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lunes. 27.06.2022

Todavía hoy no se han explicado las razones reales de una medida de esta trascendencia, ni de su urgencia, más allá de cuatro tópicos tautológicos: es necesaria, la necesitamos, nos lo piden, nos lo exigen, es positiva para nuestro futuro.Tampoco se han dado argumentos serios a la negativa a someter la decisión final a referéndum. Y los que se han dado todavía empeoran la cosa porque tratan a la ciudadanía de menores de edad, sin capacidad para entender las razones que si entienden el Gobierno y los diputados del PP PSOE. Y como menores de edad, a la ciudadanía no se la puede dejar votar no sea que provoquen un estruendo.

Pero la oscuridad no se queda ahí. En estos momentos desconocemos que es exactamente lo que CiU pretendía pactar con PP y PSOE y que al final no pudo ser, no por ganas mutuas, sino porque Gaspar Llamazares en nombre de IU e ICV lo impidió, al negarse -utilizando el Reglamento de la Cámara- a aceptar la votación de una enmienda transaccional negociada al margen del Congreso.

En estos momentos, no sólo desconocemos la dimensión de lo que habían pactado PP-PSOE con CiU, sino que tampoco sabemos a cambio de qué.

A buen seguro que, como en muchas otras ocasiones, las razones públicas serían unas y las reales otras. Las razones públicas ya se habían insinuado antes. El PP-PSOE conseguían una cierta neutralidad de CiU y así la reforma constitucional no aparecía tan limitada de soportes. CiU y especialmente su dirigente Duran Lleida hacía alarde de sentido de Estado y de haber conseguido alguna mejora para el autogobierno de Cataluña. Es la táctica marca de la casa CiU y quien mejor la representa se Duran i Lleida. Un verdadero especialista en presentar sus actuaciones en nombre del interés general, de su sentido de Estado y de la defensa de Cataluña, cuando casi siempre responden a intereses particulares que representa y en nombre de los lobbys para los que trabaja. Bien le podríamos aplicar el título de aquella película "Porque le dicen amor cuando quieren decir sexo".

En estos momentos hay más que indicios de que el apoyo de Duran Lleida y CiU no era "gratia et amore", sino a cambio de que el Gobierno y el PSOE acepten incorporar nuevos cambios en el proyecto de ley de negociación colectiva que avancen aún más en la desregulación de las relaciones laborales y en el ataque a la capacidad de regulación normativa de la negociación colectiva.

En los próximos días lo sabremos. No sería la primera vez en que se producen acuerdos de este tipo en que los derechos de las personas son moneda de cambio del interés del Gobierno de turno para asegurar mayorías parlamentarias, aprobación de presupuestos u otros intereses partidistas. De hecho las relaciones entre CiU y el PSOE y el PP están basadas en esta lógica. De cara a fuera, CiU garantiza la estabilidad en España y defensa Cataluña y de cara adentro se cobra leyes, normas, decisiones que benefician a los intereses económicos que representan.

Y si esto ha sido así en todas las legislaturas, en esta se ha superado cualquier listón anterior. Especialmente desde la fatídica noche del 9 de mayo de 2010, Zapatero y su gobierno han aprobado en el Parlamento todo tipo de medidas, especialmente en el terreno laboral, que nada tienen que ver con la solución de los problemas y mucho con el aprovechamiento de la crisis por los oportunistas que han visto su oportunidad para desregular las relaciones laborales.

Desgraciadamente los derechos de las personas ha servido de moneda de cambio del mantenimiento y estabilidad -aunque fuera precaria- del Gobierno Zapatero.

Los derechos de las personas como moneda de cambio
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