nuevatribuna.es
25 de mayo de 2009, 15:46
NUEVATRIBUNA.ES 25.05.2009
En base a una información publicada por el diario El País, los tres sindicatos representados en el Congreso de los Diputados (CCOO, UGT y CGT) enviaron el pasado 12 de mayo al secretario general Manuel Alba Navarro una carta pidiendo explicaciones sobre las posibles incompatibilidades de dos letrados de las Cortes, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, que a su vez ejercen labores de asesoría legal en el bufete de abogados del diputado del PP, José María Michavila, despacho a través del cual han realizado contratos con ayuntamientos de la Comunidad valenciana y de Madrid, entre ellos el de Boadilla del Monte, cuyo alcalde, Arturo González Panero, tuvo que dimitir por su imputación en la trama de corrupción Gürtel.
La polémica por las actividades extraparlamentarias de estos dos abogados del Estado saltó el pasado mes de febrero. El Congreso abrió diligencias informativas para determinar posibles incompatibilidades pero casi tres meses después aún no ha habido un pronunciamiento oficial; es más, algunas fuentes apuntan a una posible “vía de salida” propuesta por Manuel Alba para que ambos letrados dejen de prestar servicio a la Cámara a cambio de un “plus” que podría ascender a la mitad de su sueldo actual.
En la última misiva del día 12 �a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es- los sindicatos lamentan no haber obtenido respuesta “si bien oficiosamente se nos hizo saber que la Administración no estaba obligada a facilitarnos dicha información y, por tanto, no iba a hacerlo”, señalan, al tiempo que advierten que no tolerarán que se dé “por cerrado” el expediente informativo con la simple declaración de los letrados.
“Si basta su declaración para dar por cerrado el expediente, tendremos que llegar a la conclusión de que éste será el criterio a seguir por la Secretaría General no sólo en éste sino en todos los expedientes disciplinarios que puedan producirse de ahora en adelante y, en coherencia con el mismo, la Plataforma Sindical informará siempre en contra de cualquier propuesta de sanción contra un empleado público de las Cortes Generales”, afirman.
En la carta también se recuerda que, según el reglamento, el funcionario activo “no podrá en ningún caso elaborar informes o dictámenes para las administraciones públicas” y califica de “un insulto a la inteligencia” que Alberto Dorrego haya justificado su actividad en base al ‘espíritu de la ley’ y a que los letrados del Congreso no intervengan en la elaboración de normas que sean competencia de las Cortes, una interpretación “impensable” que pueda hacer un experto en derecho, afirman los sindicatos.
Alrededor de 60 letrados (entre Congreso y Senado) componen el cuerpo de abogados del Estado que trabajan para las Cortes Generales, un gremio sumamente corporativista cuyos ‘privilegios’ se han perpetuado desde las Cortes Franquistas. Sus sueldos medios oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros netos al mes y su jornada laboral no pasa de las cinco horas al día. La mayoría de ellos ejercen otras funciones al margen de las Cámaras sobre todo como docentes en las Universidades, trabajos por los que presuntamente reciben también emolumentos.
Sus ausencias en el Congreso (hay días en los que no pisan el edificio de la Carrera de San Jerónimo) ha puesto también en un brete al presidente de la Cámara baja, José Bono, que no le ha quedado más opción que tomar cartas en el asunto. Fuentes de presidencia aseguran que el asunto “se va a arreglar” para “hacer cumplir el horario”, algo que, en estos momentos nadie les exige.
En base a una información publicada por el diario El País, los tres sindicatos representados en el Congreso de los Diputados (CCOO, UGT y CGT) enviaron el pasado 12 de mayo al secretario general Manuel Alba Navarro una carta pidiendo explicaciones sobre las posibles incompatibilidades de dos letrados de las Cortes, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, que a su vez ejercen labores de asesoría legal en el bufete de abogados del diputado del PP, José María Michavila, despacho a través del cual han realizado contratos con ayuntamientos de la Comunidad valenciana y de Madrid, entre ellos el de Boadilla del Monte, cuyo alcalde, Arturo González Panero, tuvo que dimitir por su imputación en la trama de corrupción Gürtel.
La polémica por las actividades extraparlamentarias de estos dos abogados del Estado saltó el pasado mes de febrero. El Congreso abrió diligencias informativas para determinar posibles incompatibilidades pero casi tres meses después aún no ha habido un pronunciamiento oficial; es más, algunas fuentes apuntan a una posible “vía de salida” propuesta por Manuel Alba para que ambos letrados dejen de prestar servicio a la Cámara a cambio de un “plus” que podría ascender a la mitad de su sueldo actual.
En la última misiva del día 12 �a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es- los sindicatos lamentan no haber obtenido respuesta “si bien oficiosamente se nos hizo saber que la Administración no estaba obligada a facilitarnos dicha información y, por tanto, no iba a hacerlo”, señalan, al tiempo que advierten que no tolerarán que se dé “por cerrado” el expediente informativo con la simple declaración de los letrados.
“Si basta su declaración para dar por cerrado el expediente, tendremos que llegar a la conclusión de que éste será el criterio a seguir por la Secretaría General no sólo en éste sino en todos los expedientes disciplinarios que puedan producirse de ahora en adelante y, en coherencia con el mismo, la Plataforma Sindical informará siempre en contra de cualquier propuesta de sanción contra un empleado público de las Cortes Generales”, afirman.
En la carta también se recuerda que, según el reglamento, el funcionario activo “no podrá en ningún caso elaborar informes o dictámenes para las administraciones públicas” y califica de “un insulto a la inteligencia” que Alberto Dorrego haya justificado su actividad en base al ‘espíritu de la ley’ y a que los letrados del Congreso no intervengan en la elaboración de normas que sean competencia de las Cortes, una interpretación “impensable” que pueda hacer un experto en derecho, afirman los sindicatos.
Alrededor de 60 letrados (entre Congreso y Senado) componen el cuerpo de abogados del Estado que trabajan para las Cortes Generales, un gremio sumamente corporativista cuyos ‘privilegios’ se han perpetuado desde las Cortes Franquistas. Sus sueldos medios oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros netos al mes y su jornada laboral no pasa de las cinco horas al día. La mayoría de ellos ejercen otras funciones al margen de las Cámaras sobre todo como docentes en las Universidades, trabajos por los que presuntamente reciben también emolumentos.
Sus ausencias en el Congreso (hay días en los que no pisan el edificio de la Carrera de San Jerónimo) ha puesto también en un brete al presidente de la Cámara baja, José Bono, que no le ha quedado más opción que tomar cartas en el asunto. Fuentes de presidencia aseguran que el asunto “se va a arreglar” para “hacer cumplir el horario”, algo que, en estos momentos nadie les exige.
