La trama en la que ha sido detenido el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia. La operación, denominada la 'macroperación Púnica', está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Casarrubelos, David Rodríguez, del PP; el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de la Unión Demócrata Madrileña (UPMA); el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro, del PP y el de Collado Villalba, Agustín Juárez, del PP. Entre las 51 personas detenidas en esta operación se encuentran también el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, y el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza. Entre los detenidos se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez, sucesor de Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo.
La trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas. La investigación revela que la organización desmantelada se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios. El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne, en Suiza, informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación, Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama 'Gürtel'.
La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
