nuevatribuna.es
8 de mayo de 2009, 15:11
NUEVATRIBUNA.ES - 08.05.2009
Oposición “frontal” al nuevo modelo de financiación de TVE. Así se pronunció el coordinador general de IU, Cayo Lara, que ha criticado las “prisas” del Gobierno para sacar adelante la reforma por la que el ente público dejará de ingresar al año 500 millones de euros de publicidad. Oposición y advertencia del PP que ha querido avivar el fuego al alertar de que esa falta de ingresos acabará pagándola el contribuyente, según dijo la portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, un aviso que el responsable de comunicación de su partido Esteban González Pons ha explicado en clave de reducción de la plantilla hasta la mitad y de pérdida de calidad.
Las reacciones no se han hecho esperar. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley que deberá remitir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Consejo de Estado. En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que esta medida supondrá un "paso decisivo para consolidar" el sistema de financiación de RTVE y adelantó que la eliminación definitiva de los ingresos publicitarios será "inmediata".
POCO FÚTBOL Y POCAS PELÍCULAS DE ESTRENO
La falta de ingresos por publicidad será suplida con un 3% anual de los ingresos de las televisiones privadas, mientras que las operadoras de telecomunicaciones aportarán un 0,9% de los suyos. Se garantiza la aportación del Estado a cargo de los Presupuestos Generales, que buscará otras fórmulas como la recaudación del 80% de las tasas por el uso del espacio radioeléctrico, así como la comercialización de servicios y productos.
De la Vega precisó que los ingresos públicos sólo podrán ser destinados a actividades de servicio público, lo que supondrá la prohibición para pujar por derechos de "contenidos de gran valor", entre ellos fútbol y películas sobre todo de estreno, lo que situará a TVE en desventaja a la hora de liderar el share, denuncian desde algunos sectores.
PREVISIBLE SUBIDA DE TARIFAS
La aprobación del anteproyecto de ley se ha topado también con la oposición de consumidores y usuarios que temen que esto suponga una subida de las tarifas de telefonía y banda ancha para que las teleoperadoras compensen el ‘canon’ que han de pagar a RTVE.
Desde Redtel, organización que asocia a los ‘telecos’, se ha denunciado la “ilegalidad” de la reforma y no descartan tomar acciones legales. Consideran la nueva carga fiscal (que supondrá 400 millones de euros al año) de "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal", sobre todo en el contexto actual de crisis económica, ya que “daña seriamente los planes de inversión y empleo del sector” , advierten.
UNA REFORMA SIN CONSENSO
Las críticas han llegado también de otros sectores. Una treintena de profesionales independientes, la mayoría profesores y catedráticos de universidad, se han sumado al manifiesto impulsado por la Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública, suscrita a su vez por una decena de organizaciones, en el que se advierte de que el nuevo modelo “pone en peligro el futuro del Servicio Público radiotelevisivo en nuestro país”.
Los firmantes también reprochan al Gobierno que haya tomado esta decisión de forma unilateral “rompiendo el consenso y la unanimidad alcanzados en la pasada Legislatura sobre el modelo de servicio público radiotelevisivo estatal en España”, y “en beneficio de operadores de televisiones privadas”, donde se supone que se va a ir la publicidad de TVE. Creen por otro lado, que “no parece razonable” que en momentos de crisis se subvencione con cargo de los Presupuestos Generales la inversión integra necesaria para el mantenimiento de la radio y la televisión públicas.
Oposición “frontal” al nuevo modelo de financiación de TVE. Así se pronunció el coordinador general de IU, Cayo Lara, que ha criticado las “prisas” del Gobierno para sacar adelante la reforma por la que el ente público dejará de ingresar al año 500 millones de euros de publicidad. Oposición y advertencia del PP que ha querido avivar el fuego al alertar de que esa falta de ingresos acabará pagándola el contribuyente, según dijo la portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, un aviso que el responsable de comunicación de su partido Esteban González Pons ha explicado en clave de reducción de la plantilla hasta la mitad y de pérdida de calidad.
Las reacciones no se han hecho esperar. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley que deberá remitir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Consejo de Estado. En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que esta medida supondrá un "paso decisivo para consolidar" el sistema de financiación de RTVE y adelantó que la eliminación definitiva de los ingresos publicitarios será "inmediata".
POCO FÚTBOL Y POCAS PELÍCULAS DE ESTRENO
La falta de ingresos por publicidad será suplida con un 3% anual de los ingresos de las televisiones privadas, mientras que las operadoras de telecomunicaciones aportarán un 0,9% de los suyos. Se garantiza la aportación del Estado a cargo de los Presupuestos Generales, que buscará otras fórmulas como la recaudación del 80% de las tasas por el uso del espacio radioeléctrico, así como la comercialización de servicios y productos.
De la Vega precisó que los ingresos públicos sólo podrán ser destinados a actividades de servicio público, lo que supondrá la prohibición para pujar por derechos de "contenidos de gran valor", entre ellos fútbol y películas sobre todo de estreno, lo que situará a TVE en desventaja a la hora de liderar el share, denuncian desde algunos sectores.
PREVISIBLE SUBIDA DE TARIFAS
La aprobación del anteproyecto de ley se ha topado también con la oposición de consumidores y usuarios que temen que esto suponga una subida de las tarifas de telefonía y banda ancha para que las teleoperadoras compensen el ‘canon’ que han de pagar a RTVE.
Desde Redtel, organización que asocia a los ‘telecos’, se ha denunciado la “ilegalidad” de la reforma y no descartan tomar acciones legales. Consideran la nueva carga fiscal (que supondrá 400 millones de euros al año) de "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal", sobre todo en el contexto actual de crisis económica, ya que “daña seriamente los planes de inversión y empleo del sector” , advierten.
UNA REFORMA SIN CONSENSO
Las críticas han llegado también de otros sectores. Una treintena de profesionales independientes, la mayoría profesores y catedráticos de universidad, se han sumado al manifiesto impulsado por la Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública, suscrita a su vez por una decena de organizaciones, en el que se advierte de que el nuevo modelo “pone en peligro el futuro del Servicio Público radiotelevisivo en nuestro país”.
Los firmantes también reprochan al Gobierno que haya tomado esta decisión de forma unilateral “rompiendo el consenso y la unanimidad alcanzados en la pasada Legislatura sobre el modelo de servicio público radiotelevisivo estatal en España”, y “en beneficio de operadores de televisiones privadas”, donde se supone que se va a ir la publicidad de TVE. Creen por otro lado, que “no parece razonable” que en momentos de crisis se subvencione con cargo de los Presupuestos Generales la inversión integra necesaria para el mantenimiento de la radio y la televisión públicas.
