nuevatribuna.es
15 de febrero de 2009, 13:05
NUEVATRIBUNA.ES- 12.02.2009
Cuando se van a cumplir dos semanas de la constitución de la comisión sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid aún no hay fecha para el arranque de los trabajos cuyo plazo de finalización impuesto por el PP para el 28 de febrero se ha tenido que ampliar necesariamente un mes más, mientras se sigue a la espera de que el Grupo Popular presente su lista de comparecientes.
No pasa día en que la oposición denuncie el “bloqueo” y los intentos del PP de obstruir una investigación que ha cobrado mayor importancia con la suma de escándalos sobre corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El clima que se vive en el Parlamento regional pone de manifiesto el momento especialmente grave que vive la Comunidad de Madrid y la profunda crisis del Gobierno de Esperanza Aguirre, trasladada al PP nacional, preocupado por las consecuencias que pueda tener cara a las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo.
Este lunes se reúne la mesa de la comisión, justo una hora antes de que lo haga la Mesa de la Asamblea que es la que tiene que calificar las personas que comparecerán en el órgano, por lo que tampoco la próxima semana comenzarán los interrogatorios. El PP mantiene que no presentará su lista hasta que acabe el plazo, un argumento que cae por su propio peso, dado que el plazo está abierto hasta el mismo momento en que concluyan los trabajos de la comisión.
El PP nacional quiere salvar la campaña electoral
Las razones por las que el PP está ralentizando los trabajos de la comisión pueden tener varias lecturas a juicio de la oposición. La primera, y más grave, puesta de manifiesto por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, es la posible destrucción de documentación pública.
La otra razón de fondo para que el PP de Madrid dilate todo lo posible esta comisión es la cercanía de las elecciones, por el peligro de que el foco de atención durante la campaña se centre en las supuestas tramas de corrupción y espionaje que le salpican. En este sentido, Aguirre podría salir muy debilitada por el revulsivo que puede suponer para ella unos malos resultados en dichos comicios, con el PP vasco y gallego pidiendo responsabilidades a Madrid, y no precisamente a Mariano Rajoy.
Para la oposición, la obstrucción de la comisión de investigación tiene dos frentes. Por un lado la aprobación de la lista de comparecientes para iniciar los interrogatorios que ya ha sido cursada por el PSOE y por Izquierda Unida; y por otro lado la documentación solicitada que ha sufrido un importante recorte, calificado por la oposición como la “censura previa” de los populares a información que podría ser ciertamente comprometida.
El 60 por ciento de la documentación censurada
Más de la mitad de los documentos pedidos por la izquierda en la cámara autonómica han sido rechazados por el PP. De 60 peticiones hechas por el PSOE, 34 han sido negadas de entrada, esto quiere decir que no han sido ni siquiera calificadas; mientras 4 de ellas están pendientes, al entender el PP que han sido mal formuladas.
Por su parte, IU cursó 45, siendo cercenadas 21, y permaneciendo 5 en estudio.
El PP se niega a dar información sobre los “expedientes administrativos” de los empleados públicos que realizan tareas de seguridad en la Administración autonómica, pedido por el PSOE. Rechaza asimismo suministrar los documentos que en materia de seguridad la consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados, dirigió a otros departamentos y administraciones públicas; así como por partes de los juzgados y tribunales de la comunidad, la policía local y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los socialistas también solicitaron el “registro de entrada y salida de documentos” y el de “entrada y salida de personas” de la Consejería de Interior; de la Vicepresidencia que ostenta Ignacio González (uno de los supuestamente espiados) y del Canal de Isabel II. El PSOE pidió asimismo la relación de viajes oficiales al extranjero realizados por el consejero Granados; el vicepresidente; el gerente, el presidente, el director de seguridad, y el director de sistemas de información del Canal; así como las facturas de compra de móviles con tarjetas prepago adquiridos por cualquier consejería. Todas las solicitudes han sido denegadas.
En su petición, Izquierda Unida abunda en estas informaciones y resalta el hecho de que el PP no haya aceptado ni una sola de las solicitudes sobre el vicepresidente González, cuyos viajes al extranjero parecen “secretos”, denuncia.
El PP pide información del CNI, de Interior y de La Moncloa
Contrasta por otro lado, la la documentación solicitada por el PP relativa al supuesto seguimiento hecho por agentes del Centro Nacional de Inteligencia al diputado popular Manuel Pizarro (que ha sido admitida); o los registros de entrada y salida de personal y visitas del mismo CNI, del Ministerio de Interior y de la Moncloa, que han sido finalmente rechazados junto con la petición de las grabaciones efectuadas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada; sobre viajes sufragados al PSOE de Pinto; o los dictámenes sobre espionaje en las Cajas de Ahorro de Andalucía y la televisión pública gallega.
Con estos mimbres y dado los retrasos, la comisión de investigación en la Asamblea va camino de convertirse en una ‘comisión fantasma’, aunque la oposición no está dispuesta a tirar la toalla y advierte de que removerá cielo y tierra para llegar al fondo de la supuesta trama, una red de espionaje que �según la oposición- podría estar muy ligada con la red de corrupción investigada por Baltasar Garzón.
