miércoles 26/1/22
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 28.10.2009

La Sindicatura de Cuentas ya alertó en 2007 al Parlament de "irregularidades" en la gestión de las empresas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en un informe en que fiscalizaba las cuentas consistoriales de 2003. Sin embargo, ningún grupo le hizo caso ni pidió explicaciones en la comisión parlamentaria del síndico, según han indicado fuentes parlamentarias.

El informe fiscalizador, de más de 120 páginas, constató "numerosas irregularidades que ponen de manifiesto graves deficiencias en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras", en los encargos que hizo a sus dos empresas públicas dedicadas a la construcción y gestión de obra pública y equipamientos: Gramepark y Grameimpuls.

La Sindicatura recomendó entonces al consistorio que se establecieran "mecanismos que permitan un adecuado control y supervisión" para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Entre las "numerosas incidencias", destacaban encargos de obra del Ayuntamiento posteriores a la selección del contratista, modificaciones de la obra efectuadas con anterioridad a la autorización del Ayuntamiento, desviación del presupuesto hasta tres veces superior al importe presupuestado inicialmente, pagos de obras mediante permuta, y expedientes de obras encargados a empresas municipales "incompletos pese a ser de informes significativos".

También se constataban en el documento malas prácticas en la contratación de personal. "Determinado personal que ocupaba puestos de trabajo ha pasado a ocupar lugares de trabajo de un grupo superior sin pasar por el trámite preceptivo de la promoción interna", constata. Además, se observa el pago de incrementos salariales no regulados por normativa.

En el caso de una operación de permuta de bienes realizada por Gramepark, la Sindicatura observa una sobrevaloración de más de 2,25 millones de euros. También se constata que obras en instalaciones deportivas se hicieron "sin crédito y sin haber formalizado los correspondientes expedientes contractuales".

Según la ley vigente, estos contratos pueden ser inválidos al no cumplir los requisitos que establece la legislación. Otros expedientes relativos a la construcción de viviendas son incompletos, por lo que dificulta el control final del Ayuntamiento sobre las obras encargadas.

Estas irregularidades se diagnosticaron en 2003, cuando el PSC tenía 16 de los 27 ediles, y el alcalde ya era Bartomeu Muñoz, detenido este martes, y que gobernaba en coalición con CiU e ICV-EUiA-EPM.

La Sindicatura de Cuentas ya alertó en 2007 al Parlament de "irregularidades"
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