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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 20.2.2009

Así se desprende de una providencia notificada este viernes con la que el juez inicia los trámites para inhibirse del caso "Gürtel". En esta resolución, para cuya notificación el magistrado ha alzado parcialmente el secreto de las actuaciones poco antes de ser ingresado en una clínica de Madrid aquejado de una crisis de ansiedad, Garzón ordena al servicio de reprografía que le haga tres copias de la causa.

El destino de dos de esas copias serían previsiblemente los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia en el caso de que hubiera hallado indicios sobre actividades delictivas por parte de diputados autonómicos o miembros de los Gobiernos de estas dos regiones. No ha trascendido el destino de la tercera copia que podría ser el Tribunal Supremo, en el caso de que los afectados fueran diputados o senadores.

En una de las providencias, el magistrado señala que, antes de inhibirse, debe esperar a que la Fiscalía Anticorrupción dé respuesta a dos oficios enviados el miércoles y el jueves. Fuentes fiscales han informado de que, en uno de esos oficios, Garzón pregunta al Ministerio Público si, mientras se resuelve la inhibición, él puede seguir practicando diligencias o debe cesar en las mismas.

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que "entretanto no recaiga decisión judicial firme" sobre la inhibición, el juez que la haya acordado "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".

El pasado jueves, Anticorrupción pidió al juez que deje de investigar el caso "Gürtel" porque, según los indicios que obran en la causa, "la investigación de la totalidad de aquella recaería en el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de Valencia".

”SERIOS INDICIOS” DE PERSONAS AFORADAS

El juez anticipó hace una semana que rechazaba la personación del Partido Popular (PP) en la causa, al considerar que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas". En ese auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 avanzaba que se inhibiría de esta investigación "una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

En la causa, en la que se encuentran imputadas 37 personas, Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos. Aunque ni el juez ni la Fiscalía han hecho públicos los nombres de los aforados, fuentes de la investigación aseguran que entre ellos figura el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y actual diputado autonómico Alberto López Viejo, al que se atribuye un papel "central" en la trama que justificaría que la causa pasara al TSJ madrileño.

Además, los diarios El País y El Periódico de Catalunya publicaron el jueves que el resto de los aforados de Madrid son los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch y que los de Valencia son el presidente de la Generalitat Francisco Camps y otra persona sin identificar.

Más indicios contra aforados en la investigación del caso de corrupción