Cuando se van a cumplir dos semanas de la constitución de la comisión sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid aún no hay fecha para el arranque de los trabajos cuyo plazo de finalización impuesto por el PP para el 28 de febrero se ha tenido que ampliar necesariamente un mes más, mientras se sigue a la espera de que el Grupo Popular presente su lista de comparecientes.
No pasa día en que la oposición denuncie el “bloqueo” y los intentos del PP de obstruir una investigación que ha cobrado mayor importancia con la suma de escándalos sobre corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El clima que se vive en el Parlamento regional pone de manifiesto el momento especialmente grave que vive la Comunidad de Madrid y la profunda crisis del Gobierno de Esperanza Aguirre, trasladada al PP nacional, preocupado por las consecuencias que pueda tener cara a las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo.
Este lunes se reúne la mesa de la comisión, justo una hora antes de que lo haga la Mesa de la Asamblea que es la que tiene que calificar las personas que comparecerán en el órgano, por lo que tampoco la próxima semana comenzarán los interrogatorios. El PP mantiene que no presentará su lista hasta que acabe el plazo, un argumento que cae por su propio peso, dado que el plazo está abierto hasta el mismo momento en que concluyan los trabajos de la comisión.
El PP nacional quiere salvar la campaña electoral
Las razones por las que el PP está ralentizando los trabajos de la comisión pueden tener varias lecturas a juicio de la oposición. La primera, y más grave, puesta de manifiesto por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, es la posible destrucción de documentación pública.
La otra razón de fondo para que el PP de Madrid dilate todo lo posible esta comisión es la cercanía de las elecciones, por el peligro de que el foco de atención durante la campaña se centre en las supuestas tramas de corrupción y espionaje que le salpican. En este sentido, Aguirre podría salir muy debilitada por el revulsivo que puede suponer para ella unos malos resultados en dichos comicios, con el PP vasco y gallego pidiendo responsabilidades a Madrid, y no precisamente a Mariano Rajoy.
Para la oposición, la obstrucción de la comisión de investigación tiene dos frentes. Por un lado la aprobación de la lista de comparecientes para iniciar los interrogatorios que ya ha sido cursada por el PSOE y por Izquierda Unida; y por otro lado la documentación solicitada que ha sufrido un importante recorte, calificado por la oposición como la “censura previa” de los populares a información que podría ser ciertamente comprometida.
El 60 por ciento de la documentación censurada
Más de la mitad de los documentos pedidos por la izquierda en la cámara autonómica han sido rechazados por el PP. De 60 peticiones hechas por el PSOE, 34 han sido negadas de entrada, esto quiere decir que no han sido ni siquiera calificadas; mientras 4 de ellas están pendientes, al entender el PP que han sido mal formuladas.
Por su parte, IU cursó 45, siendo cercenadas 21, y permaneciendo 5 en estudio.
El PP se niega a dar información sobre los “expedientes administrativos” de los empleados públicos que realizan tareas de seguridad en la Administración autonómica, pedido por el PSOE. Rechaza asimismo suministrar los documentos que en materia de seguridad la consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados, dirigió a otros departamentos y administraciones públicas; así como por partes de los juzgados y tribunales de la comunidad, la policía local y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los socialistas también solicitaron el “registro de entrada y salida de documentos” y el de “entrada y salida de personas” de la Consejería de Interior; de la Vicepresidencia que ostenta Ignacio González (uno de los supuestamente espiados) y del Canal de Isabel II. El PSOE pidió asimismo la relación de viajes oficiales al extranjero realizados por el consejero Granados; el vicepresidente; el gerente, el presidente, el director de seguridad, y el director de sistemas de información del Canal; así como las facturas de compra de móviles con tarjetas prepago adquiridos por cualquier consejería. Todas las solicitudes han sido denegadas.
En su petición, Izquierda Unida abunda en estas informaciones y resalta el hecho de que el PP no haya aceptado ni una sola de las solicitudes sobre el vicepresidente González, cuyos viajes al extranjero parecen “secretos”, denuncia.
El PP pide información del CNI, de Interior y de La Moncloa
Contrasta por otro lado, la la documentación solicitada por el PP relativa al supuesto seguimiento hecho por agentes del Centro Nacional de Inteligencia al diputado popular Manuel Pizarro (que ha sido admitida); o los registros de entrada y salida de personal y visitas del mismo CNI, del Ministerio de Interior y de la Moncloa, que han sido finalmente rechazados junto con la petición de las grabaciones efectuadas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada; sobre viajes sufragados al PSOE de Pinto; o los dictámenes sobre espionaje en las Cajas de Ahorro de Andalucía y la televisión pública gallega.
Con estos mimbres y dado los retrasos, la comisión de investigación en la Asamblea va camino de convertirse en una ‘comisión fantasma’, aunque la oposición no está dispuesta a tirar la toalla y advierte de que removerá cielo y tierra para llegar al fondo de la supuesta trama, una red de espionaje que �según la oposición- podría estar muy ligada con la red de corrupción investigada por Baltasar Garzón.
