sábado. 20.07.2024
NOOS

En estos mismos días un miembro relevante de la familia real, dos expresidentes de gobiernos autonómicos, uno de ellos con largos años en el poder y personaje referencial para muchas personas y un vicepresidente económico y exdirector del FMI, están compareciendo ante la Administración de Justicia, como procesados o imputados

En medio de tantas malas noticias e incertidumbres en España y a nivel internacional, también hay importantes acontecimientos que nos deben animar y satisfacer, incluso cuando son consecuencia de graves quebrantos de la ley.

En estos mismos días un miembro relevante de la familia real, dos expresidentes de gobiernos autonómicos, uno de ellos con largos años en el poder y personaje referencial para muchas personas y un vicepresidente económico y exdirector del FMI, están compareciendo ante la Administración de Justicia, como procesados o imputados y sobre ellos penden solicitudes de condena de indudable trascendencia. Además, dos expresidentes y varios consejeros del gobierno andaluz se encuentran inmersos en actuaciones judiciales y en el conjunto del país decenas de cargos públicos y responsables políticos, en activo en la actualidad o hasta hace poco, están en la cárcel, procesados, imputados o investigados. Y como remate, la Guardia Civil, que política y administrativamente depende del gobierno, registra y realiza diversas actuaciones contra el partido gobernante.

La botella se puede ver como medio vacía, por lo que supone de extensión de las diversas formas de corrupción, pero yo también quiero verla como media llena, reflejo del funcionamiento impecable e implacable de dos instituciones democráticas tan importantes como el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad (lo que en términos clásicos los marxistas considerábamos dos decisivos aparatos del estado).

Al igual que en el pasado los comportamientos ilegales de políticos y responsables de diversas administraciones en la lucha contra el terrorismo o las irregularidades ilícitas cometidas por altos cargos del poder económico (lo que se denominaba la “beautiful people”), fueron sancionados penalmente y muchos de ellos terminaron entre rejas.

Con todas sus limitaciones, con contradicciones, con tardanzas, nuestra democracia funciona. Contemplar en la televisión la cara de la Infanta Cristina sentada en el banquillo, la entrada de la Guardia Civil en la sede del PP, partido del gobierno, o que el exhonorable Jordi Pujol tenga que “venir a Madrid” a declarar sobre su sorprendente fortuna, es algo que era inimaginable para los que vivimos la dictadura y la transición democrática.

Es verdad que simultáneamente estamos asistiendo al juicio a 8 sindicalistas de la empresa Airbus, por su participación en un piquete de huelga o que todavía hay decenas de sindicalistas procesados por su participación en las últimas huelgas generales. Pero ello, siendo absolutamente injusto, no puede desmerecer lo que representa las referidas actuaciones judiciales o policiales.

Es evidente que nuestra legislación, especialmente en materia penal, mercantil y administrativa, en determinados aspectos va por detrás de las necesidades de una sociedad compleja como la nuestra, con nuevas formas de actuación delictiva o irregular. También es cierto que las vías de composición del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Constitucional dejan espacio a la discrecionalidad y manipulación política. La propia Fiscalía del  Estado arrastra una excesiva dependencia del poder político, que a veces se traduce en una cierta laxitud o lentitud en la persecución de actividades delictivas de profundas o poderosas ramificaciones.

El futuro gobierno debería afrontar las necesarias reformas al respecto, incluyendo algunos retoques en la propia Constitución; como también seguir fortaleciendo la profesionalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero en todo caso debemos ser conscientes que estamos ante la medula de lo que antes me refería como poderes y aparatos centrales del estado y que tanto en España como en las sociedades democráticas más avanzadas y consolidadas, su pleno y satisfactorio funcionamiento democrático no es una tarea fácil.

Mientras aguardamos esos retos reformadores que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, debemos felicitarnos de que los instrumentos de la democracia, a pesar de los pesares, están actuando razonablemente bien en nuestro país.         

Nuestra democracia si funciona