El ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha asegurado que, si ETA diera por terminada su tregua tras la formación de un "bloque soberanista" en el que se integrara Eusko Alkartasuna (EA) y cometiera un atentado, la izquierda abertzale se estaría "suicidando políticamente".
"Vamos a suponer que ETA da por terminada su tregua y comete un atentado. Primero, nosotros nos suicidamos; segundo, el país se marcha del país; y tercero, la gente se sentiría absolutamente frustrada, estaríamos ante un fraude y a nosotros se nos pueden achacar muchos defectos pero tenemos la virtud de la honestidad revolucionaria", ha señalado Otegi durante su declaración en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la reconstrucción de la ilegal Batasuna a través de Bateragune.
"¿Cómo le metemos a nuestro pueblo en semejante embarcada?", se ha preguntado a continuación el ex portavoz de Batasuna, que ha añadido que el éxito que la coalición Bildu cosechó en las pasadas elecciones municipales y que, a su juicio, "mejorará con el tiempo", corrobora el éxito de la "ruptura" con la violencia adoptada por la izquierda abertzale.
Durante su declaración, que se ha prolongado durante casi dos horas, Otegi se ha atribuido el "cambio de estrategia" que, a su juicio, ha experimentado en los últimos meses la izquierda abertzale para sustituir la vía que combinaba "la violencia armada con la lucha política" por otra que tiene "un corte sólo pacífico y democrático". "Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables, si eso no es delito, evidentemente nosotros somos inocentes", ha dicho.
VARIOS DIRIGENTES ABERTZALES SE SIENTAN EN EL BANQUILLO
Además de Otegi se sentarán en el banquillo de los acusados Rafa Díez Usabiaga, ex secretario general del sindicato LAB; Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Arkaitz Rodríguez, que fue responsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a la que se vinculó son SEGI; José Luis Moreno Sagües, ex concejal de HB en Burlada (Navarra); José Manuel Serra Ugarte y Amaia Esnal Martiarena. Los cuatro primeros están en prisión desde octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón.
Para todos ellos, el fiscal Vicente González Mota solicita una pena de diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista, mientras que la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza, que ejercerá la acción popular, eleva su petición de pena a un máximo de 14 años.
