La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la concesión de un indulto al vicesecretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron el 22 de julio de 2012 los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero.
La Audiencia Nacional aduce que los hechos objeto de condena, están penados en el ordenamiento español "con análoga entidad" y se refiere también "a los propios antecedentes administrativos relativos a la comisión de infracciones relacionadas con la seguridad vial, y que han conllevado la pérdida de la autorización administrativa para conducir".
Tras la condena, el 'popular' solicitó su traslado a España, donde reclamó el tercer grado penitenciario, que le fue concedido 13 días después. La Fiscalía se opuso a la concesión del indulto, pedido por el hermano del disidente Payá después de que el dirigente de Nuevas Generaciones abandonara la prisión.
El informe detalla que Carromero permaneció en prisión provisional entre julio y diciembre de 2012, mes en el que fue trasladado a España para cumplir la pena impuesta por las autoridades cubanas, que le condenaron a cuatro años de prisión como autor de un delito de homicidio imprudente así como a la suspensión de la licencia de conducción por el mismo plazo.
NO HA MOSTRADO ARREPENTIMIENTO
El informe destaca que los datos facilitados por el Centro de Inserción Social Victoria Kent apuntan a que no ha mostrado arrepentimiento por lo sucedido. "El Centro de Inserción Social Victoria Kent informa sobre una conducta correcta y respecto a la prueba del arrepentimiento, refiere como no ha mostrado o manifestado ningún signo en tal sentido", dice.
Agrega que desde que disfruta del tercer grado penitenciario, desarrolla su vida profesional sin limitación alguna.
Además, especifica que en el expediente del indulto consta certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, donde se consignan distintas sanciones que le fueron impuestas y que habían desencadenado la apertura de un expediente para la retirada de su carné de conducir, que ya se le había retirado de forma provisional.
El informe advierte que el criterio de la Audiencia Nacional no es vinculante y que será el Ministerio de Justicia y el Gobierno el que resuelva "lo más procedente".