Salir en los medios de comunicación ha sido la falta por la que dos profesores han sido castigados por la Consejería de la Comunidad de Madrid
Salir en los medios de comunicación ha sido la falta por la que dos profesores han sido castigados por la Consejería de la Comunidad de Madrid. Los hechos se produjeron a finales de octubre a raíz de las protestas por los recortes educativos a lo que siguió una campaña de desprestigio e insultos contra los docentes llegándoles a acusar, en palabras de la presidenta Esperanza Aguirre y de su fiel consejera Lucía Fígar, de llevar a cabo una huelga política.
Y si ya fueron gruesas las declaraciones públicas, aún más escandalosas son las que ciertos cargos de Educación formularon en privado a algunos profesores. La coacción, el chantaje y las prácticas intimidatorios han estado a la orden del día desde que se inició el conflicto y algunos profesores han sufrido los castigos ‘ejemplares’ impuestos por altos cargos de la consejería de Educación.
Eso fue lo que pasó con un profesor al que el director territorial de Madrid Norte, Enrique Ramos, comunicó el pasado 21 de octubre que debía desplazarse a otro centro del habitual compartiendo horarios con el nuevo. Verbalmente, Ramos le comentó que esta medida era por “haber salido en los medios de comunicación”. Se refería a unas declaraciones que el docente hizo al diario El País manifestando el horario que con las medidas de la Consejería de Educación tenia que hacer, así como las asignaturas que debía impartir.
El caso se repitió por parte del director de área territorial Madrid Oeste, José Macías, quien el 27 de octubre modificó la especialidad de un docente argumentando que la medida era porque había salido en los medios de comunicación. En este caso fue por declaraciones al periódico gratuito “20 minutos” donde habló sobre el horario que impartía en este curso escolar.
Pues bien, estos hechos han llevado a los profesores sancionados a interponer una denuncia penal por un delito de prevaricación contra los dos altos cargos citados. El escrito, elaborado por la abogada Carmen Perona, en representación de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, pone de manifiesto la “posible actuación delictiva de ambos altos cargos al adoptar resoluciones, a sabiendas no ajustadas a derecho, que suponen graves perjuicios para algunos profesores destinados en centros educativos públicos de esas áreas territoriales”.
Los profesores “castigados” lo son, como se fundamenta en la denuncia presentada, “por haber osado ejercer su derecho constitucional a opinar y por haberse comportado éticamente de forma ejemplar, declarando públicamente la verdad sobre su situación laboral: que estaban haciéndose cargo de asignaturas de las que no eran especialistas y que la propia administración reconoce que no son afines a las materias en las que esos profesores son titulados.
Los docentes ”represaliados” informaron en distintos periódicos y medios de comunicación audiovisuales que estaban impartiendo asignaturas de las que no eran especialistas. Los dos directores de área, “en vez de reconocer y corregir esa situación perjudicial para el alumnado, amenazaron a los profesores, advirtiéndoles, verbalmente y en conversaciones personales, de las consecuencias negativas a las que se exponían, si no rectificaban sus declaraciones”, denuncian.
Los denunciantes consideran que los altos cargos, nombrados por la consejera Lucía Figar, “desautorizaban a esos profesores, les exigían mentir y los chantajeaban, ya que les recomendaban aceptar la caprichosa e improcedente sanción que les imponían: trasladarse del centro en el que estaban trabajando a otro centro”.
Los profesores finalmente trasladados a otro centro u obligados a compartir dos centros -al que habían sido adscritos en principio y uno nuevo, al que estos dos altos cargos los destinan tras sus declaraciones-, “cumplen con la injusta e improcedente sanción, pero no aceptan el chantaje y por eso mantienen su denuncia pública de la arbitraria decisión de la administración y presentan a través de los servicios jurídicos de CCOO la denuncia penal correspondiente por prevaricación y abuso de autoridad”.
Para CCOO estos hechos y acciones “son propios de otros tiempos no democráticos, inadmisibles en el actual estado de derecho”, por lo que piden el pronunciamiento judicial correspondiente, ya que “nos encontramos ante una actuación que puede ser constitutiva de delito especial propio, que sólo pueden cometer aquellas personas en quienes concurra una determinada condición que en este caso tiene un doble contenido: en calidad de funcionario público que tiene competencia para resolver asuntos administrativos y que al dictar una resolución injusta, lo hace “a sabiendas”, es decir, con conocimiento de la injusticia de lo resuelto”.
