"Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad"
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hizo este jueves uso del turno de última palabra durante la vista por las escuchas a los imputados de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión para defender su actuación y afirmar que en todo momento se defendió el derecho de defensa de los investigados. "Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad", afirmó.
El juez, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, ha tenido que despojarse de su toga por segunda vez en este juicio -la primera fue al declarar como acusado- y, siguiendo con la afonía que sufre desde el inicio de esta semana, ha recordado que hacía uso de la palabra porque será la última vez que pueda hacerlo "ante un tribunal de justicia español en este caso".
Advertido hasta en tres ocasiones de la necesidad de ser breve en su intervención por el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, Garzón se ha adherido a las palabras vertidas momentos antes por su defensor y lo dicho esta mañana por los fiscales para defender su actuación, por la que se enfrenta a penas de inhabilitación de hasta 17 años. El juicio ha quedado visto para sentencia.
"Soy juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y llevo en ese juzgado 23 años de los 31 que formo parte de la carrera judicial", manifestó Garzón, para introducir el argumento de que "en la competencia" que le da ese cargo tomó las medidas -el dictado de los autos de intervención de las comunicaciones- que creyó necesarias y que asume porque fueron tomadas "reflexivamente en y en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas nacionales y también de los convenios internacionales de los que España es parte ".
"Abrir una puerta a la injusticia significa que se hace para que entren todas las demás", dijo Garzón citando al político socialdemócrata aleman Willy Brandt
Seguidamente, el juez ha realizado algunas puntualizaciones sobre lo manifestado unas horas antes por los abogados de la acusación particular para recordar que el juez es quien tiene encomendada la protección del derecho de defensa y que en este caso "en ningún momento se violentó ni se lesionó", sino que por el contrario se "defendió" dicho derecho "con apego a la ley e intentando conciliar los derechos fundamentales en juego".
La prueba más palpable de ello, según Garzón, es la cláusula que introdujo en los autos señalando expresamente que el derecho de defensa debía ser preservado, así como el auto que dictó unos días más tarde, el 27 de marzo de 2009, para expurgar de las transcripciones aquellos fragmentos que pudieran afectarlo.
Además, Garzón recordó que se trataba de evitar la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que es de carácter grave, y que las leyes exigían adoptar la medida que él llevo a cabo" en virtud de las circunstancias concretas de ese acto y en ese momento. De hecho, ha recordado que los agentes de la UDEF tuvieron que desplazarse al extranjero "porque era allí donde se cometían los hechos delictivos y donde desaparecían los fondos"
Finalmente, y sobre el método realizado para hacer los expurgos, puntualizó que el juez "no puede prescindir del Ministerio Fiscal y de su concurso en el desarrollo de una instrucción mucho menos cuando las diligencias están secretas", y que en este caso la fiscalía Anticorrupción "contribuyó" a esta tarea.
El juez ha aludido a una frase del político socialdemócrata aleman Willy Brandt, que señaló que "abrir una puerta a la injusticia significa que se hace para que entren todas las demás" y ha manifestado que le ha parecido "muy fuerte" que las acusaciones señalaran que había utilizado "la razón de Estado como excusa de los tiranos". "La única razón de estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos", ha dicho Garzón.
Por su parte, en su exposición final, el abogado del juez Baltasar Garzón, Francisco Baena, ha señalado que su cliente no cometió una "clamorosa prevaricación" al autorizar las escuchas de las conversaciones que los cabecillas de la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados sino que en todo caso incurrió en "una clamorosa equivocación" que ha provocado un proceso que, a su juicio, constituye "una clamorosa exageración".
