Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido en el debate parlamentario que ese colectivo potencial es una cifra "nada despreciable", así como la decisión del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes para familias "vulnerables" mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos. No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota.
Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia).
Además, el titular de Economía ha anunciado que el nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) ya tiene en cartera 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras y dio nuevos datos sobre la evolución del código de buenas prácticas de la banca.
Hasta septiembre se han presentado 722 solicitudes, de las que 604 han sido resueltas. Entre estas últimas, 127 concluyeron con una reestructuración de la deuda y 34 con la dación en pago y extinción de la deuda.
En palabras de Guindos, estos datos suponen un "notable incremento" sobre los de finales de junio, cuando sólo se habían registrado ocho casos de dación en pago y 44 reestructuraciones de deuda.
Guindos no desveló qué entidades han contribuido al FSV, pero se mostró convencido de que la mayoría lo suscribirán. El Fondo es de adhesión voluntaria, pero una vez firmado hay que cumplir las obligaciones que de él se deriven.
CRÍTICAS DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El decreto de paralización de desahucios ha recibido el voto favorable del PP, UPN y UPyD y, con excepción del Grupo Popular, ha suscitado las críticas de todos los grupos parlamentarios, que han coincidido en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados.
No obstante, su tramitación como proyecto de ley, en la que pueden incorporarse medidas de los distintos partidos políticos, ha tenido un amplio respaldo, con 332 votos a favor y uno en contra.
Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha criticado la "insensibilidad social e inutilidad política" del decreto y ha afirmado que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los ha redactado la patronal del sector bancario.
El diputado de UPyD Carlos Martínez también lo considera "insuficiente", pero en la decisión de voto de la formación ha pesado más su convencimiento de que es necesario apoyar cualquier medida para solucionar el problema hipotecario.
Pedro Azpiazu (PNV) ha criticado las prácticas de las entidades de crédito a la hora de conceder préstamos, mientras que Lourdes Ciuró, de CiU, ha pedido que la futura tramitación del proyecto de ley introduzca la figura de un mediador que haga "trajes a medida" de cada situación de deudores.
