Lejos queda aquel agosto de 2007 cuando los bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez a los sistemas financieros de EEUU, de Alemania y del Reino Unido para evitar la quiebra del sistema capitalista.
Por aquel entonces nosotros teníamos, como si de un paraíso fiscal se tratara, el sistema bancario más saneado y sólido de todo el mundo.
Un año mas tarde, el 2 de julio de 2008, en plena confirmación de la contracción de la economía en la eurozona –0,2%, Francia, –0,3%, Alemania, –0,5% y con Dinamarca en recesión, Zapatero declaraba en el Congreso de los Diputados que la economía española había entrado en un proceso de “desaceleración acelerada”.
47 meses después, el 1 de junio de 2012, con 6.500.00 parados, 2.600.000 en 2008, 17.000.000 de ocupados, 20.500.000 en 2008, Bankia intervenida por el Estado para tapar un agujero de 23.000 millones de euros y un rescate de 100.000 millones de euros para recapitalizar al sistema financiero español, Rajoy, declaraba con toda solemnidad en el Palacio de la Moncloa, que la banca española iba a recibir una “ayuda sin intervención” de Europa.
Al parecer, hace cuatro años en plena cuesta abajo nosotros no podíamos bajar porque perdíamos aceleración y cuatro años después parece que nos van a ayudar para que dejemos de bajar a tanta velocidad. En definitiva dos joyas, prologo y epilogo del relato dramático de la crisis que se ha gestado viernes a viernes en el Consejo de Ministros para alcanzar dos objetivos memorables: calmar a los mercados y recuperar su confianza.
47 meses después los mercados no se calman y lo que se derrumba, como si hubiera sufrido un terremoto de fuerza 10 en la escala Richter, es la confianza de los ciudadanos en ellos mismos y sobre todo en sus Instituciones.
Cuatro años después, con el país exhausto, amenazando por una verdadera quiebra social y más cerca de la intervención total que de la estabilización de su economía, la calidad de la democracia en España ha sufrido un deterioro sin precedentes, que debería de mover a la preocupación general.
En la última semana, hemos podido ver como cristalizaba ese largo proceso de deterioro que la crisis ha terminado por precipitar. El sábado 16 de junio el presidente a la sazón del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Divar, anunciaba su dimisión por presuntos problemas de corrupción en relación con sus actividades privadas con fondos públicos. El jueves día 21, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, comunicaba que este año no habrá debate sobre el Estado de la Nación. El viernes 22, destacados dirigentes del Partido Popular, Esperanza Aguirre, Ana Botella y Jaime Mayor Oreja entre otros, abogaban por la desaparición del Tribunal Constitucional.
Entre medias, la Monarquía, el Parlamento, la Presidencia del Gobierno y su Consejo de Ministros, la oposición y los medios de comunicación, en definitiva, las instituciones que han de legitimar con su actuación diaria el sistema democrático, están al nivel del bono basura en la conciencia de los ciudadanos españoles.
No es difícil entender el porqué de esta situación. A lo largo de estos largos años, el “OCULTAMIENTO” con mayúsculas, ha sido la práctica política por excelencia en España y en el Continente. El desprecio que muestran los actuales dirigentes españoles y europeos de la capacidad crítica de sus ciudadanos, los incapacita para recuperar su confianza.
Por fortuna, también esta última semana invita a recuperar aunque sea mínimamente la confianza, el miércoles 20 de junio, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, en una conferencia organizada por CCOO, dijo que solo la sociedad civil, entre la que se encontraba sin ninguna duda el movimiento sindical, podía salvar la pervivencia del Euro y del Estado Social, a pesar de los graves riesgos por los que atravesaba su pervivencia por la incompetencia de los gobernantes europeos.
Dos horas después, cientos de miles de ciudadanos de toda condición tomaban una vez más, con un vigor que reconforta, las calles de las ciudades españolas, para corroborar sus palabras.
