LA ENMIENDA CONJUNTA
Frente a la propuesta de UPyD, el resto de grupos defendió un texto alternativo que obvia la ilegalización y defiende que el "cese definitivo" de la actividad terrorista de ETA es una victoria de los demócratas, que reclama la disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista y que anima a "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
Rosa Díez se negó a renunciar a la propuesta de ilegalización para sustituirla por la enmienda de los demás grupos y sólo la aceptaría si fuera un añadido. Como ello no era posible, el acuerdo de PP, PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, PNV y varios partidos del Grupo Mixto quedó fuera del orden del día y no hubo opción a que se votara.
En el debate también intervino la formación amenazada de ilegalización, Amaiur, cuyo portavoz, Xabier Mikel Errekondo, aprovechó para tachar a todos los demás de intransigentes y retrógrados.
En su opinión, la enmienda texto de todos los partidos salvo UPyD "esta muy lejos de ser considerada una hoja de ruta" para la paz, pues encima "enreda más", y criticó especialmente la presencia del PNV entre los firmantes. "Es un documento que pretende vender humo para sacar del apuro al PP", remachó.
Rosa Díez pidió un segundo turno para reprochar a Amaiur que hubiera definido a UPyD como "unionista", recordando que los proetarras ya utilizaron ese calificativo contra demócratas que, como Joseba Pagazaurtundua, acabaron asesinados por ETA.
Y también se encaró contra el diputado de IU Ricardo Sixto ya que entendió que había calificado su texto como "adición a ETA". "No le voy a tolerar a nadie, ni en esta Cámara ni fuera, que se nos acuse de complicidad con ETA", proclamó indignada, ante lo cual que parlamentario de IU precisó que había hablado de "adicción", no de adición.
EL TEXTO PACTADO
El texto que han pactado PP y PSOE insiste en la victoria de los demócratas por el "cese definitivo" de la actividad terrorista de ETA, reclama "la disolución definitiva e incondicional" de la banda terrorista y anima a "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
"El Congreso de los Diputados constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo y por las libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de las Fuerzas de Seguridad y la cooperación internacional", comienza el texto pactado.
Tras esta "victoria de la democracia" sobre ETA, se insta al Ejecutivo del PP a mantener el diálogo con los Gobiernos de Euskadi y Navarra y con las fuerzas democráticas promoviendo la máxima unidad de acción para "exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional", reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo y "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho".
En el caso concreto de las víctimas del terrorismo, se busca reforzar el compromiso con ellas "para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista".
Por último, se insta al Gobierno a "velar por el cumplimiento estricto de la ley y a la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos".
