El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado el Gobierno este viernes es "un bodrio difícil de aplicar" porque, en su opinión, "no clarifica competencias, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales, ni solventa sus problemas financieros".
Por todo ello, añadido a que el proyecto de ley "despoja directamente de competencias" a los pequeños ayuntamientos y "abre la puerta a la privatización" de sus servicios, el dirigente socialista ha exigido la "retirada inmediata" del texto y ha adelantado que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad cuando la ley llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Según Zarrías, el proyecto de ley va a quitar competencias directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son el "95 por ciento de los ayuntamientos del país" para que sean las diputaciones quienes presten determinados servicios o decidan la fórmula de gestión. Esto, ha augurado, "abre la puerta a su privatización" y convertirá a los ciudadanos en "los grandes perdedores" de esta reforma.
El responsable de Política Municipal del PSOE ha denunciado que el Gobierno haya adoptado "una solución más dura si cabe" a la que había apuntado en los borradores previos al proyecto de ley ahora aprobado, pues "ahora ya no se fija un coste estándar para, en caso de incumplimiento, quitar a estos ayuntamientos determinados servicios; ahora, directamente y desoyendo los mandatos constitucionales, se les sustraen competencias".
Pero además, ha criticado que esta ley "no soluciona nada" porque "no clarifica competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país, como tampoco solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos".
"Se trata simple y llanamente de un bodrio difícil de aplicar, que abre una puerta muy peligrosa a la privatización cuando no al desmantelamiento de los servicios, que provocará además la pérdida de miles de empleos públicos y en la que los ciudadanos serán los grandes perdedores, ya que con esta ley tendrán servicios más caros y menos eficientes", ha resumido.
Ante esta "chapuza", el dirigente socialista ha adelantado que el Grupo Socialista en el Congreso exigirá "la retirada inmediata" de una ley que, tal y como ha recordado, "ha nacido sin el consenso necesario que permita su aplicación". "De no ser así, el PSOE presentará una enmienda a la totalidad para intentar que esta ley no llegue a aplicarse en los ayuntamientos de nuestro país", ha sentenciado.
IU DICE QUE BUSCA CONVERTIR "DERECHOS EN NEGOCIOS"
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros es "una voladura controlada" del poder local que busca convertir "derechos en negocios".
En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha criticado por "regresivo" el proyecto del Gobierno y ha apuntado que va "contra los ayuntamientos" y, por ende, supone un "recorte" de la democracia local que conlleva "más recentralización" y una rebaja de las competencias municipales.
A su juicio, el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es "privatizar" los servicios públicos de los ayuntamientos y concentrar los de los municipios de menos de 20.000 habitantes en las diputaciones provinciales, las instituciones "más opacas" de nuestro país. "Quieren una vez más convertir derechos en negocios para unos cuantos", ha resumido.
Lara ha subrayado que la propuesta del Gobierno no conseguirá que se siga destruyendo empleo público en los ayuntamientos y, en este punto, ha destacado que algunos ayuntamientos auguran que se podrían llegar a perder hasta 200.000 puestos de trabajo.
El líder de IU también ha censurado que el proyecto incluya un coste estándar para la prestación de los servicios municipales --por el que los ayuntamientos deberán publicar en un plazo máximo de tres meses el coste de todos sus servicios públicos--, con el único fin de "ampliar" la línea de privatización.
