Benito Santesteban Martínez portando la bandera
Muchos testimonios recogidos a finales de los setenta por Jimeno Jurío hablan de la envergadura de los crímenes de Benito Santesteban Martínez
Desde su constitución han comparecido ante la Justicia dos miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz.
El Juzgado de Instrucción de Pamplona incoó en 1948 a Benito Santesteban Martínez un sumario por tenencia ilícita de arma de fuego. Benito Santesteban (1905-1979) fue el principal verdugo de los escuadrones de la muerte requetés que operaron en Navarra en 1936-1937 cobrándose la vida de muchísimos republicanos. Conocido como “El Santero”, era hijo de Mariano Santesteban Astiz y de Francisca Martínez Berasáin, hermana de José Martínez Berasáin, presidente de facto de la Junta Central de Guerra Carlista de Navarra. Por lo que Santesteban era sobrino de la máxima autoridad del principal órgano del tradicionalismo durante la guerra, que centralizó la represión ejecutada por los requetés. Regentaba un comercio de artículos eclesiásticos en la calle Dormitalería, n.º 54, similar al de los Martínez Berasáin en la Bajada de Javier.
A Benito Santesteban lo citan varios autores y testigos. Galo Vierge, en Los culpables, lo describe como decisivo en el trágico final de los detenidos en la cárcel requeté de Escolapios y en la Prisión Provincial. Santesteban mintió a los presos de la cárcel de Pamplona sobre su próxima liberación, la víspera de la matanza de la Valcardera en la que fue protagonista principal. Marino Ayerra, que le conocía personalmente, habló de él extensamente en su libro No me avergoncé del Evangelio, afirmando que le confesó su participación en miles de asesinatos en Navarra, San Sebastián, Bilbao y Santander. Muchos testimonios recogidos a finales de los setenta por Jimeno Jurío hablan de la envergadura de sus crímenes. Llevó a cabo labores represoras en Bilbao, entre julio de 1937 y finales de 1938.
El sumario de 1948 contenía un informe de la Policía, que citaba las “graves acusaciones” que “el rumor Público” divulgó “respecto al uso que hacía de la vida y bienes de los enemigos del Movimiento, insinuándose la posibilidad de que aprovechaba su relativa libertad de acción para incrementar sus bienes de forma turbia e inhumana”. Ello motivó la investigación de la Delegación de Orden Público. El informe, también, citaba “un escrito anónimo” que acusaba a Santesteban de ser uno de los “autores o inductores de ejecuciones y fusilamientos de cierto número de personas de ideología izquierdista o separatista, que previamente habían sido detenidos por las Milicias de Falange y Requeté, en los primeros momentos del Alzamiento”. El escrito lo firmaba “Una huérfana del Odio”, hija de un asesinado de Pamplona, donde mencionaba crímenes cometidos por Santesteban, como los de los hermanos Zaro y Cayuela, Tomás Ariz o Francisco Lizarza, este correligionario requeté.
El informe, incluso, mencionaba el peligro que entrañaba que Santesteban fuera armado, por “la relativa vehemencia del carácter de dicho señor y la posibilidad de algún incidente o discusión con algún familiar de los que fueron sancionados con la pena de muerte en el lapso” en el que “actuó de jefe de Información del partido Tradicionalista en Navarra”. Aunque la Policía no lo mencionaba, el comentario tenía que ver con incidentes de Santesteban con familiares de asesinados en aquella época. Sin duda, el sumario es una contundente prueba del conocimiento que las autoridades y la Policía franquista tenían de las turbias actividades durante la guerra de los principales responsables de los escuadrones de la muerte, falangistas y carlistas. Finalmente, la Justicia del momento lo sobreseyó.
Benito Santesteban fue miembro de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. A su fallecimiento, en 1979, celebraron un funeral en su honor. Entró en la Hermandad gracias a que, mediados los cuarenta, abrió su puerta a los no excombatientes que durante la guerra habían actuado en retaguardia. Su hermano, Rafael Santesteban Martínez, muerto en 2001 a los 91 años, fue fundador de la Unión Seglar San Francisco Javier de Navarra, que edita el quincenal Siempre p'alante, órgano de la extrema derecha tradicionalista navarra en las últimas décadas, y en la que escribe habitualmente uno de los denunciantes de los documentalistas Carolina Martínez y Clemente Bernad, además de estar emparentado con Benito Santesteban.
María Pilar Arizcun Zozaya, tía de este denunciante, casó con Rafael Santesteban en septiembre de 1944. Como testigos del novio estuvieron el propio Benito y su tío José Martínez Berasain, este responsable del aparato represivo requeté. Ofició la misa Santos Beguiristain, quien también participó en diciembre de 1939 en la reunión constitutiva de la Hermandad y de cuya responsabilidad en la limpieza política registrada en Azagra no hay ninguna duda.
EL CABECILLA DE 'FALANGE Y TRADICIÓN'
El segundo miembro de la Hermandad que ha comparecido ante la Justicia ha sido José Ignacio Irusta Sánchez. Considerado por la Policía el principal cabecilla del violento grupo de extrema derecha Falange y Tradición, también fue encargado de gestionar la cripta del Monumento a los Caídos.
Según la documentación recopilada en el sumario, en un acta de la propia Hermandad a la Guardia Civil, de 19 de enero de 2006, se confirmaba a Irusta “como encargado del local de la cripta”, se le agradecía su dedicación y se le pedía al nuevo tesorero que atendiera los pagos de las facturas que le remitiera aquel. Como miembro de la Hermandad, Irusta recibió la circular remitida a todos los cofrades por el nuevo Prior, Javier Baleztena, en diciembre de 2006, en la que expresaba la continuidad con los principios de siempre de la entidad. Este Irusta amenazaría de muerte a la familia de la actual dirigente de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez Ruano, tras el homenaje a los asesinados en 1936, y celebrado en el 2009 en el cementerio de Artika (Navarra).
Irusta y dos personas más fueron condenadas por la Audiencia Nacional en julio de 2015, en sentencia refrendada al año siguiente por el Tribunal Supremo, a penas de entre un año y medio y dos años de cárcel, por la comisión de acciones en 2009 "con la intención concreta de que cualquier manifestación pública de la Memoria Histórica generara en sus legítimos promotores un miedo respecto a su sentimiento de tranquilidad".
El tribunal consideró acreditada su autoría en la rotura de diversas placas memorialistas, realización de pintadas y llamadas amenazantes a diferentes personas y colectivos. Se le impuso a Irusta la pena más alta por la "especial gravedad" de su conducta, "caracterizada por la exhibición de la intolerancia y un menosprecio al reconocimiento de quienes sufrieron violentamente esa misma intolerancia ideológica".
Estos datos, en especial el enjuiciamiento en 1948 de Benito Santesteban, sirven para contextualizar el juicio que se reanuda esta semana contra Carolina Martínez y Clemente Bernad.
Las relaciones familiares de uno de los denunciantes con personas relevantes dentro de la pirámide de responsabilidades de la limpieza política de 1936-1937, saldada con la brutal ejecución de más de tres millares de simpatizantes republicanos, subraya el origen de los motivos de quienes persisten en una actitud de negación de lo que pasó. Evidencia que nos hallamos ante una clara vendetta y amedrentamiento del movimiento memorialista, la gran enemiga de los sectores que todavía se reúnen en la cripta de los Caídos. Amedrentamiento que, según demuestra el cercano enjuiciamiento a Irusta, trataron de extender por otras vías, para silenciar la actividad memorialista en pro de la verdad, la justicia y la reparación de la represión carlofalangista.
Firman este artículo: Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort
