Nada ha cambiado. Todo sigue igual. No importa lo que sea evidente si no hay una prueba irrefutable; el político de turno, si es corrupto y sea del partido que sea, negará la evidencia y no pasa nada. Esto es España. En cualquier otro país democrático de nuestro entorno cualquier político que mienta o que tenga un comportamiento reprobable no ya jurídico, sino político o moral, no tienen que señalarle la puerta de salida. Hemos visto dimisiones de ministros por mentir respecto a una multa de tráfico, o por copiar en una tesis doctoral, o por cualquier otro asunto que aquí no dan lugar ni a crítica política. España es el reino de los políticos corruptos y de unas reglas ajenas a la más elemental moral política que les permite mentir impunemente sin ninguna consecuencia.
Todos los procesos judiciales en marcha no han servido para nada. Porque esta enfermedad, la corrupción, corrompe las instituciones y la democracia del país y sigue instalada en los comportamientos políticos, siendo alimentada a diario con hechos como los que estamos presenciando en el Ministerio del Interior, donde un ministro miente, manipula, insulta la inteligencia de la ciudadanía y mantiene en su cargo al director general de Tráfico, que miente también.
No hay ningún ciudadano que crea hoy que Gregorio Serrano no sabía nada de la ilegalidad que se pretendía, ni que los 50.000 € de gasto es un asunto ordinario para cualquier vivienda de cualquier cuartel de la Guardia Civil; se trata simplemente de un trato privilegiado, propio de una Casta corrupta que arranca desde la dictadura y se ha mantenido sin solución de continuidad durante todos los años de democracia. Privilegios ilegales que abarcan desde la Jefatura del Estado hasta el último funcionario municipal que se presta a ello, que surcan todos los estamentos institucionales y pasan por el director general de Tráfico, que según el ministro de Interior tiene derecho, porque así ha sido históricamente, a disponer de una vivienda con todos los gastos pagados por nuestro dinero para residir en Madrid, percibiendo como percibe un salario cinco veces superior al de cualquier funcionario público de esa dirección general de Tráfico, de la Policía o de la Guardia Civil. La justificación de que el director general de Tráfico tiene derecho a percibir dietas con las que abonar la estancia en el hotel cuando no está desplazado sino residiendo en la ciudad donde tiene su puesto de trabajo de destino es, visto desde policías y guardias civiles, una burla a los miembros de ambos colectivos y la confirmación de que hay políticos que viven en un mundo donde la regla principal es su particular interés.
Consideramos desde el OCC que si queremos una sociedad limpia y decente corresponde a los políticos predicar con el ejemplo, y que si el director general de Tráfico sigue en su cargo tras mentir, la responsabilidad por esa conducta política inmoral afecta y ensucia al ministro de Interior.
Fuente: Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción.
