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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 5.3.2009

El juez sostiene que la presunta trama "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional, que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido, sita en la calle Génova de Madrid".

También explica que los responsables políticos del PP "convirtieron" a la empresa Special Events, liderada por Correa, "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". Así, entre 1996 y 2004, Correa desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".

COCHES Y TELEVISIONES DE PLASMA

"Para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos", detalla la resolución judicial. De esta forma, Correa consiguió crear "una relación estable" con los dirigentes del PP "ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas". Garzón concluye que, "una vez que el responsable político alcanzaba un cargo dentro de una administración local o autonómica, comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave dentro de la organización administrativa con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de los servicios realizados".

No obstante, los "cambios" que se produjeron en la dirección del PP nacional a partir de 2004 provocarían, según Garzón, "un cambio en la tendencia seguida hasta entonces", de forma que la organización política a nivel nacional "se desvinculó" de las empresas de Correa, "si bien se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia", en referencia a Orange Market y su presidente, Álvaro Pérez, "El Bigotes".

LA FISCALÍA DEJÓ LA PUERTA ENTREABIERTA

La Fiscalía Anticorrupción informó el miércoles a Garzón de que la causa debe ser instruida por los tribunales superiores de Madrid y Valencia, al estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de estas regiones, y no por el Tribunal Supremo, de lo que cabría deducir que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales o europeos del PP.

Claro que en la respuesta de la Fiscalía a la consulta que le había planteado el juez sobre si debía innhibirse a favor del Supremo se incluyen las palabras "de momento", lo que no descarta totalmente que más adelante, y una vez concluida la investigación del caso, sí se impute a aforados nacionales. La Fiscalía también puntualiza que los indicios existentes contra estos aforados no son "lo suficientemente relevantes" o no están "lo suficientemente consolidados" para remitir la causa al alto tribunal. Uno de los aforados nacionales podría ser el tesorero del PP, Luis Bárcenas, de quien se sospecha su implicación en la trama de adjudicaciones a cambio del cobro de comisiones.

La trama se gestó en los despachos de Génova