Resulta sorprendente la aparente sorpresa con que algunos han recibido los recientes indultos del Gobierno a condenados por delitos contra la seguridad vial. En lo que lleva de mandato Mariano Rajoy, ya son siete los reos que han visto perdonadas sus penas de cárcel,en algunos casos por homicidio. Es lo que le ha pasado a Ramón Jorge Ríos, un kamikaze que el 1 de diciembre de 2003 mató a un joven de 25 años al colisionar con su coche a la altura de Polinyà del Xùque, después de haber conducido a gran velocidad durante cinco kilómetros en contradirección por la autopista AP-7.
El hecho de que el bufete de abogados Uriel y Menéndez que se encargó de su defensa tenga en nómina a un hijo del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y a otro del diputado del PP Ignacio Astartola, ha despertado no pocas suspicacias ante este acuerdo del Consejo de Ministros refrendado por el rey. Sin embargo, todas ellas son, sin duda, infundadas. Porque, en el fondo, lo que ha permitido a Ramón Jorge librarse de 13 años en el trullo no ha sido tanto el trato de favor político, como la naturalidad con que la sociedad española de este post-fin de la historia parece asumir los perfiles del kamikaze como encarnación de los nuevos tiempos.
No es para menos. No en vano, hace tiempo que esta figura, evocadora del fanatismo bélico de los pilotos japoneses que tripulaban aviones suicidas en la batalla del Pacífico, se ha convertido en un acompañante habitual de nuestras cotidianas miserias. Y no se trata de los fantasmas que periódicamente recorren el imaginario de los informativos desde los prehistóricos tiempos del 11-S, rejuvenecidos estos días con la ofensiva de París en Mali y las contundencias argelinas en Tigantourine. No. La clave de este indisimulado protagonismo radica en que el kamikaze ha logrado personificar a la perfección la lógica que guía el funcionamiento de nuestras sociedades, en otro tiempo pretendidamente avanzadas.
Ahí está si no para confirmarlo la gürteliana figura Luis Bárcenas. Porque qué duda cabe que el extesorero del PP ha terminado convertido en todo un piloto suicida que parece dirigir su letal aparato de 22 millones en cuentas suizas contra los despachos de Dolores de Cospedal y del propio Rajoy. Así, la podredumbre de la corrupción vuelve a confirmarse como el principal como la bomba de relojería de unas instituciones democráticas cada vez más agotadas. Eso sí, sin que ello impida en este caso a la incombustible Esperanza Aguirre aspirar resurgir de la previsible colisión como el ave fénix de la política española, o mejor aún, como la emperatriz del Sol Renaciente gracias a las llamas de tan temerarios pilotos.
Así pues, si Bárdenas ha podido beneficiarse de la amnistía fiscal de Cristobal Montoro, además de un despacho en la calle Génova y abogados con minuta a cargo del PP, parece más que justificable que el kamikaze de la AP-7 sea a juicio del Gobierno merecedor, si no de una medalla, al menos de un indulto. Sobre todo si tenemos presente que las temerarias manos de estos fanáticos conductores, hace mucho que no se conformar con dirigir solo la maquinaria política, sino que adquirieron sin complejos los delicados mandos de la economía. Con el agravante de que, en este caso, lejos de manejar el volante de un modesto utilitario, asumen los mandos de una imparable locomotora que no dudan en dirigir contra los desgastados andenes del estado del bienestar.
Kamikazes travestidos de tecnócratas como el experto Luis de Guindos, capaz de las acrobacias necesarias para pasar de la ruinosa contabilidad de Lheman Brothers a la cartera de Economía del Reino de España. O el experto Mario Monti, flamante esperanza blanca de la república italiana, coronado por Bruselas con los laureles de Roma tras haber asesorado antes desde Goldman Sachs al gobierno griego de Konstantinos Karamanlis en las viejas artes de falsificar las cuentas públicas. Son los caprichos que tienen estos nuevos tiempos donde mandan los conductores suicidas del recorte perpetuo. Esos que se empeñan en deslumbrarnos con la cegadora luz de sus autos, confiados en que tras el guiñapo de nuestros cadáveres en la carretera siempre les aguardará la reconfortante condescendencia de un buen indulto.
