sábado 22/1/22

Los historiadores nos cuentan que las grandes crisis suelen provocar importantes cambios sociales y dejan huellas profundas en las sociedades a las que afectan. Son "efectos colaterales" que, durante los primeros años, suelen pasar desapercibidos, pero que acaban explotando ante la mirada atónita de la ciudadanía.

La crisis actual se ha presentado como una recesión económica con origen en el sistema financiero. En estos momentos disponemos de suficientes indicios para darnos cuenta de que estamos ante una crisis con detonante financiero, que tiene causas y dimensiones económicas, pero que tiene profundas causas éticas y puede tener consecuencias graves para la calidad de la democracia.

En el apartado de las causas éticas cabe destacar como más significativa la ruptura de muchos equilibrios construidos durante el siglo XX. Desequilibrios entre la competencia y la cooperación que han conducido a realidades económicas y sociales mandadas por un modelo de competitividad escasamente eficiente. Ruptura de los equilibrios entre sociedad y mercados, entre economía y política, que se expresa en la pérdida de capacidad regulatoria del Derecho.

En mi opinión quien mejor ha definido este fenómeno ha sido el filósofo Rafael Argullol, utilizando para ello el concepto de las tragedias griegas, Hybris. Lo que nos está pasando es la expresión -dice Argullol- de la "desmesura" provocada por la soberbia y la codicia humana -no de todos, por cierto- que tan bien se representan en el concepto Hybris. Salir de la crisis requiere acertar en las políticas económicas, pero sobre todo acertar en el diagnóstico de sus causas profundas. ¿Alguien puede pensar que Europa puede salir adelante si sus dirigentes continúan rechazando la cooperación y siguen apostando por que cada uno se salga en solitario?.

Y si importante es acertar en el diagnóstico de las causas, también es muy importante saber ver cuáles son los efectos colaterales de la crisis. Hoy disponemos de algunos ejemplos que apuntan a un claro retroceso en la calidad de nuestro sistema democrático. En el debate sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución Española se ha expresado una idea muy peligrosa en términos democráticos. La normalización social de la capacidad de los mercados de capitales -una institución económica, sin ninguna legitimidad democrática- para decidir por encima de las instituciones democráticas de los Estados. No es una situación nueva, pues estuvo muy presente en el debate de la reforma laboral del año 2010 y en la reforma de la Seguridad Social.

Además, los argumentos para explicar la no oportunidad de un referéndum contienen dos corrosivos democráticos de gran impacto: la no preparación de la ciudadanía para entender decisiones tan complicadas y los riesgos de que la decisión no siguiera las orientaciones que los mercados nos reclaman -expresión literal-.

En paralelo ha aparecido otra carga de profundidad contra la calidad democrática. Se expresa en decisiones y reflexiones que tienen como hilo conductor el intento de hacer desaparecer todo tipo de contrapoder o contrapeso social. Lo estamos viendo en la significativa ofensiva ideológica contra las organizaciones sindicales, obviando que nuestro modelo de Estado social de Derecho, las reconoce en el artículo 7 de la Constitución como algo más que entidades de Derecho Privado. Les reconoce y encarga funciones de vertebración social de los intereses de los trabajadores, como también lo hace con las organizaciones empresariales que, curiosamente, están fuera de la impugnación social que llega de babor y estribor.

Algo parecido ha ocurrido con el reduccionismo con que se analiza el movimiento del 15M y los intentos de criminalización social. Y en el terreno de los contrapoderes sociales, hay que prestar atención a las libertades de expresión y comunicación, pilares básicos de la democracia. El intento -abortado- de establecer censura previa a la labor de los profesionales de RTVE que, al parecer, ya existe en otros medios públicos y privados. Y la clara voluntad de limitar la libertad en el uso de las nuevas formas de autocomunicación de masas que los ciudadanos están construyendo para eludir el monopolio y control de los medios de comunicación. En España tenemos un buen ejemplo en algunos aspectos de la Ley Sinde.

Algunos sectores sociales empiezan a ser conscientes de que los fundamentos de la democracia son entre otros, la primacía del Derecho, una participación real de la ciudadanía y la existencia de contrapoderes sociales. Hagámosles caso o lo pagaremos caro en términos de calidad democrática.

Peligra la calidad democrática
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