Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds y portavoz de Energía del grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, ha defendido ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una proposición de ley de medidas para prevenir la pobreza energética. En el transcurso de su intervención, Ortiz ha exigido al Gobierno que dé respuesta a uno de “los rostros de la pobreza” y que impida que se corte la luz, el gas y el agua durante el invierno a las familias con dificultades económicas que no puedan hacer frente al pago de su factura, así como aplicar el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad.
La diputada de ICV ha pedido al PP “un poco de sensibilidad” y que se pongan en el lugar de las familias con hijos que, en pleno invierno, “no pueden permitirse el lujo de encender la calefacción y que tienen que elegir, muchos días, entre cenar y mantener su hogar a una temperatura saludable”.
Ortiz ha aportado numerosos datos, como los de la Encuesta sobre condiciones de Vida de 2012, según la cual la pobreza energética, afecta al 17.9% de hogares. “Estos hogares -ha explicado- no alcanzan una lo suficientemente cálida como para que sea considerada aceptable en términos de salud y de confort”.
Otro dato aportado por la portavoz de Energía de La Izquierda Plural ha sido extraído del último informe del Observatorio Español de la Sostenibilidad (OSE) e indica, basándose en datos de la Comisión Europea, que en España, la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes al año.
“Éste -ha enfatizado Laia Ortiz- es un problema que tiene solución, no es una plaga bíblica, sino que debemos empezar por reconocer la evidencia y los datos y abordarlo, no es cuestión de recursos, insisto, es una cuestión de voluntad política”.
La diputada de ICV ha reprochado al Gobierno que haya permitido que, en 10 años, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles haya aumentó en más de un 100% mientras que, en el área euro, el incremento haya sido menos de un tercio de media.
Según Ortiz, “esto se traduce en que el margen de beneficio de las compañías eléctricas españolas sea del doble del de las compañías europeas” lo que, a su juicio constituye un expolio del oligopolio eléctrico hacia la ciudadanía con la connivencia del Estado”.
La diputada ecosocialista ha recordado al PP que “la energía, según Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y otros organismos internacionales, es un bien común esencial que exhorta a tomar medidas para garantizar acceso universal a la energía y a gestionarlo de acuerdo a las obligaciones de servicio público”. “Su política energética -añade- dista mucho de ajustarse a esta definición”.
Bono social
Ortiz ha afeado al Gobierno que en su reforma eléctrica vaya en sentido contrario y “restrinja el acceso al bono social y no sólo no garantice que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de electricidad corten la luz y otros servicios esenciales a aquéllos que no puedan pagan su factura”.
La portavoz de Energía de La Izquierda Plural ha señalado en su intervención en el Pleno del Congreso que “les proponemos una ley de prevención de la pobreza energética, adoptando medidas como han hecho otros países, como Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania, y es su responsabilidad como mínimo, abrir el debate porque la familias que se encuentran en esta situación necesitan que actúen ya”.
Finalmente, Ortiz propone al Gobierno un Plan contra la Pobreza Energética que persiga "garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas", dando "prioridad" a los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones”.
Así, se debería "incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos", concluye.
