El PP y UPyD han rechazado en el Pleno del Congreso tomar en consideración una proposición de ley de presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG para abrir la puerta a celebrar una consulta ciudadana sobre los recortes acometidos por el Gobierno desde su llegada al poder, una idea que viene reclamando la Cumbre Social y que ha ahora contado con el respaldo del PSOE.
La proposición de ley toma como base las medidas anunciadas por Rajoy el pasado 11 de julio -entre las que figuraba la retirada de la paga extra a los funcionarios y la subida del IVA-, y sostiene que el Gobierno carece de legitimidad para esos recortes por cuanto que esas medidas "no cuentan con el aval democrático de los electores" al no estar contempladas en el programa con el que el PP concurrió a las generales hace ahora un año. De hecho, destacan que alguna de las medidas adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, "contradice abiertamente" los compromisos electorales del PP.
Por ello, y al igual que defendieron los sindicatos en la última huelga general, piden que los ciudadanos, en tanto que depositarios de la soberanía, "tomen la palabra y se pronuncien sobre este programa de recortes". "Es necesaria la convocatoria de un referéndum que dé voz a la ciudadanía para que se pronuncie sobre unas medidas que están empeorando muchos de sus derechos", indican.
PROPONEN REFORMAR LA LEY DE REFERÉNDUM
Para abrir estos "canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones", Izquierda Plural y BNG proponen reformar la Ley de Referéndum para introducir la obligatoriedad del presidente del Gobierno de someter a consulta las cuestiones que afectan a derechos económicos, sociales y laborales.
Según Olaia Fernández Davila, del BNG, el Gobierno del PP es "puro caramelo con los poderes financieros y los oscuros señores de negro que les marcan el paso", pero "no hay derecho a que hayan engañado a la ciudadanía diciendo y prometiendo cosas en campaña electoral para ahora hacer precisamente lo contrario". "Han engañado y mentido a la ciudadanía que ahora debería poder decidir en situaciones que les están comprometiendo el futuro, que les están despojando de derechos laborales, sociales y económicos que costó muchos años de lucha conseguir", ha asegurado.
En similares términos se ha pronunciado el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien considera que la actuación del PP en este primer año de Gobierno es una "inmensa estafa electoral" y que trata con "guante de seda" a los fuertes y se comporta con "guante de acero" con los débiles. A su juicio, el Gobierno tiene la legalidad de su lado, pero no tiene legitimidad tomar medidas contrarias a su programa. "Pedimos que se dé un paso al frente --ha subrayado--. No creemos en el despotismo, sino en la democracia participativa de los ciudadanos, porque la democracia no acaba con las elecciones cada cuatro años".
El PSOE, por boca de Ramón Jáuregui, ha anunciado su voto a favor a la toma en consideración de la proposición de ley, aunque ha admitido que no está de acuerdo en su literalidad. "La apelación constante a la consulta previa rompe con los fundamentos de un Gobierno, que sólo debería recurrir al refrendo posterior cuando una medida realmente transforma marcos convivenciales", sostiene.
