domingo 31.05.2020
OPINIóN | ANTONIO BAYLOS

Las políticas de austeridad no pueden vulnerar los derechos sociales fundamentales de los trabajadores

Las políticas de austeridad no pueden vulnerar los derechos sociales fundamentales

La profunda crisis económica que ha afectado a Europa y las medidas que las autoridades monetarias y políticas europeas han puesto en marcha para combatir sus efectos, se han venido generando desde una situación de excepcionalidad política. No sólo es que el lenguaje que acompaña a estas medidas se exprese en tales términos, sino que la emanación de estas medidas y la imposición de las mismas a los países miembros en dificultades para financiar sus deudas soberanas y para cuadrar el equilibrio presupuestario se ha realizado fuera de los esquemas normativos del derecho europeo, mediante orientaciones, informes o incluso cartas personales, al margen por tanto de los procedimientos regulares de formación de reglas y de normas. Cuando por el contrario se ha formalizado el pacto de estabilidad y crecimiento, se han generado mecanismos sancionatorios a través de una mayoría cualificada inversa que resultan contrarios a los previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, consolidado tan sólo en el 2008. Esta forma de proceder se ha trasladado además a los países miembros, que reiteran en la aplicación de sus medidas un modelo de gobierno basado en el que suministra la institución del estado de excepción sin ninguna de las garantías previstas en este. En definitiva, la crisis y las políticas de austeridad no sólo están demostrándose contraproducentes en cuanto al objetivo declarado de impulsar el crecimiento, sino que se están generando al margen de los mecanismos democráticos que dan sentido a la cultura política europea.

Pero además de ello, y en lo que respecta a sus contenidos, la política anti-crisis de la Unión Europea y las “reformas estructurales” que ha impuesto, se caracteriza por una abierta hostilidad al modelo social europeo y por la vulneración de principios básicos de regulación de las relaciones laborales en una democracia social. Estamos en un mundo global en el que la OIT ha acuñado el término de trabajo decente como trabajo con derechos colectivos e individuales, y que proporciona un esquema universal de respeto a derechos fundamentales tal como viene reconocido en su Declaración de 1998. Nadie podría pensar que Europa, un territorio en el que la práctica totalidad de sus países miembros – con la excepción del Reino Unido – tienen un bloque de constitucionalidad construido en torno al reconocimiento de derechos sociales y del principio de autonomía colectiva, y en donde se ha acuñado la expresión del modelo social como una seña de identidad europea, fuera a partir del 2010, un espacio “fuera de la ley” en el que se procediera a violaciones masivas de los derechos laborales y de los estándares internacionales en materia de libertad sindical y condiciones de trabajo. La vulneración de tales derechos es directamente achacable a las políticas de austeridad frente a la crisis y a las “medidas de reforma estructural” que estás han inducido en los respectivos ordenamientos internos, pero se plantean jurídicamente como violaciones de los compromisos internacionales asumidos por los Estados respectivos, que, consecuentemente, han sido objeto de impugnación ante la OIT. Grecia primero, Portugal después y España, han sido los países denunciados con más fuerza ante esta organización.

Es en este contexto en el que el Instituto Sindical Europeo (ETUI en sus siglas inglesas) ha convocado a los juristas del trabajo de toda Europa a firmar un manifiesto para que la Unión Europea respete y promueva los derechos sociales fundamentales especialmente en lo que se refiere a las medidas adoptadas para combatir la crisis. El manifiesto subraya el carácter anti-social de las medidas impuestas por la “troika” (FMI, BCE y Comisión Europea), orientadas hacia la flexibilización de las relaciones laborales como “modernización” de los derechos del trabajo nacionales, que en algunos países han generado reformas drásticas sin diálogo ni negociación con los interlocutores sociales, en especial con los sindicatos. En tanto que juristas sociales y del trabajo, los firmantes del manifiesto subrayan las nocivas consecuencias de estas reformas en dos grandes campos, el del “ataque sistemático” a la negociación colectiva y la amplia desregulación de las relaciones laborales con la liberalización del despido y el incremento del trabajo precario, con la repercusión negativa que estas medidas han causado sobre el empleo y los sistemas de protección social. De tal manera, se afirma con razón, que las drásticas medidas de austeridad en su vertiente laboral conducen a “un rechazo de Europa y de los valores europeos”, además de otros efectos perversos como el incremento de la xenofobia contra minorías étnicas e inmigrantes en varios países de la UE.

La situación es de extrema gravedad. Los juristas convocados por el IES exigen a las instituciones europeas que se sometan a la legalidad y que adecúen sus políticas a tres grandes principios fundamentales. En primer lugar, a los valores afirmados en el Tratado de Lisboa de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el principio de legalidad y el respeto de los derechos humanos, y la obligación de trabajar por un desarrollo sostenible en Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una competitiva economía social de mercado que conduzca al pleno empleo y el progreso social, y a un alto nivel de protección y de garantía de la calidad del medio ambiente. Además se recuerda que los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea obligan a las autoridades europeas a observarlos y garantizarlos en su normativa y en sus políticas. En particular el derecho de negociación y de acción colectiva, incluido el derecho de huelga, que debe ser interpretado a la luz de los Convenios de la OIT ratificados por los estados miembros, a lo que obliga asimismo el art. 53 de la Carta de Derechos Fundamentales.

Sobre esta base, los jefes de estado y de gobierno a través de su participación en el Consejo Europeo deben garantizar, de forma clara y sin ambigüedades, el marco legal vigente, con especial atención a la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus representantes. La forma de lograr este objetivo al que están obligadas las autoridades europeas y nacionales no es subordinando los derechos sociales a las libertades del mercado y la libre concurrencia, sino por el contrario reconociendo plenamente los derechos fundamentales como pre-condiciones necesarias para reiniciar un desarrollo sostenible y social de progreso en la UE y en cada uno de sus Estados miembros. Un derecho del trabajo sólido y unos estándares sociales altos desempeñan un papel crucial en el re-equilibrio económico, el mantenimiento del poder adquisitivo y el fomento de inversiones en un trabajo de calidad.

Al no hacerlo así, la llamada Troika y sobre todo la Comisión Europea están quebrantando los elementos básicos del Modelo Social Europeo y el espíritu de la Declaración de Filadelfia de 1944, reconocido como el principio fundante de una civilización democrática. De esta manera, “el modelo social europeo está padeciendo – virtualmente en silencio – su completa deconstrucción y, últimamente, quizá su destrucción”. Y si “se hunde el modelo social europeo, ¿qué quedará del proyecto europeo? “.

Mantener una Europa social es una obligación legal y debe por tanto formar parte de las responsabilidades de sus gobernantes y orientar sus políticas. Hacer lo contrario – como se está realizando a cada momento en la realidad – supone quebrantar la ley y situarse al margen de los procedimientos democráticos y de la legalidad internacional. Lo que implica que las políticas de austeridad carecen de validez democrática y no están legitimadas. Esta conclusión es lo suficientemente trascendente como para que sobrepase el círculo de los especialistas europeos en derecho del trabajo y sea utilizado como una opinión autorizada, un parecer serio y riguroso en apoyo de las posiciones de los sindicatos y de los movimientos sociales que se oponen a la destrucción del empleo estable y de los derechos a él asociados que está llevando a cabo en Europa bajo la forma de una situación de excepcionalidad que deviene permanente.

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