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NUEVATRIBUNA.ES / 03.11.2010

En 1997, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, dictó una circular que fijaba la obligación de empadronar a todos los inmigrantes, estuvieran o no en situación irregular. El texto era claro: “En el padrón deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Ministerio del Interior”. También precisaba que los ayuntamientos no pueden intervenir ni controlar la concesión de permisos de residencia y que el padrón debía limitarse a reflejar el domicilio y las circunstancias de todas las personas que vivan en un municipio sin entrar a controlar “la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda o de la residencia en España”.

Esta orden se aprobó en un gobierno del PP, sigue vigente y es una orden estatal que ningún gobierno municipal está en condiciones de modificar pese al discurso que ha liderado la candidata del PP a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.

En los últimos años, el partido que lidera Rajoy ha pasado de defender el derecho a la sanidad y la educación públicas a endurecer sus propuestas en la línea de Nicolás Sarkozy (Francia) e incluso de Silvio Berlusconi (Italia). En enero de este año, el líder de la oposición manifestó que todos los inmigrantes, tuvieran o no papeles, tenían el derecho a los servicios públicos básicos “por el mero hecho de ser seres humanos”, dijo. Rajoy no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse con algunos inmigrantes (como aparece en la foto realizada en mayo pasado), mientras en los despachos se elaboran iniciativas electorales que muchos tachan de claramente xenófobas.

La inmigración ha entrado de lleno en la campaña para las elecciones catalanas del 28 de noviembre con el PP como principal protagonista de un debate que partidos como el liderado por Josep Anglada, Plataforma per Catalunya, han llevado al extremo. Los populares no parecen querer pasar por alto los buenos réditos electorales que obtuvieron en Badalona en las últimas elecciones municipales con el discurso antiinmigración del portavoz del PP en esa localidad, Xavier García Albiol, impulsor de los folletos con el lema “no queremos rumanos”.

Génova ha dado carta blanca a su partido en Cataluña para endurecer su discurso sobre inmigración. El pasado 10 de octubre, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, denunció en un pleno el “abuso” de la sanidad pública por parte del colectivo de inmigrantes. La arenga llegaba después de conocerse que el borrador del programa electoral de Sánchez-Camacho apuesta por “establecer un mayor control en la inscripción en el padrón exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia) a los inmigrantes para poder empadronarse con la finalidad de realizar el empadronamiento de extranjeros con las mayores garantías de legalidad y seguridad jurídica”. Tuvo que ser el todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el que recordara al PP la imposibilidad de negar el empadronamiento y en este sentido censuró la actitud de Sánchez-Camacho que “demuestra saber muy poco de inmigración”, dijo.

Hace unos días, el pasado 30 de octubre, Fernández Díaz, también llevaba al pleno otra idea que ya planteó Rajoy en la campaña de las elecciones de 2008, el llamado “visado por puntos” para premiar a los extranjeros que mostraran “mayor capacidad de integración”. La novedad ahora es que los permisos de trabajo y residencia irían vinculados a la obtención de un certificado que se definiría de “buena conducta”, de tal forma que los inmigrantes que no cumpliesen con las ordenanzas municipales no obtendrían ningún tipo de ayudas o servicios.

Ayer mismo, Rajoy, que está muy activo en la campaña catalana, aseguró que no se puede hacer creer a un inmigrante que puede estar en España ilegalmente: “Es un mensaje peligroso hacer ver que el que está ilegal tiene derecho a estarlo”, dijo. A su juicio, “la capacidad de acogida de un país no es ilimitada” y recordó que España es el segundo país, por detrás de Alemania, en número de inmigrantes. Los extranjeros –añadió- “deben saber que las leyes son las mismas para todos los ciudadanos, con derechos, pero con los mismos deberes y obligaciones”.

 

Las contradicciones de Rajoy atropellan a la inmigración