La reforma del Código Penal, además de endurecer el tratamiento penal y administrativo de la respuesta social “elimina la resocialización de los colectivos más desfavorecidos, mientras demuestra falta de ambición al abordar la corrupción política y el fraude fiscal generalizado”
La Dirección Confederal de CCOO, tras conocer la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley mordaza) y la reforma del Código Penal, ha hecho pública una declaración en la que advierte de los riesgos para la democracia de unas leyes que “apuntan a la criminalización del conflicto social y consolidan un modelo autoritario y regresivo de libertades públicas”.
Para CCOO la reforma del Código Penal, además de endurecer el tratamiento penal y administrativo de la respuesta social –no olvidemos que mantiene el artículo 315, un apartado preconstitucional, especialmente concebido para reprimir la actividad sindical- “elimina la resocialización de los colectivos más desfavorecidos, mientras demuestra falta de ambición al abordar la corrupción política y el fraude fiscal generalizado”.
Por su parte, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, si bien es verdad que conoció en el Senado algún cambio positivo para suavizar las sanciones previstas en torno a los conflictos derivados de los derechos de reunión y manifestación, sigue instalada en un modelo basado en la respuesta autoritaria a los conflictos sociales. “Es una mala noticia para la democracia, denuncia CCOO, porque parte de la idea de que es necesario endurecer la acción sancionadora ante las protestas sociales”.
Tanto la reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana refuerzan las funciones de la autoridad gubernativa para sancionar comportamientos que, hasta ahora, estaban bajo la salvaguarda de los juzgados y tribunales, incrementando además la sanción económica y asumiendo nuevas competencias en el control en el control de los derechos de reunión y manifestación, lo que únicamente contribuye a debilitar la tutela judicial efectiva y a aumentar la capacidad del poder político para imponer sanciones.
Frente a esta situación, CCOO seguirá defendiendo un nuevo modelo de Seguridad Ciudadana, que respete el derecho a la tutela judicial y que garantice la independencia y objetividad en las restricciones que puedan adoptarse en el ejercicio de derechos fundamentales, “lo que nada tiene que ver con atribuir competencias desproporcionadas a la autoridad gubernativa, es decir, a cargos basados en la confianza política”. Y a la vez, CCOO insistirá en la necesidad de que ningún sindicalista, por ejercer el derecho de huelga, ingrese en prisión –hay 300 sindicalistas con petición penal o sanción administrativa-, para lo que mantendremos activa la campaña huelga no es delito en el ámbito nacional e internacional.
