Resulta notorio que las causas de estas demoras se encuentran en la falta de medios y en las insuficiencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los procesos puedan ser más ágiles
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se plantea como modificación principal la fijación de un plazo máximo de 6 meses para las investigaciones penales, que en algunos casos sería prorrogable a 18 meses. En el ámbito judicial existe coincidencia en que sería muy positivo que nuestra administración de justicia diera una respuesta más rápida. Pero resulta notorio que las causas de estas demoras se encuentran en la falta de medios y en las insuficiencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los procesos puedan ser más ágiles.
Por ello, la fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida. Al contrario, la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser especialmente preocupantes en los casos de corrupción. Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los EREs o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer.
Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los EREs o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer.
Sin duda, resulta mucho más sencillo maquillar una ley en el parlamento que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro deteriorado sistema judicial. Pero ello no justifica que se pretenda actuar a base de golpes de efecto o de brindis al sol. Recordamos que el ministro Gallardón tuvo largo tiempo para preparar un nuevo Código Procesal Penal, que quedó finalmente aparcado, a pesar de contar con un gobierno apoyado por una mayoría absoluta parlamentaria. La incapacidad para llevar adelante esta nueva legislación ahora se convierte en una iniciativa precipitada, que supone un parche poco realista y absolutamente incapaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia.
En su comparecencia ante los medios el ministro Rafael Catalá no ha explicado cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados. Al contrario, a los jueces nos ha dicho que no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales. Y que debemos arreglarnos con los medios actuales.
Desde Jueces para la Democracia recuerdan, como acaban de señalar los magistrados decanos, que "nos encontramos a la cola europea en el número de jueces por habitante, así como en el gasto en Justicia". Y que "nuestros juzgados carecen de los recursos materiales más elementales y necesitan más peritos especializados y policía judicial que dependa de nuestros tribunales". Además, todavía seguimos esperando la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y que los sistemas informáticos sean compatibles, pues no resulta posible el traslado de información con la Fiscalía y entre la mayoría de comunidades autónomas. No resulta admisible que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción judicial que los juzgados para perseguirles.
Por ello, sorprende que sigan sin resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir. Reclaman a los poderes públicos más responsabilidad y que no se generen expectativas que acaban provocando más frustración entre la ciudadanía. En lugar de iniciativas apresuradas y sin fundamento, solicitamos un Pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas se comprometan de verdad a la modernización de nuestro sistema judicial.
